El Ayuntamiento de Barcelona ha destinado 40.861€ a obras de mejora del local okupa Tres Lliris, en la calle Nil Fabra 19-25 del distrito de Gràcia. La inversión del gobierno que lidera Ada Colau consolida la ocupación, que empezó en 2015, pese a las quejas reiteradas de los vecinos. «Los barceloneses no pagamos impuestos para mantener a los okupas y financiar sus fiestas» ha denunciado la líder de Valents, Eva Parera.

«Con esta actitud lo único que consigue Colau y PSC es provocar un efecto llamada y convertir Barcelona en un paraíso okupa» añade Parera, quien recuerda además que la concesión del local a los okupas «le ha costado la imputación» al concejal del distrito, Eloi Badia, por presunta malversación y prevaricación.

El gasto en el local okupa se sitúa en la franja alta de las inversiones del distrito junto a las mejoras en el polideportivo Creueta (47.615 euros) o las mejoras en los entornos de tres colegios, los tres sobre los 48.000 euros.

Local polémico

El «Casal Popular Tres Lliris» ocupa la antigua comisaría de la Policía Nacional del 23 de la calle Nil Fabra desde 2015, cuando fueron desalojados de su anterior local ocupado. En 2017 el Ayuntamiento acordó con los okupas la cesión del local durante cuatro años.

La cesión concluía a final de 2021, pero a principios de año el gobierno local renovó el acuerdo a pesar de las reiteradas quejas de los vecinos por las fiestas organizadas en el local, que han obligado a intervenir tanto a la policía local como a los Mossos. De hecho, el Casal fue multado durante la pandemia por organizar fiestas pese a las restricciones sanitarias.

El edificio ocupado es propiedad del Instituto Municipal de Vivienda y Rehabilitación (Imhab) y debía destinarse a la construcción de vivienda pública. Pero el gobierno municipal parece haber olvidado ese objetivo en el caso del local ocupado de Gràcia.

«Primero cedieron el local de Nil Fabra a grupos okupas, una decisión que le ha costado la imputación al concejal Eloi Badia por presunta malversación y prevaricación. Luego les permiten todo tipo de fiestas que molestan a los vecinos. Y ahora, sumamos que les pagan las obras. Les recuerdo que okupar no es un derecho, es un delito» advierte la líder de Valents.