El pleno del Congreso de los Diputados tomó en consideración -con 176 a favor y 170 en contra- la proposición de ley de PSOE y PNV para reformar el Reglamento interno de la Cámara con diversos objetivos entre los que está el poner coto a las actuaciones de aquellos agitadores y pseudoperiodistas que abogan por la desestabilización desde dentro del hemiciclo y dificultan el trabajo del resto de los miembros de la prensa acreditados. La intención es que la medida esté vigente definitivamente a finales de junio, de cara al próximo periodo de sesiones que comienza en septiembre.

La medida fue ampliamente respaldada por todos los grupos representados a excepción de PP, Vox y UPN. Pese a presentarse el 21 de marzo de este año, la propuesta dormía tras su calificación por la Mesa del Congreso, pero el choque de la semana pasada entre el agitador Bertrand Ndongo con la jefa de comunicación de Sumar en la sala de prensa, así como con su portavoz, Verónica Martínez Barbero, aceleró los trámites.

De hecho, Martínez, que posteriormente debía acudir a la reunión de la Junta de Portavoces del Parlamento, trasladó en ese órgano la necesidad de poner solución a lo que consideran un problema [el propio Congreso se escuda en que sin esa reforma no posee de instrumentos con los que penalizar comportamientos inapropiados]. Todos los grupos salvo PP y Vox respaldaron acelerar los trámites y fijar para hoy en el calendario la votación. Ahora inicia su tramitación y la propuesta deberá ser debatida en comisión por los grupos.

La reforma se engloba dentro de la proposición de ley de reforma del Reglamento que incluye nuevos supuestos para ejercer el voto telemático como enfermedad, embarazo, cuidado de familiares directos o de segundo grado o asistencia a actos de carácter internacional bajo las funciones políticas, entre otros supuestos. Pero, especialmente, se centra en las relaciones con los medios de comunicación. En concreto, se quiere reformular el artículo 98 del Reglamento. Se contemplan sanciones de carácter leve, grave o muy grave.

De las primeras será la omisión de información requerida por el personal del Congreso tanto para la credencial o para el acceso a espacios restringidos a los medios. Al principio se advertirá verbalmente. De insistirse, se contemplan hasta diez días hábiles de suspensión temporal del acceso.

Los periodistas priorizan la necesidad de respeto de turno de palabra en las ruedas de prensa y en el desarrollo de su trabajo, sin que influya el tipo de medio

Graves serán considerados el "interrumpir el orden de las ruedas de prensa" u otros acontecimientos que supongan el contacto entre miembros del Congreso y de los medios. Algo que se da cotidianamente por la interrupción de distintos agitadores afines al espacio ultraconservador, especialmente afín a Vox. Donde el objetivo cotidianamente es sacar un corte de vídeo que promocionar en redes sociales y no el informativo que predomina en la cámara desde medios ligados a una línea editorial progresista hasta una muy conservadora. De hecho, esta misma jornada, durante la rueda de prensa del portavoz socialista, Patxi López, volvió a protagonizarse un episodio similar al de la semana pasada.

Con esta reforma, se da autoridad al responsable de prensa de cada grupo parlamentario para coordinar las ruedas de prensa y asignar el turno de palabra, algo que ya sucede con normalidad en el Congreso.

Por otro lado, de gravedad también se entenderá "la publicación en medios o redes sociales de aquellas imágenes obtenidas en contra de la normativa aplicable", es decir, de despachos, zonas privadas para diputados o similares. Se generaliza añadiendo la penalización de "otros comportamientos que perjudiquen la actividad de la Cámara o el trabajo de otros representantes de los medios de comunicación". Si las infracciones leves son reiteradas, se penalizarán como una grave. Estas se penalizarán con entre diez días hábiles y tres meses de suspensión del acceso.

Una infracción "muy grave" será aquellas como el uso de información falsa para la solicitud de una credencial, "la falta de respeto" o el "proferir insultos, descalificaciones o atentar contra la dignidad" de trabajadores o personal de la Cámara. Dependiendo del grado, se valora desde una suspensión de tres a cinco meses, hasta incluso una revocación de la acreditación definitiva. Salvo en esta última contemplación, todas las sanciones irán dirigidas al redactor. En un caso de extrema gravedad, se actuará contra el medio restringiendo su acceso de tres a cinco meses.

En el caso de que un medio quiera esquivar el nuevo Reglamento enviando informadores esporádicamente o firmando al propio medio como autor de una información no periodística, también se contemplan suspensiones de seis meses a tres años del acceso. Este contenido, no obstante, tendrá que superar un proceso de enmiendas y de debate en comisión, por lo que puede sufrir modificaciones. La voluntad de todos los grupos salvo PP y Vox es darle salida.

El PSOE distingue el periodismo del "fascismo de libro"

López defendió el texto asegurando que con esta reforma se facilita el poder sancionar a aquellos pseudomedios o pseudoperiodistas, aludiendo que son "enemigos de la democracia" y "apóstoles del odio". Distinguió a aquellos agitadores que se visten de periodistas para azuzar de forma interesada a una parte de los representantes parlamentarios sin rigor informativo, amparados por corrientes políticas. "Constituyen ya un peligro para nuestro modelo de vida en común", insistió el socialista.

PP y Vox creen que esto puede suponer un precedente que lleve a restringir más el derecho a información en el futuro

"Publican fotos de periodistas de verdad" situándolos "como el enemigo vendido a la izquierda" y "persiguen y acosan a diputados" y "obligan a suspender ruedas de prensa", lamentó en su intervención López. Añadió que son representantes "homófobos, machistas, aporafóbicos" que para "nada" hacen "periodismo". "Es basura, es fascismo de libro", sentenció. En esa línea se posicionó Gabriel Rufián, de ERC.

PP y Vox, en contra

Antes del pleno, y como se reflejó posteriormente por los portavoces asignados, los portavoces parlamentarios de PP y Vox rechazaron la medida. A las once de la mañana Pepa Millán, de Vox, afirmó en rueda de prensa que el Congreso quiere "purgar a los periodistas que Sánchez considera desafectos". "El Gobierno es la mayor amenaza para todos los españoles, por eso nos quieren arrebatar el derecho a que los ciudadanos reciban información, el pluralismo y el ejercicio de la profesión", ha lamentado la portavoz de Vox, quien ha considerado que el Gobierno es "capaz de aplastar derechos y libertades con tal de permanecer en el poder".

Para Vox, esta reforma asienta un precedente para extender en el futuro los vetos. "Hoy son unos periodistas, pero mañana serán otros periodistas que hoy se creen libres de la mano de Sánchez por ser cercanos al Gobierno". En este sentido, desde Vox han defendido el ejercicio del periodismo y evitar "que se abra el camino para que se acabe censurando a otros". Millán vinculó esa reforma a lo que Vox considera un veto directo a la libertad de expresión. Un acto de "censura y arbitrariedad", dijo la portavoz, en referencia a la prohibición, este lunes, por parte de la Mesa del Congreso, a que en las instalaciones se abordarse el preestreno de un documental crítico con el PSOE en el que se vincula a distintas causas de corrupción.

En una línea similar se movió el PP. En palabras del portavoz parlamentario, Miguel Tellado, los populares creen que se está buscando "controlar lo que hacen los periodistas" y "acallar a los medios de comunicación que son incómodos para el Gobierno". "Es peligroso interpretarlo de otra forma, porque la realidad es que hoy pueden ser para unos medios de comunicación y mañana puede aplicarse para otros", ha detallado el portavoz de los populares, que considera "malo" que los partidos políticos o el Gobierno "señalen a los periodistas por su trabajo".

Tellado abogó por que todos los medios puedan preguntar lo que consideren y que todos obtengan respuesta de forma similar. "Eso es una práctica democrática a la que debemos someternos todos los que nos dedicamos a la política".