Nueve vocales conservadores del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) están a la espera de que el presidente suplente del órgano, Rafael Mozo, convoque el pleno urgente que le solicitaron el pasado viernes al conocer los detalles de la reforma legal propuesta por PSOE y Podemos para garantizar la renovación del Tribunal Constitucional que invertirá su mayoría conservadora por otra progresista.

Después de pasarse tres meses dilatando las negociaciones para nombrar a los dos magistrados que les corresponde, una vez conocidos los cambios a la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y a la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional (LOTC) que quieren introducir los partidos del Gobierno aprovechando la reforma del Código Penal para reformar los delitos de sedición y malversación, los vocales del bloque conservador quieren proceder ya al nombramiento.

El pasado viernes enviaron una petición de pleno urgente a Mozo para que les convocara en tres días y poder hacer así el nombramiento antes de que haya nuevo marco legal que les impediría imponer un veto al magistrado del Tribunal Supremo José Manuel Bandrés, el candidato elegido por los progresistas al que los conservadores no quieren respaldar. Consideran que tiene un perfil progubernamental y próximo al independentismo.

La reforma de PSOE y Podemos contempla eliminar la mayoría de 3/5 para que el Pleno del CGPJ proceda a los nombramientos e introduce la fórmula de que cada vocal sólo podrá votar a un candidato una vez, lo que garantiza que los conservadores sólo podrán votar a su candidato y los progresistas, al suyo.

Además, la reforma también elimina el trámite de verificación de los candidatos de Gobierno y CGPJ por parte del pleno del Tribunal Constitucional (TC), garantizando que se procede directamente al nombramiento. En el bloque conservador ven muy grave la reforma, considerando que elimina cualquier separación de poderes. En el bloque progresista la ven necesaria para superar el bloqueo en el que está el TC.

En la semana decisiva para que dichos cambios legales, duramente criticados por la oposición, reciban el apoyo de una mayoría en el Congreso, el grupo mayoritario del CGPJ quiere celebrar ya el pleno de nombramientos que estaba previsto para el día 22 de diciembre. Mientras hace una semana emplazaban al menos a la primera semana de enero para poder llegar a un acuerdo con los progresistas, ahora ven posible proceder al nombramiento. De hecho, la intención de los conservadores es sacar adelante el nombramiento del candidato que pongan sobre la mesa -aún no han aclarado quién será- y conseguir que los progresistas tengan que cambiar al suyo, volviendo a proponer al magistrado del Tribunal Supremo Pablo Lucas que estuvo entre sus opciones porque no consigan los votos suficientes para sacar adelante el nombramiento de Bandrés.

En este sentido, los conservadores, que han barajado los nombres de los magistrados del Tribunal Supremo César Tolosa y Pablo Llarena como posibles candidatos, esperan conseguir algún voto dentro del grupo progresista para sacar adelante los nombramientos antes de que la reforma, en la que algunos ven motivos de inconstitucionalidad, entre en vigor.

Fuentes del CGPJ consultadas no aclaran si el suplente del presidente tiene previsto o no convocar el pleno en los próximos días. Hay que tener en cuenta que su nombramiento fue respaldado tanto por los magistrados conservadores como por los progresistas del órgano y todos acordaron que se trataría de una especie de presidencia colegiada en la que sus decisiones serían acordadas con el resto de miembros del consejo de jueces.