No es nada habitual que las siete asociaciones que representan a los jueces y a los fiscales a izquierda y a derecha del espectro se pongan de acuerdo, pero las declaraciones de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la presunción de inocencia en el 'caso de Dani Alves' han conseguido un comunicado bastante inusual este martes: "Es esencial que las instituciones y representantes públicos respeten y respalden la labor de los jueces y magistrados, evitando comentarios que puedan socavar la confianza en nuestro sistema judicial".

Así de claro es el escrito remitido por la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) --mayoritaria en la carrera--, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), Foro Judicial Independiente (FJI) y Juezas y Jueces para la Democracia (JyJPD) --la más cercana a la izquierda--, del lado judicial; así como la Asociación de Fiscales (AF), la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) y la Unión Progresista de Fiscales (UPF) a la que, por ejemplo, pertenecía el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, nombrado por el PSOE.

Montero criticó en un acto este fin de semana que "todavía se cuestione el testimonio de una víctima y se anteponga la presunción de inocencia al testimonio de mujeres jóvenes y valientes" en referencia a la absolución que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acordó en el caso de la supuesta agresión de Dani Alves a una joven en una discoteca.

El mundo judicial recuerda en su comunicado de hoy que "la presunción de inocencia es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución y en los tratados internacionales suscritos por España" y que "garantiza que ninguna persona sea considerada culpable hasta que se demuestre su responsabilidad penal mediante pruebas suficientes". Por eso, consideran que "cuestionar este principio básico", como ha hecho Montero, "puede poner en riesgo las garantías procesales y la equidad en los juicio".

En este sentido inciden en "la importancia de proteger y apoyar a las víctimas de delitos" muy especialmente en casos de violencia de género y agresiones sexuales, pero que esta protección "debe coexistir con el respeto a los derechos fundamentales de los acusados".

De esta forma, las siete asociaciones instan a que los representantes públicos ejerzan "la máxima responsabilidad en sus manifestaciones, especialmente cuando se refiere a decisiones judiciales". Las críticas son legítimas, dicen, pero "han de ser fundadas y contextualizadas ya que de otro modo pueden erosionar la confianza de la ciudadanía en las instituciones y pone en peligro el Estado de Derecho".