La exmilitante del PSOE y considerada fontanera del partido, Leire Díez, se creía impune. Así se lo transmitió al fical Ignacio Stampa en la reunión que mantuvo con él en mayo en compañía del empresario Javier Pérez Dolset. Ambos están investigados por las presuntas maniobras que hicieron para conseguir información de parte de Stampa y de otro fiscal, José Grinda, sobre el máximo responsable de Anticorrupción, Alejandro Luzón.

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Leire Díez se presentó como "la mano derecha de Santos Cerdán", ex secretario de Organización socialista ahora en prisión por el caso Koldo. La que "nunca va a aparecer en ningún papel", llegó a decir. Esta grabación fue entregada por el propio Stampa en el Juzgado de Instrucción número 9 de Madrid, que lleva la causa.

Stampa le preguntó si era "la mano derecha" de Cerdán, a lo que ella contestó que "sí, yo soy la mano derecha que nunca va a aparecer en ningún nombre". La grabación dura más de tres horas, y en la misma Díez afirmó que "todo el mundo ha querido saber qué es lo que yo sé, porque todo el mundo está inquieto, muy inquieto".

"Soy la persona a la que ha puesto el PSOE para ver qué había detrás de todo esto", dijo la fontanera. Según ella, empezó a trabajar en las supuestas cloacas del Estado un año antes con Dolset, en mayo de 2023. "Veía irregularidades en gestiones, irregularidades en informes policiales, irregularidades en las gestiones de algunos miembros de la Fiscalía Anticorrupción...". Según su relato, todo pivotaba en torno al comisario jubilado José Manuel Villarejo.

Según la documentación aportada por Stampa, el fiscal trasladó a sus superiores que, si acudió a una reunión con Díez el pasado 7 de mayo, fue porque se le indicó que la había concertado Cerdán, "en nombre del Gobierno". "Es el 1 quien decide", le dijo Del Rivero al fiscal en una serie de mensajes de WhatsApp, también aportados a la causa, a los que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

El juez investiga a Díez como presunta cabecilla de una "actuación delictiva, continuada y coordinada" con el empresario Javier Pérez Dolset --también investigado-- y Rusiñol para "recabar información comprometida o irregular de los mandos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción" con el fin de "anular o malbaratar" sus investigaciones en "casos relevantes que afectan a políticos y empresarios", lo que constituiría tráfico de influencias y cohecho.

Las pesquisas parten de varias denuncias contra la exmilitante socialista después de que se diera a conocer un audio, grabado en el despacho de Teijelo, donde se la escucha ofrecer favores a Alejandro Hamlym --empresario investigado en la Audiencia Nacional por una presunta trama de fraude en el sector de los hidrocarburos-- a cambio de información sensible.

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