La compra fallida de los 15 millones de balas para la Guardia Civil con matrícula israelí han hecho saltar las costuras en el Gobierno de coalición. Los socios del PSOE señalan directamente al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, por formalizar un contrato que ordenó cancelar en octubre. Pero, una vez más, el también juez ha resistido una nueva sacudida.

La semana ha sido convulsa en la sede del Ministerio. Más, con un asunto que daban por irrelevante, una vez la Abogacía del Estado había recomendado no cancelar el contrato de 6,6 millones de euros con la empresa IMI, de Israel. Romper el acuerdo significaba tener que abonar lo acordado pero quedarse sin munición.

El problema para Marlaska ha sido que la publicación del contrato el pasado lunes ha coincidido con la semana en la que se ha presentado el nuevo plan de rearme de 10.500 millones. Sumar, muy crítico con cualquier aumento en el gasto militar, tuvo que aceptar la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que en un mes ha pasado de rebajar las pretensiones de la OTAN a unirse al objetivo de subir el PIB en Defensa hasta el 2%.

Oportunidad para Sumar

El partido de la vicepresidenta Yolanda Díaz ha visto en el tema del armamento israelí un filón para marcar perfil propio en dos vías: un internamente, haciendo valer su peso dentro del Ejecutivo y, dos, respecto a Podemos, su principal rival electoral. Los morados han pasado semanas acusando a Sumar de plegarse a todos los deseos bélicos del PSOE. El rechazo al contrato de cartuchos ha sido la forma de poner pie en pared del socio minoritario de la coalición.

Y, en medio de estas disputas de trincheras, Marlaska ha sido el que más golpes ha recibido, algo que no es nuevo desde que llegó al Paseo de la Castellana número 5, sdede de Interior.

Desde el departamento fueron parcos en palabras este jueves. Las fuentes consultadas hicieron alusión al comunicado del día anterior, en el que aseguraban que habían explorado todas las vías para cancelar el contrato. No aclararon, por otra parte, si al informe de la Abogacía del Estado tuvo acceso algún otro ministerio.

Amago de ruptura

Sumar, y sobre todo Izquierda Unida (que se enmarca dentro de la formación), han pedido explicaciones a Marlaska. Incluso los segundo han puesto sobre la mesa la posibilidad de salir del Gobierno. Otros socios parlamentarios, como el BNG o ERC, han pedido que el ministro comparezca lo antes posibles para explicar lo ocurrido.

Sánchez emprendió este jueves la enésima operación salvar al soldado Marlaska. Antes de que el conflicto en el Consejo de Ministros fuese a más, tomó cartas en el asunto de manera directa. El presidente ordenó que se rompiese el contrato, asumiendo cualquier consecuencia monetaria o judicial que la empresa pueda emprender. Además, aseguró que se le iba a retirar la licencia para poder importar las balas por "razones de interés general".

Mientras tanto, Sumar sigue apuntando al ministro y a futuros contratos. Fuentes del partido aseguran que aun quedan "ocho o nueve" contratos por adjudicar y formalizar, cuyos destinario podría ser Israel. Aseguran que estarán muy atentos a lo que pase con esos acuerdos para, llegado el caso, volver a señalar a Marlaska.