El Tribunal Supremo ha citado al Gobierno a una vista pública el próximo 29 de mayo para que detalle las medidas adoptadas para atender en su red estatal de acogida a los mil menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que están bajo tutela de Canarias, tal y como le ordenó el pasado 25 de marzo.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal ha acordado este martes convocar esta vista para que el Estado informe sobre el cumplimiento de la medida cautelar, impuesta a petición del Gobierno de Canarias, de que en un plazo improrrogable de 10 días garantizase el acceso y permanencia de los jóvenes en el sistema nacional. En una providencia, la Sección Quinta de la Sala explica que ha tomado esta decisión dado que la respuesta recibida del Estado "parece poner de relieve que no se ha dado cumplimiento en sus propios términos" al requerimiento.

El Supremo ha indicado al Estado que en esta vista, a la que también está convocado el Gobierno de Canarias como demandante, deberá informar con "una relación detallada" de los menores que ya han sido evaluados individualmente en el ámbito del sistema nacional de acogida de protección internacional y los que están pendientes de evaluación. En el caso de los jóvenes cuya situación ha sido ya analizada, deberá señalar qué recurso de acogida del sistema se le ha asignado a cada uno de ellos y cuántos están pendientes de asignación.

El Supremo exige al Gobierno que, en el caso de que el sistema no tuviera los recursos suficientes para ejercer esta "competencia estatal", tendrá que detallar qué "iniciativas concretas" ha adoptado para obtenerlos y en qué plazo espera conseguirlos. También pide que comunique qué unidades administrativas son las responsables de estas actuaciones y qué "concretos acuerdos o protocolos" ha concertado con el Ejecutivo canario para ejecutar esta orden y cuál es el calendario establecido para ello.

El pasado 25 de marzo, el alto tribunal ordenó al Gobierno hacerse cargo de estos jóvenes, una medida requerida por el Ejecutivo canario, que desde hace tiempo enfrenta una grave crisis al no poder atender correctamente a los casi 6.000 menores migrantes no acompañados que tutela. El Gobierno aprobó el pasado 18 de marzo un real decreto ley para articular un mecanismo de reubicación de los jóvenes desde zonas con los recursos tensionados, como Canarias y Ceuta, a otras regiones.

La norma ha suscitado un gran rechazo de las comunidades presididas por el PP pero está en marcha y, según el Ejecutivo, permitirá comenzar con el traslado de aproximadamente 4.400 jóvenes en verano. Acerca del cumplimiento de la orden del Supremo, el Gobierno ha asegurado que lo acatará, aunque también ha precisado en varias ocasiones que su sistema de protección internacional está diseñado para atender a adultos o familias.

El pasado 6 de mayo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, informó que el Ejecutivo está negociando con Canarias un protocolo, que permitirá "analizar de forma particular y singular cada uno de los casos para preservar siempre el interés superior del menor". Y recalcó que la solución para acabar con el hacinamiento y las malas condiciones en las que se encuentran los jóvenes migrantes en Canarias, solicitantes de asilo o no, es cumplir con el real decreto aprobado por el Gobierno para la reubicación de los menores a otras comunidades.