La Guardia Civil ha sancionado a un agente con una falta grave —15 días de suspensión de funciones— por consultar la matrícula del coche en el que se fugó el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont. La visita del político ocurrió el 8 de agosto de 2024, y el guardia habría consultada la base de datos de la Benemérita.

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), de la que es miembro en Badajoz, señala que la instrucción ha durado seis meses y que no se ha podido demostrar que fuera este agente quien hiciera la consulta. Asegura que todo el procedimiento ha estado "dirigido" desde el Gobierno: "Desde el inicio del expediente ya se pudo entrever que la apertura del mismo obedecía a un pago político del Ejecutivo de Pedro Sánchez al partido independentista catalán Junts".

Según la versión de AUGC, la consulta a la base de datos se habría realizado a través de la tarjeta del guardia sancionado, pero no se ha acreditado que la hiciera él personalmente. En el marco de la investigación, un teniente destinado en Badajoz declaró que cualquier persona podría haber accedido al sistema si el agente sancionado se hubiese ausentado momentáneamente del terminal informático dejando su sesión abierta. "Quedando con ello de manifiesto que la presunción de inocencia debía de prosperar en este caso, otra vulneración grave más que añadir a la lista", subraya el comunicado.

Sin testigos

Asimismo, denuncia que el instructor del expediente disciplinario no permitió tomar declaración a los dos agentes que se encontraban de servicio en la misma dependencia y en el mismo turno que el sancionado, lo que, a su juicio, vulnera su derecho a la defensa. También se habría negado la comparecencia del Teniente Coronel Jefe de la comandancia de Badajoz, quien inició el procedimiento, y del general auditor que avaló la apertura del expediente.

Según la asociación, el proceso estuvo lleno de irregularidades desde el principio, hasta el punto de que dos agentes fueron enviados al domicilio del expedientado el 5 de mayo, para que se diera por notificado antes de que expirara el plazo legal de instrucción, que finalizaba al día siguiente. "La cúpula represora de la Guardia Civil no podía permitir que un representante de AUGC se quedara sin sanción", sostiene el colectivo.

La asociación promete dar batalla. Según comunican desde la delegación de Badajoz a este periódico, AUGC va a presentar un recurso de alzada para defender a su compañero, que es el responsable de comunicación en la provincia. Si eso no prospera irán al contencioso militar.

La fuga de Puigdemont

El Juzgado de Instrucción número 24 de Barcelona investiga una denuncia de Hazte Oír para esclarecer si hubo o no delito en la visita de Puigdemont el verano pasado. El pasado 12 de mayo declararon cinco agentes de los Mossos d'Esquadra que elaboraron informes sobre las circunstancias y el contexto en el que se produjo la fuga.

El 8 de agosto, el expresident acudió a las inmediaciones del Parlament de Cataluña. Era el día de la investidura del socialista Salvador Illa. Puigdemont avisó de que iría a Barcelona. Había un escenario y un atril preparados. Apareció y se fue, en una fuga de película. La policía catalana estaba al frente del dispositivo, y quedó en ridículo.

Puigdemont no puede entrar en España ya que todavía tiene cuentas pendientes en el Tribunal Supremo. Sobre él pesa una orden de detención por parte del juez Pablo Llarena. El magistrado encargó un informe al Ministerio del Interior, que descargó la responsabilidad en los Mossos.