El Ilustre Colegio de la Abogacia de Madrid (ICAM) ha afirmado que presentará una denuncia contra los miembros de la Fiscalía que divulgaron datos de la causa en la que se enfrenta la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

El pasado jueves 14 de marzo, la Fiscalía envió un comunicado en el que se detallaba la cronología de la investigación contra el empresario. En el texto se señaló que el abogado de González Amador reconoció que su cliente había cometido dos delitos de fraude fiscal, entre 2020 y 2021 por unos 351.000 euros.

Según ha explicado el decano del Colegio, Eugenio Ribón, la actuación de la Fiscalía "incumple flagrantemente", en un "hecho sin precedentes", el protocolo para llegar a acuerdos previos antes de que se celebre un juicio. Por ello, ha anunciado que el ICAM se va a desvincular de este procedimiento "hasta que no se establezcan mecanismos reforzados de confidencialidad".

El ICAM, en un comunicado de la semana pasada, consideró de "extrema gravedad" la revelación de "datos concretos de unas diligencias de investigación, detallando fechas y contenido de conversaciones y reuniones", produciendo todo ello una "ruptura del secreto profesional" que ampara las comunicaciones de letrados.

Comunicado de la Fiscalía

Según detalló el Ministerio Fiscal, el 23 de enero de este año la Sección de Delitos Económico de la Fiscalía Provincial de Madrid abrió unas diligencias de investigación penal como consecuencia del escrito-denuncia que la Agencia Tributaria había remitido. La actuación de González Amador a través del cobro de unas comisiones por contratos de mascarillas podían ser delitos de defraudación tributaria y falsedad documental.

El 2 de febrero, el abogado de la pareja de Díaz Ayuso, a las 12:45 de la mañana, envió un correo electrónico a la Fiscalía de Madrid reconociendo los hechos delictivos y conformarse con una sanción penal. En esta propuesta del abogado Carlos Neira se reconocía "dos delitos contra la Hacienda Pública por el Impuesto sobre Sociedades, 2020 y 2021".

Cinco días más tarde, el fiscal encargado del asunto acordó que se interpusiera una denuncia contra el empresario y otras cuatro personas mas. La investigación sostiene que falsificaron facturas para poder cobrar más saltándose los impuestos que correspondían al fisco.

El 12 de febrero, el fiscal respondió al abogado que se hacía cargo "de la voluntad de su cliente de reconocer los hechos y de satisfacer las cantidades presuntamente defraudadas", y explicó que el hecho de que hubiera otros implicados no era un obstáculo para que pudieran alcanzar una conformidad.

El 20 de febrero la Fiscalía Provincial de Madrid remitió la denuncia interpuesta contra González Amador y los otros sospechosos al Juzgado de Instrucción Decano de Madrid y fue el 5 de marzo cuando dicho Juzgado registró la denuncia interpuesta.

Una vez encarrilada la denuncia, el 12 de marzo el fiscal remitió un correo electrónico al abogado de la pareja de Ayuso para "facilitarle el derecho de defensa" y le reiteró que la posibilidad de llegar a un acuerdo seguía en pie. "En definitiva, el único pacto de conformidad, con reconocimiento de hechos delictivos y aceptación de una sanción penal, que ha existido hasta la fecha es el propuesto por el letrado de D. Alberto González Amador al fiscal encargado del asunto en fecha 2 de febrero de 2024", termina la nota la Fiscalía de Madrid.

La denuncia penal del ICAM buscará ahora identificar a "todas las personas" que tuvieron algún tipo de papel en la difusión de las comunicaciones entre el abogado defensor y la Fiscalía de Madrid.