"Me has engañado. Tengo que devolverlo todo", escribió el empresario quesero canario Alberto Montesdeoca a Marcos Antonio Navarro Tacoronte, el mediador o conseguidor de la supuesta trama de corrupción en la que el exdiputado nacional del PSOE Juan Bernardo Fuentes Curbelo y su sobrino, el director general de Ganadería del Gobierno canario, Taishet Fuentes Gutiérrez, habrían cobrado sobornos -también en forma de comidas, cenas o noches en prostíbulos- a cambio de usar su influencia política para reducir sanciones a los propietarios de compañías del sector ganadero o conseguirles adjudicaciones y subvenciones.

La titular del Juzgado de Instrucción 4 de Santa Cruz de Tenerife, María Ángeles Lorenzo Cáceres, investiga a 12 personas como miembros de una supuesta trama de sobornos a cambio de favores políticos, entre ellas a Francisco Espinosa Navas, general de la Guardia Civil y exjefe de la Comandancia de Las Palmas a quien envió a prisión provisional.

Según la investigación abierta en enero de 2022 por los presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos, un grupo de empresarios canarios habría hecho pagos a los cargos públicos en busca de beneficios para sus compañías con la mediación de Marcos Navarro Tacoronte, de ahí que la causa se conozca con el nombre de Trama Mediador.

Dichas entregas de dinero -que se hacían a través de Bizum o tarjetas prepago que no dejan rastro de los servicios pagados- fueron tan continuados que uno de esos empresarios, Alberto Montesdeoca, tuvo que recurrir incluso a un crédito para continuar cumpliendo con las exigencias de los beneficiarios.

Prometieron archivar una multa de 74.000 euros

Según se recoge en el sumario de la causa, al que ha tenido acceso El Independiente, el propietario de Quesería Montesdeoca SL buscaba que se archivara una multa que le había impuesto el Servicio de Control de Financiaciones Europeas Agrícolas, que instaba a la compañía a devolver subvenciones recibidas por un valor de 74.099 euros más el interés de demora.

Para proceder a anularla, según se recoge en un oficio de la Jefatura Superior de la Policía de Canarias con fecha de febrero de 2022, "el papel de cada uno de los actores era el siguiente: Juan Bernardo Fuentes Curbelo y Taishet Fuentes Gutiérrez utilizarían sus influencias en la política para conseguir rebajar o archivar el expediente mencionado; Marcos Antonio Navarro Tacoronte es el intermediario, el nexo de unión entre todos los agentes participantes; el abogado Plácido Alonso Peña Fumero realizaría la parte documental y tramitadora y Miguel Ángel Robayna García, como administrador único de Hipano Robysa SL, facilitaría el soporte para el blanqueo de capitales. Es decir, expide una serie de facturas falsas por las que Alberto Montesdeoca puede justificar en la contabilidad de su quesería los pagos ilícitos".

Robayna García habría firmado facturas falsas para justificar hasta cinco pagos, al menos, a los investigados de 10.589 euros, 8.159 euros, 6.772 euros, 5.622 euros y 3.855 euros.

Según la Policía, la sucesión de pagos -para las que Marcos Antonio Navarro remitió diversas cuentas bancarias con el fin de que se realizaran los pagos a los "negociadores" por transferencia, Bizum y tarjetas prepago Rebelion y Bnext- "se realizan hasta tal punto que el empresario Alberto Montesdeoca acaba ya agobiándose, teniendo que realizar los últimos a crédito. Esa angustia también proviene de la justificación contable de esos pagos, por lo que en varias ocasiones solicita facturas y aclaraciones sobre diversas cuentas bancarias", se lee en el atestado basado en la información hallada en las conversaciones de los móviles de los implicados y en los movimientos de sus cuentas.

Un boleto de la Once para "calmar" al empresario

"En una ocasión, en fecha 27/04/2021, Marcos Antonio parece encontrar una vía para calmar un poco las preocupaciones de Alberto con un boleto premiado de la Once, el número 92867 de fecha 19/04/2021", afirman los investigadores sobre la preocupación del empresario por poder justificar el motivo de los pagos.

Pero, a pesar de realizar todos esos ingresos, el empresario tuvo que devolver el dinero de las subvenciones que le habían prometido anular porque los negociadores no cumplieron con su parte del trato. "Las tensiones entre Marcos Antonio y Alberto alcanzan su punto álgido cuando el empresario quesero es sancionado con devolver el dinero subvencionado y le dice textualmente: 'Me has engañado. Tengo que devolver todo'", recoge el informe.

Para los investigadores, "la conversación analizada evidencia sin género de dudas" que tanto el diputado socialista Bernardo Fuentes como su sobrino Taishet Fuentes "utilizarían sus influencias políticas para recibir dádivas influyendo en ciertas decisiones administrativas y/o políticas. Para ello contarían con la ayuda de Marco Antonio Navarro Tacoronte como intermediario y/o negociador, el abogado Plácido Alonso Peña Fumero, que aportaría el soporte documental y legal, y Miguel Ángel Robayna García que constituiría la clave para el blanqueo de los pagos ilícitos y el camuflaje contable".

Navarro Tacoronte desveló la dinámica

El presunto mediador de la trama, Marcos Navarro Tacoronte, fue quien trasladó a la Policía que tenía "pruebas contundentes de la comisión de numerosos delitos relacionados con la corrupción cometidos por diferentes cargos políticos de Canarias quienes, en resumidas cuentas, se habrían organizado en un grupo reservado para enriquecerse ilícitamente", así como entregó dos móviles para que los analizara el grupo policial tecnológico.

Esto ocurrió porque el director de Deportes del Cabildo Insultar de Tenerife, Ángel Pérez Peña, acudió a una comisaría a denunciar una supuesta estafa. Afirmaba que se habían hecho cargos fraudulentos en su tarjeta por un valor de 2.575 euros a través de Revolut y Bnext. Una vez los agentes investigaron, se dieron cuenta de que se trataba de una denuncia falsa de estafa puesto que el titular de las tarjetas prepago era Marcos Antonio Tacoronte, quien declaró que el denunciante tenía conocimiento en todo momento de los cargos bancarios denunciados, que habían sido consentidos por él mismo, además de ser el beneficiario de dichas compras y que disponía de conversaciones entre ellos para justificarlo.

Afirmó que fue el propio Pérez Peña quien le había recomendado esa manera de pasarle dinero y que creía que la denuncia se debía a que su mujer le había pillado los cargos. Una vez los investigadores vieron que podía ser un procedimiento repetido con otros cargos públicos, lo que arrancó como una investigación por una supuesta estafa acabó desgajándose en otra causa secreta por posibles delitos de corrupción con más de una decena de investigados.