Es un pulso que por ahora pierde el Gobierno vasco. En el último año hasta media docena de progresiones a tercer grado concedidas a presos de ETA le han sido revocadas por la Audiencia Nacional. La última, la otorgada al histórico miembro de la banda, José María Arregi Erostarbe, alias ‘Fiti’, y que ha supuesto su reingreso a prisión. Hasta el momento la Administración penitenciaria vasca ha concedido 32 progresiones de grado a presos de la banda, de los que la fiscalía ha recurrido 21 y en seis casos los terceros grados han sido revocados. Quedan aún por resolver una docena de casos.

Las diferencias han quedado evidenciadas durante las VIII jornadas de la AVT en el País Vasco celebradas en el Centro Memorial de Víctimas del Terrorismo. El asesor judicial del Ejecutivo de Urkullu, Jaime Tapia, y el fiscal coordinador de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional, Carlos Bautista, han evidenciado sus diferencias de interpretación jurídicas en una de las mesas. Divergencias que se basan fundamentalmente en la disparidad de exigencia y concepción de los requisitos fijados en la ley para la concesión de terceros grados. Las cuestiones que han llevado a la Audiencia Nacional a revocar terceros grados han estado en aspectos como la insuficiente petición de perdón a las víctimas, el inexistente compromiso de colaboración con justicia o la ausencia cumplimiento de la responsabilidad civil impuesta.

El fiscal Carlos Bautista se ha mostrado muy crítico con la concesión de grados que se está produciendo por parte del Ejecutivo vasco, que desde el pasado mes de octubre asume la gestión penitenciaria. Ha destacado que aún persiste “un muro” por romper por el colectivo de presos de ETA. Ha afirmado que el colectivo sigue de algún modo controlado por “la organización, se llame como se llame” y que aún les impide actuar con plena libertad: “El problema no está tanto en los internos como en lo que les dicen que haga”. Ha recordado que la colaboración con la Justicia puede suponer una rebaja de hasta dos grados de la pena pero ni así dan el paso: “No hay colaboración porque no hay atrevimiento por su parte, hasta que los internos no sean libres la colaboración con la Justicia no va a suceder nunca”, ha advertido.

Ha subrayado que uno de los requisitos clave que se demanda a los presos de la banda para acceder al régimen de semilibertad, como el arrepentimiento sincero y petición de perdón continúa sin producirse más allá de pronunciamientos “genéricos” y repletos de “palabras descafeinadas”: “Decir un lo siento sincero, no es otra cosa lo que se les pide, parece algo muy sencillo”.

Perdones "manuscritos"

Respecto a la necesidad de colaborar con la Justicia en el esclarecimiento de crímenes aún sin resolver, Bautista ha apuntado que en sus 17 años ejerciendo como fiscal en la Audiencia Nacional “es algo que no he visto nunca”. Ha añadido que el tercer argumento que está presente en la mayoría de las revocaciones es el referido al incumplimiento de un compromiso creíble y real de asumir la responsabilidad civil impuesta. Ha reiterado que se trata de una responsabilidad que no prescribe y que no queda correctamente reflejada en los expedientes remitidos y en los que se basa la progresión autorizada por el Gobierno vasco.

En su intervención el asesor jurídico en materia penitenciaria del Gobierno vasco, el magistrado Jaime Tapia, ha afirmado que los informes en los que justifican sus decisiones están elaborados con rigor y profesionalidad y siempre de acuerdo a la ley vigente. Tapia ha asegurado que los informes individualizados siempre tienen en cuenta la “perspectiva” de las víctimas y la apuesta por el modelo penitenciario vasco que fomenta la resocialización de los presos.

Respecto al insuficiente perdón de los internos a las víctimas que le reprocha la Audiencia Nacional, el magistrado ha recordado que ya no se aportan escritos tipo ni formularios preelaborados sino que se trata de peticiones de perdón “manuscritos” por los internos: “No hemos descubierto ningún manual del arrepentimiento y el perdón. La veracidad y la sinceridad de su contenido está avalada por los técnicos”. Ha afirmado que en los casos en los que se autoriza el tercer grado se ha dado por verificado el reconocimiento del daño causado y la petición de perdón, pese a que posteriormente en algunos casos se considere insuficiente por la Audiencia Nacional.

Ha recordado que la petición de perdón no puede convertirse en una suerte de “tabú” en función de los términos en los que se exprese ya que este siempre podría manifestarse como un mero “fin utilitarista” para lograr un fin. Ha defendido que avalar ese perdón debería realizarse analizando una trayectoria global del interno hacia sus víctimas.

Colaborar con la Justicia

En cuanto a la colaboración que se demanda a los presos de ETA, Tapia ha señalado que en algunos casos ha habido internos dispuestos a dar ese paso, pero exigiendo ciertas “garantías”: “Nosotros no hemos descubierto que exista ninguna organización que les dé instrucciones o directrices. Es cierto que no sabemos qué ocurre cuando les visita un abogado o un familiar, pero nosotros, a los internos los vemos como personas, individualmente, no como un colectivo u organización”. Tapia ha concluido su intervención dirigiéndose al fiscal Bautista para asegurarle que en aras a las diferencias “jurídicas, que no políticas” que ambas posiciones mantienen, “intentaremos mejorar nuestros expedientes para que no nos los recurrais, te lo digo con cariño”, ha asegurado.

A la conclusión de esta mesa, la moderado, la abogada de la AVT Carmen Ladrón de Guevara, ha avanzado que remitirán al Gobierno vasco los nombres de determinados presos de ETA que han identificado como posibles implicados en casos sin resolver y que podrían colaborar en su esclarecimiento. Ladrón de Guevara ha recordado que no cabe verdadero arrepentimiento sin colaboración con la Justicia: “No pedimos que colaboren con el esclarecimiento de los delitos de otro sino que reconozcan al menos en los que ellos han participado. Es algo que en muchos casos no tendría ningún coste para ellos que ya están condenados por penas que les llevarán a cumplir el límite máximo de condena”.