Tres polémicas simultáneas salpican al director general de la Policía Municipal de Madrid, Pablo Enrique Rodríguez. Dos de ellas ya están judicializadas y él figura como investigado, mientras que la tercera, la más reciente, se encuentra aún en fase de investigación policial. Esta última está relacionada con el atropello leve de una niña de 10 años por el coche oficial en el que viajaba Rodríguez —que no conducía— cuando se dirigía el pasado lunes 28 de abril, el día del apagón, a las instalaciones de la Policía Municipal en la Casa de Campo.

El suceso ocurrió poco después del corte eléctrico, sobre las 13:30 horas, en el Paseo de Extremadura. La menor fue trasladada al Hospital Clínico San Carlos, donde se le diagnosticó una fractura de tobillo, y otra posible lesión en la rodilla. No fue hasta tres días después cuando trascendió el accidente.

La gestión del atestado ha generado críticas en los sindicatos de la policía madrileña. En los accidentes con heridos, según detallan fuentes sindicales que cita la Agencia EFE y recoge este medio, el protocolo exige realizar en las primeras 24 horas un parte preliminar con los datos esenciales. Sin embargo, no se documentó ni ese parte inicial ni la prueba de alcoholemia al conductor. El equipo de atestados actuó cuatro días después, lo que supone una vulneración del procedimiento habitual. Además, el inspector que conducía el vehículo no debería ejercer funciones de chófer. No obstante, otras fuentes apuntan a que la ausencia de documentación en un primer momento podría estar relacionada con los fallos técnicos provocados por el apagón masivo.

La gestión del caso ha desatado críticas en la oposición al Gobierno municipal, liderado por el popular José Luis Martínez-Almeida. Acusan al Ayuntamiento de falta de transparencia y de encubrir al director general. Este lunes, el alcalde defendió que el procedimiento administrativo se está siguiendo conforme a lo establecido en la ley y recordó que aún está vigente el plazo de diez días para incorporar al expediente los informes de la Policía Municipal y del Samur. Por su parte, la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, exigió el cese inmediato de Rodríguez al considerar que se está tratando de ocultar lo sucedido.

Irregularidades en oposiciones

Rodríguez fue nombrado director general de la Policía Municipal madrileña en 2019, tras la llegada de Almeida al Palacio de Cibeles. No obstante, no es la primera vez que su nombre aparece vinculado a una polémica. Actualmente está imputado en una causa que investiga presuntas irregularidades en dos oposiciones de acceso a plazas de comisario e inspector del cuerpo convocadas en 2021. La denuncia, presentada por miembros de los sindicatos Asociación Policía Municipal Unificada (AMPU) y Unión de Policía Municipal (UPM), apuntaba a la alteración de normas establecidas y al incumplimiento de criterios técnicos obligatorios durante el proceso selectivo.

La Audiencia de Madrid ha reabierto el caso en dos ocasiones, la última en octubre de 2024, después de que el titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, Antonio Serrano-Arnal, lo archivara. Cuando declaró por primera vez, Rodríguez negó cualquier tipo de irregularidad en el proceso.

Según desveló El Mundo, en aquel proceso se modificó el orden habitual de las pruebas, dejando los exámenes físicos para el final, una decisión sin precedentes en ese momento que podría haber beneficiado a determinados aspirantes. Entre los aspectos bajo lupa figura el incumplimiento de la normativa que exige que estos tribunales estén compuestos mayoritariamente por personal técnico con la titulación adecuada. En el caso del tribunal que examinó a los candidatos a comisario, sólo un agente cualificado formaba parte del mismo, y lo hacía como suplente. También se investiga si se reservó el 50% de las plazas a la promoción interna, como exige la legislación autonómica. La causa suma un total de doce personas investigadas.

El tercer frente judicial de Rodríguez se abrió en diciembre del pasado año, cuando la asociación Hazte Oír presentó una querella contra él y Martínez-Almeida por presuntos delitos de coacciones, acoso y prevaricación. El caso está relacionado con el llamado CapoBus, un autobús que viene recorriendo Madrid con mensajes críticos hacia, entre otros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Según la denuncia, la Policía Municipal recibió instrucciones para interceptar, sancionar y retener el vehículo cada vez que circulaba por la vía pública, en lo que consideran una campaña de acoso institucional y censura por parte del Consistorio. El juez Juan Carlos Peinado —el mismo que investiga a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez— admitió la denuncia contra Rodríguez, al que mantiene investigado, pero no contra el alcalde. Cuando compareció ante el titular del Juzgado de Instrucción número 41, explicó que fue una queja del PSOE lo que llevó a actuar contra este vehículo.