La entrada en vigor del nuevo Reglamento de Extranjería en España ha desencadenado una oleada de protestas en las oficinas encargadas de gestionar los trámites migratorios. Este lunes, cientos de funcionarios de Extranjería de todo el país han secundado una huelga convocada por Comisiones Obreras (CCOO) para denunciar la falta de medios y el colapso estructural del sistema, justo en la víspera de la aplicación de una normativa que, según advierten, incrementará aún más la presión sobre unas plantillas ya desbordadas.

Un seguimiento masivo y una preocupación creciente

Según han informado a EFE fuentes del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, el seguimiento de la huelga a nivel nacional ha sido de un 24,43 % sobre un total de 1.523 efectivos, lo que se traduce en unos 372 trabajadores.

La huelga, de dos horas de duración, ha tenido un seguimiento especialmente alto en las grandes ciudades, donde el volumen de expedientes es mayor. En oficinas como las de Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Málaga o Alicante, la adhesión ha rozado el 100%, dejando los servicios prácticamente paralizados durante el paro, salvo los mínimos imprescindibles. En otras provincias, como Toledo o Albacete, la participación ha sido del 50% y 40% respectivamente, según datos provisionales de los sindicatos.

Los trabajadores han aprovechado la jornada para concentrarse ante las delegaciones del Gobierno y visibilizar su malestar. “La gente secunda esto porque está realmente muy preocupada por lo que pueda pasar mañana y por la cantidad de expedientes y la situación que tienen las oficinas”, ha explicado César Pérez, responsable de Extranjería de CCOO en Política Territorial.

Un sistema al borde del colapso

El principal motivo de la protesta es la “insostenible carga” de trabajo y la falta de recursos. Más del 30% de las plazas están vacantes a nivel nacional, y en algunas provincias la tasa supera el 50%. En Madrid, por ejemplo, 125 empleados gestionan más de 237.000 expedientes al año; en Barcelona, 132 trabajadores tramitan más de 217.000 solicitudes. Esta situación ha disparado los tiempos de resolución: la media nacional ha pasado de 22 días hábiles en 2024 a 47 días en 2025, con picos de 74 días en Madrid, 76 en Barcelona y 68 en Las Palmas.

La falta de personal no solo afecta a la calidad del servicio, sino que también genera una alta rotación. Muchos empleados abandonan las oficinas de Extranjería en busca de mejores condiciones en otros organismos públicos, como el SEPE o la Seguridad Social, lo que perpetúa el déficit de plantilla y la precariedad laboral.

El nuevo reglamento: más presión sobre un sistema saturado

El nuevo Reglamento de Extranjería, que entra en vigor el 20 de mayo, introduce cambios estructurales en los procedimientos de residencia, regularización y reagrupación familiar, con el objetivo de modernizar el sistema y adaptarlo a la realidad migratoria actual. Entre las novedades, se flexibiliza el acceso a permisos, se unifican figuras de arraigo y reagrupación, y se amplían derechos para estudiantes y familiares de ciudadanos españoles.

Sin embargo, tanto sindicatos como trabajadores advierten que la reforma, lejos de aliviar la situación, agravará el colapso si no se acompaña de un refuerzo real de medios humanos y materiales. Se prevé un aumento del 40% en las altas iniciales de expedientes, lo que, según los empleados, es “inasumible” con las plantillas actuales.

El Gobierno ha anunciado la incorporación de 750 nuevos empleados públicos a lo largo de 2025, de los cuales 250 serán contratados de forma inmediata y otros 500 procederán de nuevas promociones de funcionarios. Sin embargo, CCOO considera que estas medidas llegan tarde y son insuficientes: “El personal funcionario no estará disponible hasta finales de año, dejando las Oficinas de Extranjería sin el refuerzo necesario para el 20 de mayo”, advierte el sindicato. Además, la alta rotación y las vacantes estructurales hacen que el balance de empleo siga siendo negativo.

Reivindicaciones y demandas

Las principales exigencias de los funcionarios de Extranjería son:

  • Cobertura urgente de todas las plazas vacantes y apuesta por empleo fijo, eliminando la dependencia de contrataciones temporales.
  • Equiparación salarial con otros organismos estatales y revisión del sistema de productividad, ajustándolo a la carga de trabajo real y al coste de vida.
  • Mejora de las condiciones laborales y estabilidad en las plantillas para reducir la rotación y garantizar la calidad del servicio.
  • Reforma inmediata del sistema de gestión de expedientes, cuya obsolescencia provoca bloqueos y retrasos inaceptables. El nuevo sistema informático, que debe adaptarse al reglamento, se activará apenas un día antes de la entrada en vigor, sin tiempo suficiente para la formación del personal.
  • Auditoría interna de procedimientos para unificar criterios y garantizar la igualdad de trato en todas las oficinas.

Impacto en la ciudadanía

El colapso de las oficinas de Extranjería no solo afecta a los trabajadores, sino también a miles de personas migrantes que dependen de estos servicios para regularizar su situación, acceder a derechos y evitar la exclusión social. Los retrasos y la falta de citas han dejado a muchos “atrapados en un laberinto burocrático sin salida”, denuncian los sindicatos. Abogados y organizaciones sociales advierten que la desigualdad en los procedimientos y la saturación administrativa pueden traducirse en vulneraciones de derechos y situaciones de indefensión.

Se necesitan medidas inmediatas y eficaces

Si el Gobierno no responde con medidas “inmediatas y eficaces”, los sindicatos han advertido que intensificarán las movilizaciones en las próximas semanas. La huelga del 19 de mayo es, según los convocantes, un “grito de alerta” ante la desidia administrativa y el riesgo de colapso total del sistema de Extranjería en España.

La entrada en vigor del nuevo reglamento supone una oportunidad para modernizar la gestión migratoria, pero su éxito dependerá de la voluntad política y la capacidad de dotar a las oficinas de los recursos necesarios para garantizar un servicio público digno, ágil y justo para todos.