Juan Carlos I cumplió este jueves 85 años en Emiratos, el país al que trasladó su residencia en agosto de 2020, después de que la Fiscalía española abriera una investigación alrededor de la fortuna que ocultó durante años en el extranjero que acabó archivada.

Mientras en España Felipe VI preparaba la celebración de la Pascua Militar, su padre vivía su tercer aniversario en el país cuya familia real le ha acogido, proporcionándole los mejores alojamientos. Según trasladaron fuentes de su entorno a distintos medios, no tiene pensado regresar salvo para cortas visitas como la que levantó un gran revuelo mediático en mayo del año pasado a Sanxenxo (Pontevedra).

El rey emérito concluyó 2022 con un triunfo judicial que despeja su futuro aunque no completamente. La Justicia británica le reconoció la inmunidad como exjefe de Estado que impide investigarle por los hechos que su examante, Corinna Larsen, alega contra él en Londres. Aunque sólo hasta 2014, año de su abdicación. Los hechos posteriores a esa fecha sí podrán ser objeto de juicio, pero se trata de los menos graves que contiene la demanda presentada por la empresaria alemana.

Así, quedan fuera del pleito la visita del general Félix Sanz Roldán, exdirector del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) a Larsen en el Hotel Connaught de Londres en 2012 en la que ésta denuncia que el jefe de los servicios secretos la amenazó a ella y a su familia después de romper con el emérito, así como los supuestos registros de su apartamento en Mónaco con los que la denunciante afirma que se buscó amedrentrarla.

Encuentro entre el emérito y Corinna en 2014

El Tribunal de Apelación de Londres, al contrario que el juez Mathew Nicklin en una primera instancia, concluyó que en ningún caso los hechos denunciados por Larsen contra Juan Carlos I y contra Sanz Roldán son del ámbito privado, sino que se trata de actuaciones de Estado puesto que el general actuó como máximo responsable de los servicios secretos y no como amigo íntimo del entonces jefe del Estado. Por eso, a este último le protege la Ley de Inmunidad del Estado (SIA) británica.

Preparando el terreno para un futuro judicial más favorable para el exjefe del Estado español que para ella, la empresaria ha protagonizado un podcast en el que hace más revelaciones contra Juan Carlos I y contra Sanz Roldán

Lo que sí podrá someterse a juicio son los hechos denunciados posteriores a 2014. En su demanda, Larsen relató que "tras la abdicación de Juan Carlos I, en una reunión celebrada entre finales de agosto y principios de septiembre de 2014, ella dejó claro que la relación sentimental o íntima no se reanudaría. A partir de entonces, él exigió la devolución de regalos [entre ellos, la denunciante asegura que estarían los 65 millones que le donó, previamente entregados al emérito como un regalo por el rey saudí Abdul Aziz Al Saud], se mostró amenazante y posteriormente llevó a cabo u organizó una serie de actos adicionales de vigilancia encubierta y abierta, causándole angustia y ansiedad, incluyendo un allanamiento de morada y daños, como un agujero en la ventana de su dormitorio mientras dormía por la noche en su casa de Shropshire el 21 de junio de 2017 y disparos y daños en las lentes de su circuito cerrado de televisión de la puerta principal de la vivienda el 14 de abril de 2020, hechos ambos que fueron denunciados a la policía".

Será difícil que la defensa de Larsen pueda demostrar la vinculación de tales hechos con el rey emérito. Preparando el terreno para un futuro judicial más favorable para el exjefe del Estado español que para ella, la empresaria ha protagonizado durante los últimos meses un podcast en el que hace más revelaciones contra Juan Carlos I y contra Sanz Roldán, al que acusa de haber filtrado a los medios la noticia del accidente de Botsuana o de ordenar una persecución en coche contra ella y un compañero de trabajo en Brasil.

Representado por el reputado despacho londinense Curter-Ruck, que ha defendido a algunas de las mayores fortunas árabes en procedimientos de los últimos años, Juan Carlos I está asistido por un equipo legal difícil de igualar. Se trata de los abogados pertenecientes al más alto rango en Reino Unido (QC o Queen's Councel) Timothy Otty y Sir Daniel Bethlehem; la profesora Philippa Webb y Paul Luckhurst, estos últimos también barristers, los expertos legales habilitados para ejercer en los tribunales superiores británicos.

Ni la representación legal de Juan Carlos I ni la de Corinna Larsen, que ejercen Jonathan Caplan QC y James Lewis QC, del también prestigioso despacho Kobre and Kim, han aclarado si barajan llegar a un acuerdo extrajudicial para zanjar el asunto. Una aproximación entre ambas partes podría evitar la imagen del exjefe de Estado español teniendo que rendir cuentas ante la Justicia británica.