"A partir de la semana que viene ningún aula de este país aplicará porcentajes, ningún aula aplicará el 25% de castellano". Así lo ha anunciado este jueves el consejero de Educación de la Generalitat, Josep González-Cambray. Tampoco aquellos 20 centros en los que padres de alumnos habían solicitado esta medida y obtenido sentencias favorables del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

En la comparecencia previa al inicio del curso 2022-23 Cambray se ha felicitado porque la aprobación de la nueva Ley de usos lingüísticos -con el apoyo del PSC- y el decreto de regulación de los proyectos lingüísticos ha permitido frenar la imposición de la enseñanza de asignaturas troncales en castellano.

Cambray ha explicado además que se ha dirigido por carta a los 20 centros que estaban aplicando ese 25% en cumplimiento de sentencias del TSJC para advertirles de que ya no tienen que cumplir esas sentencias, porque la legislación posterior les eximen de esa obligación.

La AEB "exigirá responsabilidades"

El consejero ha esperado a anunciar esta medida hasta que se ha agotado el plazo para que el Gobierno recurriera ante el Tribunal Constitucional la nueva regulación, la única vía que hubiera permitido frenar su aplicación, como ha denunciado la Asamblea por la Escuela Bilingüe (AEB).

Un recurso que se antojaba improbable después de que el PSC pactara la Ley de usos lingüísticos. Los socialistas argumentan que con esa ley se reconocía por primera vez el carácter vehicular del castellano en la enseñanza en Cataluña. Pero Cambray no parece tener intención de aplicarlo.

En respuesta a Cambray, la AEB ha advertido que las decisiones judiciales "no pueden dejar de ser aplicadas de manera unilateral ni por el Departamento de Educación ni por los directores de los centros, estos últimos, responsables directos de su aplicación". Y añade que "exigirán todas las responsabilidades judiciales" si dejan de aplicarse las sentencias de aplicación del 25% en casos particulares, como ha anunciado Cambray.

La AEB ha responsabilizado además al Gobierno de la situación, por haber permitido que se agotara el plazo para recurrir las leyes del catalán ante el Constitucional. "El Gobierno de España se ha convertido en cómplice de la exclusión del castellano de las aulas de Cataluña" concluyen.

El TSJC se remite al Constitucional

El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña falló la pasada primavera que, ante esta nueva legislación, es efectivamente inviable la aplicación de porcentajes de castellano en la educación en Cataluña. Aunque apuntaba también las sospechas de inconstitucionalidad sobre esos dos textos legales, que finalmente ha recurrido ante el Constitucional.

Sin embargo, también ha rechazado las cautelares pedidas por la Asamblea por la Escuela Bilingüe para evitar la aplicación de esas dos normas. Por tanto, la Generalitat dispone efectivamente de un nuevo paraguas legal para evitar la aplicación de la sentencia del 25%.

Cambray ha asegurado que se trata de "un éxito de país". Sin embargo, ha dicho que esta inaplicación de porcentajes de lenguas no es "suficiente" y quiere desplegar medidas para aumentar el uso del catalán en las escuelas. "Nos ponemos a trabajar para incrementar el uso del catalán en los centros y que los proyectos lingüísticos se apliquen en las aulas", ha remarcado.

Cs señala al PSC

Una situación que ha encendido a Cs, cuyo portavoz, Carlos Carrizosa, quien ha responsabilizado a los socialistas, por su pacto con ERC para aprobar la Ley de usos lingüísticos.

"Responsabilizamos a PSC y PSOE de que se haya erradicado el castellano de las escuelas, exigimos explicaciones a Illa, porque el pacto esta norma que ahora sirve para erradicar el castellano de los colegios y vulnerar el derecho de quienes pedían que sus hijos reciban enseñanza también en castellano".