El Juzgado de Instrucción número 49 de Madrid ha recibido una denuncia por delito de prevaricación administrativa contra el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. La querella hace alusión a las cargas policiales en la calle Ferraz de la capital, cerca de la sede del PSOE, los primeros días de las protestas contra la ley de amnistía.

La denuncia, presentada por la Asociación Reivindicativa de Memoria Histórica Raíces, también va dirigida contra los mandos de la Policía "que ejecutaron las órdenes" de dispersar la manifestación usando gases lacrimógenos y fumígenos.

El juez ha abierto diligencias previas para practicar cuantas pruebas sean necesarias en aras de dilucidar si los hechos presentaran infracciones penales y quiénes participaron de ellos.

En el texto se recogen manifestaciones de varios sindicatos policiales, como el portavoz de Jupol, quien dijo en la Cope que la actuación "policial llevada a cabo" fue "más política que operativa" o la UFP, que pidió la dimisión de Martín y culpó al Gobierno de una utilización "partidista" para "reprimir a ciudadanos que se manifiestan legítimamente", recordando que se han vivido situaciones "bastante más graves" en materia de orden público.

La asociación cree que el delegado del Gobierno "contravino los protocolos de actuación entre otras por utilización de gas lacrimógenos". "Las normas internas de intervención policial, establecen específicamente que el uso de estos gases lacrimógenos 'no está permitido frente a meras aglomeraciones de personas', sino sólo ante agresiones 'violentas' a la fuerza interviniente. Además, las órdenes contemplan que su lanzamiento 'sólo está previsto para situaciones de emergencia'", recoge la denuncia.

La asocaición cree que tanto el delegado como los mandos pudieron incurrir en los delitos de disolución ilegítima de una reunión pacífica, prevaricación, lesiones y tortura contra la integridad moral.