El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se ha mostrado convencido este martes de que en las devoluciones de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 las autoridades se ajustaron "en todo momento" al ordenamiento jurídico y actuaron bajo el principio superior del interés del menor.
Este lunes se conocía que el Tibunal Supremo ha dictado una sentencia en la que deja claro que la devolución de los migrantes menores de Ceuta a Marruecos en 2021 fue ilegal al no seguir el procedimiento de Extranjería. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha señalado que hubo "absoluta inobservancia" de las prescripciones de la Ley que exigen un tratamiendo individualizado para cada menor.
Antes de comparecer en la comisión de Interior en el Congreso, el ministro ha dicho respetar las decisiones judiciales, seguido de una defensa de las autoridades que actuaron aquellos días "en todo momento con el convencimiento pleno de ajustarse al ordenamiento jurídico y siempre bajo el principio del interés superior del menor".
Este interés del menor, ha añadido, "es un principio que rige de una forma taxativa y expresa al conjunto de poderes del Estado y al Gobierno", por lo que las administraciones autonómicas y locales dirigen sus actuaciones con este parámetro. Y ha zanjado: "Estoy absolutamente convencido que las autoridades competentes, en este caso, como en otros, actuaron con el convencimiento pleno de ajustar su actuación al ordenamiento jurídico e inspirados en todo momento por el interés de menor".
12.000 personas, 1.500 menores
Los hechos a los que alude la sentencia sucedieron entre los días 17 y 18 de mayo de hace tres años, cuando se produjo la entrada masiva e ilegal de unas 12.000 personas en la frontera con España de las que 1.500 eran menores. Esto supuso un reto extraordinario para el Estado y especialmente para dicha Ciudad Autónoma.
Las devoluciones en caliente fueron denunciadas por diversas ONG y las repatriaciones de menores han llegado igualmente hasta el Supremo tras una denuncia de la Coordinadora de Barrios. El Tribunal dice que la Administración no hizo ponderación alguna del interés de los pequeños y mucho menos una comprobación de sus circunstancias individuales como pide la norma.
El pleito se centraba en si el acuerdo entre España y Marruecos de 6 de marzo de 2007 era suficiente base para fundamentar la decisión del retorno de los que no llegan a los 18 años. Para el Supremo la respuesta es clara: no. Básicamente, porque este acuerdo no contempla ningún trámite ni requisito procedimental, por lo que en cualquier actuación “máxime si puede afectar a los derechos fundamentales de las personas, las autoridades españolas deben encauzar su actuación a través del correspondiente procedimiento administrativo, como garantía de la legalidad y el acierto de su decisión y como salvaguardia de los intereses de los afectados”.
La Sala es dura con el Gobierno que dice que actuó con "absoluta pasividad" y que interpretó de forma muy "laxa" la ley. Señala, además, que se desoyó el Convenio Europeo de Derechos Humanos que establece que "quedan prohibidas las expulsiones colectivas de extranjeros".
Carga contra el PP y Vox
Marlaska ha aprovechado su intervención para criticar al PP y a Vox por sus comentarios en los que, a su parecer, relacionaban inmigración con delincuencia: "No lo voy a tolerar", ha enfatizado.
Durante su intervención, ha señalado que la llegada de inmigrantes aumentó el pasado año un 82 % respecto a 2022. "Los datos están ahí, no los vamos a ocultar", ha admitido antes de desgranar que de los 270.000 migrantes que llegaron a las costas europeas, casi el 60 % lo hicieron a Italia (270.000 personas) y más de 55.000 a España, especialmente a Canarias, lo que supone un incremento del 59 %.
Pero ese alza en las llegadas no se produce por un efecto llamada sino que a ello contribuyen razones estructurales, como el deterioro de la situación en Túnez y Senegal, el golpe de Estado en Níger o, incluso, catástrofes naturales como los recientes terremotos en Marruecos y las inundaciones en Libia.
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