Más de un centenar de jueces especializados en violencia machista advierten de que la ley de eficiencia judicial supondrá el "colapso total" de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer por la asunción de todos los delitos sexuales que hasta ahora no se instruían, según ha informado EFE.

A raíz de la entrada en vigor de la ley de eficiencia, que incorpora algunas reformas de la llamada "ley del sí es sí", los juzgados de violencia sobre la mujer asumirán todos los delitos sexuales, aunque no se circunscriban al ámbito de la pareja, así como otros de trata y acoso que hasta ahora no instruían, en un plazo de nueve meses desde la puesta en vigor de la norma el pasado 3 de enero.

Ello supondrá un aumento de un 20 % en la carga de trabajo de los juzgados de violencia de género, según admitió el ministro de la Presidencia y de Justicia, Félix Bolaños, que trasladó la intención de reforzar las secciones especializadas con recursos procedentes de las de instrucción.

En un comunicado difundido este lunes y firmado por un total de 135 magistrados del ámbito de la violencia de género, los jueces avisan de que el aumento de competencias, que tendrá lugar a partir del 3 de octubre de 2025, se producirá "antes de la fecha prevista" de la entrada en funcionamiento de las secciones de instrucción y de violencia sobre la mujer, previstas para el 31 de diciembre de este año.

En el lapso de tiempo entre octubre y diciembre auguran un colapso "total" de los juzgados especializados en violencia machista, pues, según afirman, la reconversión de las secciones de instrucción en secciones de violencia sobre la mujer no se dará hasta finales de diciembre de 2025.

Critican además que en los últimos veinte años se ha producido un aumento "progresivo y exponencial" de los delitos relacionados con la violencia sexual sin la correlativa ampliación del número de juzgados.

También subrayan la "absoluta precariedad de medios" en cuestiones como los equipos de valoración forense, el asesoramiento y asistencia a la víctima, el "deficiente" funcionamiento de los dispositivos telemáticos o la falta de forenses de guardia, entre otras.

Con todo ello, creen que se producirá "significativo paso atrás en la lucha contra la violencia de género" que redundará en la "desprotección y riesgo para las mujeres víctimas de dicha violencia y sus hijos e hijas", así como la "imposibilidad material" de poder atender cada asunto civil y penal.