El Grupo Popular en el Senado exige al Gobierno la cabeza del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortíz,"por incumplimiento grave y reiterado de sus funciones y por su intolerable conducta en el desempeño de su cargo", según reza el texto remitido a la Mesa de la Cámara Alta, e insta a que designe un nuevo fiscal "que cumpla con los requisitos legales para su elección" y que "garantice la idoneidad, la imparcialidad, la competencia profesional y la independencia requerida para el ejercicio del cargo".

La portavoz del PP, Alicia García, defiende que "una verdadera regeneración democrática debe pasar por mayor separación e independencia entre los poderes del Estado", por lo que si Sánchez "quiere ser creíble, lo primero que tiene que hacer es cesar al Fiscal General".

Aseguran en su escrito, al que ha tenido acceso El Independiente, que tanto el Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) -dependiente del Consejo de Europa- como la Comisión Europea "han percibido a España respecto a la necesaria independencia del fiscal general. No parece que pueda merecer un juicio de idoneidad el nombramiento de un candidato que ha demostrado tan deficiente esmero en la pulcritud del desempeño de la fiscalía de más relevante trascendencia".

El escrito es del pasado viernes 26, tres días posterior a la carta que el inquilino de la Moncloa remitió a la ciudadanía vía X, en la que denunciaba lo que ha dado en llamar la "máquina del fango", consistente en una supuesta conspiración de la justicia y de la prensa contra su persona y su esposa, Begoña Gómez, y la necesidad de abrir un periodo de "regeneración democrática".

"Incumplimiento grave y reiterado de sus funciones"

Dado que es el gobierno quien propone el nombramiento del Fiscal, puede proponer su cese siempre y cuando concurran algunas de las causas contenidas en el artículo 31.1 del Estatuto orgánico del ministerio fiscal, esto es, a petición propia; por incurrir en alguna de las incompatibilidades o prohibiciones establecidas en dicha Ley; en caso de incapacidad o enfermedad que lo inhabilite para el cargo; por incumplimiento grave o reiterado de sus funciones y, por último, cuando cese el Gobierno que lo hubiera propuesto. El Grupo Popular cree que en el caso de García Ortiz se da cuarto supuesto.

Desde el PP "consideramos que hay razones más que sobradas para que el Gobierno proponga el cese" por considerar que el fiscal ha "estado rodeado de polémica debido a los escándalos que protagoniza y que dañan la imagen de una más de nuestras instituciones". A continuación recuerdan una serie de episodios y/o polémicas que han tenido como epicentro la Fiscalía. Y así, tras recordar su nombramiento no obtuvo el apoyo del CGPJ "siendo la primera vez que ocurre en los casi 50 años de democracia", aseveran que "los propios fiscales han pedido que se anule su nombramiento por su condena por 'desviación de poder' y por su apoyo descarado al gobierno de Sánchez".

Nombramiento de Dolores Delgado

Una de sus primeras decisiones "fue el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala de la Fiscalía togada del Supremo", el mismo tribunal que apreció "desviación de poder". Asimismo le acusan de ocultar, primero, y desoír, después, la petición realizada en reiteradas ocasiones por el Senado para que este órgano informe sobre la proposición de ley de Amnistía. "Hasta ahora se había negado emitir informe sobre esta proposición de ley incluso ocultando al resto de miembros del Consejo la petición y alegando que no era de su competencia", reprochan.

Pero "entre sus actuaciones más sectarias de apoyo al PSOE", prosigue el texto de la moción e cuatro páginas firmado por Alicia García, está la instrucción "dada a la fiscal superior de la Comunidad de Madrid para que enviara los medios de comunicación una nota de prensa con la cronología de las conversaciones mantenidas entre el letrado de Alberto González y el fiscal del caso" por dos delitos fiscales, en alusión a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, "ya que al tratarse de la pareja sentimental de una dirigente del Partido Popular podía tener rédito político la información. Se trata de un caso gravísimo de violación del secreto profesional y de un derecho tan fundamental como el de defensa jurídica en los tribunales de justicia".

"Actuación infame" ante las acusaciones de lawfare

Otra "actuación infame" es, según los populares, su actitud ante los ataques y acusaciones de lawfare "a sus compañeros jueces y fiscales del procés, por parte de los nacionalistas catalanes, sin hacer nada para defenderlos" o la acusación de que frenó "de manera deliberada" la instrucción del 'caso Koldo' para que no estallara en plena campaña de las elecciones generales del 23-J "hurtando a los españoles acudir a las urnas sabiendo que el gobierno estaba enzarzado en una grave trama de corrupción".

En fin, toda una andanada contra Álvaro García que, más allá del desgaste y cuestionamiento que pueda suponer para la figura del fiscal general del Estado, en realidad tiene bastante poco recorrido, más allá de no dejar ni un solo resquicio de oposición en materia de Justicia.