Cientos de jueces y fiscales de toda España han secundado este miércoles un parón de 10 minutos en protesta contra las reformas legislativas que impulsa el Gobierno: una, que modifica el sistema de acceso a ambas carreras; y otra, que busca entregar la instrucción penal a los fiscales. Las asociaciones convocantes acusan al Ejecutivo de poner en riesgo la independencia judicial y de ignorar sus advertencias.

PUBLICIDAD

El parón ha sido convocado por las principales asociaciones de jueces y fiscales —todas salvo las de corte progresista— como primer aviso al Ejecutivo. Denuncian que los dos proyectos de ley impulsados por el ministro Félix Bolaños, especialmente la reforma del acceso a la carrera judicial y fiscal, suponen un ataque frontal a los principios de mérito, capacidad e independencia. "Cuando alguien debe su puesto a una decisión política, deja de ser independiente", han recordado desde la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), que junto al resto de organizaciones firmantes no descarta convocar una huelga si el Gobierno mantiene su hoja de ruta.

Las asociaciones convocantes —la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Francisco de Vitoria, el Foro Judicial Independiente, la Asociación de Fiscales y la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales— exigen la retirada inmediata de las dos iniciativas legislativas que el Gobierno quiere aprobar en las próximas semanas: la llamada 'ley Bolaños', que reforma el acceso a la carrera judicial y fiscal, y el proyecto que otorga a los fiscales la instrucción de las causas penales. Ambas, sostienen, suponen una amenaza directa a la separación de poderes.

Los jueces y fiscales advierten de que modificar el sistema de acceso para permitir que cualquier jurista con cinco años de experiencia pueda convertirse en juez o fiscal —aunque no haya aprobado una oposición— convierte el proceso en "un coladero" y abre la puerta a "nombramientos por afinidad, no por mérito". "Si debes tu puesto a alguien, dejas de ser independiente", ha dicho la presidenta de la APM, María Jesús del Barco, a El Independiente.

La otra gran reforma que inquieta al sector es la del Ministerio Fiscal. Las asociaciones alertan de que entregar a los fiscales la instrucción de las causas sin garantizar primero su autonomía funcional pone en riesgo la imparcialidad de las investigaciones. Recuerdan que, a diferencia de los jueces, los fiscales dependen jerárquicamente del fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno. "Nadie ha hecho tanto como Dolores Delgado o Álvaro García Ortiz para que los jueces sigamos instruyendo", ha resumido Del Barco.