La presunta fontanera del PSOE, Leire Díez, tenía todo su trabajo guardado en un Google Drive con acceso muy restringido. Ella, junto con el empresario Javier Pérez Dolset, montaron un pequeño equipo de personas que trabajaba con toda la información que han recopilado en los últimos años sobre las denominadas "cloacas del Estado".

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Según ha podido saber este periódico, ese Drive de Google contenía decenas de carpetas en las que hay información de todo tipo, especialmente de causas judiciales que consideran que fueron "manipuladas". El objetivo del equipo es obtener y confirmar informaciones de las personas que iniciaron las investigaciones o de quienes las consumaron, como jueces y fiscales.

Diferentes niveles de acceso

El equipo de Díez y Dolset está compuesto por 20 personas que el empresario ha ido reclutando desde, al menos, 2018, cuando se vio a sí mismo como una "víctima de las cloacas del Estado". Sin embargo, el acceso a la información está muy compartimentado. "No todo el mundo tiene acceso a todo, sólo de lo que sabe", explica una fuente conocedora del funcionamiento. Es decir, todos tienen acceso a paquetes de información, pero sólo Díez y Dolset a la totalidad.

Las carpetas tienen nombres conocidos, como el juez Juan Carlos Peinado (que investiga a la mujer del presidente del Gobierno) por una causa que afecta a un antiguo colaborar chavista, Narcis Villalobos, o el del magistrado Manuel Marchena (presidente del tribunal que enjuició el procés) por un asunto relacionado, presuntamente, entre Legalitas y el comisario José Manuel Villarejo.

La información de cada una de las carpetas está "encriptada", aseguran las citadas fuentes. Además, para darle más seguridad, el equipo de fontanería del PSOE tiene copias en servidores fuera de España. En estas instalaciones hay datos, pero sobre todo grabaciones. Muchas son las que realizaba el excomisario José Manuel Villarejo cada vez que quedaba con alguien y con las que Pérez Dolset y Leire Díez quieren demostrar la existencia de la 'cloaca'.

Esos audios son los que Asuntos Internos recopiló en la vivienda del mando policial cuando fue detenido. Una gran parte todavía siguen encriptados en la Audiencia Nacional. El equipo de Dolset , empresario experto en tecnología, ha ido liberándolos -al menos los que han conseguido- en los últimos años, poniéndolos en contexto y haciendo informes. Calculan que hay unas 170 investigaciones policiales o judiciales ilegales. También forman parte de esas carpetas los audios y conversaciones que difundió hace años el ahora eurodiputado Luis Alvise Pérez sobre el exsecretario de Estado del Ministerio del Interior, Francisco Martínez.

En 2022, Dolset presentó todos estos documentos sonoros y pruebas ante la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción. Desde entonces, no se han practicado diligencias "ni los han escuchado", dicen desde su entorno. Paralelamente, ha creado una "agrupación de víctimas de las cloacas del Estado", que tiene unos 50 miembros. Entre ellos está el expresidente del FC Barcelona, Sandro Rosell, o el antiguo dueño del Grupo Intereconomía, Julio Ariza.

Reuniones

Como ha publicado este periódico, muchas de las reuniones con las "víctimas de las cloacas" las realizó Leire Díez en un apartamento en la calle Diego de León, en Madrid, en el número 36. Allí contaba con un despacho donde recibía a empresarios y otros supuestos afectados, pero también a periodistas de Madrid y Barcelona, al menos en una ocasión.

En esos encuentros también estuvo presente, al menos dos veces, el mencionado empresario Pérez Dolset. Pero también lo hizo el secretario de organización del PSOE, Santos Cerdán, que supervisó los encuentros y los avances en las investigaciones. En otras ocasiones participó de manera telefónica.

La presencia de Cerdán es relevante. El número tres del PSOE ha negado que Leire Díez actuase bajo sus órdenes o que fuese su mano derecha. Él mismo la recibió en Ferraz la semana pasada cuando la militante se dio de baja del partido. Sobre Cerdán pende un esperado informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que el Tribunal Supremo encargó dentro de la causa contra el exministro José Luis Ábalos.