Agentes de la UCO de la Guardia Civil, durante un registro vinculado al 'caso Azud'.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que el PSPV financió con dinero de comisiones gastos de merchandising de la campaña de Carmen Alborch para las elecciones de mayo de 2007 en las que encabezó la lista por Valencia.
Así se desprende de un informe de la UCO, al que ha tenido acceso Europa Press, que se incluye en la pieza separada 7 del caso Azud, sobre la que se ha levantado el secreto de sumario. En este procedimiento se investigan presuntas 'mordidas' a cambio de adjudicaciones de obra pública por parte de empresas adjudicatarias que habrían realizado facturas supuestamente ficticias.
En esta pieza concreta, se investigan las actuaciones desarrolladas por el Grupo Axis en relación al Programa de Actuación Integrada 'El Espartal' de Xixona (Alicante) para justificar la existencia de recursos hídricos a través de Acuamed.
En esta pieza de Azud hay nueve personas investigadas: el exresponsable de finanzas del PSPV Pepe Cataluña --quien precisamente este jueves se acogió a su derecho a no declarar al estar parte de la causa secreta--; el expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues; el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera; el ex consejero delegado de la sociedad estatal Aguas del Júcar S.A., José María Marugán; Juan José Fermández, exempleado de Acciona; y los empresarios Jaime Febrer, Enrique Gimeno y Francisco Antonio Gigante.
En el caso Azud se investigan los delitos tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo de capitales, asociación ilícita y organización criminal. Están imputadas más de medio centenar de personas físicas, además de empresas.
En la pieza principal se encuentran investigados el exvicealcalde de Valencia con el PP y mano derecha de la fallecida Rita Barberá, Alfonso Grau; el cuñado de la ex primera edil y abogado, José María Corbín, y su familia; el exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafael Rubio; el que fuera jefe de los servicios jurídicos de Divalterra José Luis Vera; la exalcaldesa de Xixona Rosa María Verdú y un exedil, empresarios y el propio Pepe Cataluña.
Precisamente la información requisada al exdirigente socialista Cataluña --suspendido de militancia tras su imputación-- llevó el pasado mes de octubre a los investigadores a realizar nuevos registros en Madrid y la Comunitat Valenciana --en relación con una pieza secreta de Azud-- en busca de documentación relacionada con presuntas comisiones en adjudicaciones de un tramo del trasvase del Júcar-Vinalopó, licitado por Aguas del Júcar, dependiente del ministerio cuando era dirigido por Cristina Narbona.
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