La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha llamado este lunes a poner el foco "de manera implacable" en las grandes empresas "que siempre están en el centro de las tramas de corrupción de este país". En un momento en que el caso Koldo salpica al PSOE y a la constructora Acciona, Rego ha pedido no limitar la mirada a la responsabilidad política y ha advertido del peso que sigue teniendo el poder económico en los mecanismos de corrupción.
"En estos días hay que exigir que la democracia atraviese al poder económico", ha dicho durante unas jornadas organizadas por RUGE-UGT en torno al Estatuto del Becario. La ministra ha vinculado sus palabras con el papel "clave" que, en su opinión, tiene la juventud para "incomodar a los poderes", tanto políticos como empresariales, a través de la organización y la movilización social.
La intervención se produce después de que el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya señalado una relación continuada desde 2015 entre Koldo García –exasesor del exministro socialista José Luis Ábalos– y el grupo constructor Acciona, que este lunes anunció el cese de su director de Construcción para España, Justo Vicente Pelegrini, tras verse vinculado a la trama.
Garamendi: "El sistema empresarial no es corrupto"
Rego no ha sido la única voz del Gobierno que ha intensificado las críticas a las grandes corporaciones. Este mismo lunes, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, pidió al presidente Pedro Sánchez vetar en las administraciones públicas a aquellas empresas que pagan comisiones ilegales. La respuesta no se ha hecho esperar desde el mundo empresarial.
Desde Málaga, el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, ha afirmado que "el sistema empresarial no es corrupto" y ha sostenido que “el que corrompe es el que tiene el poder”. Garamendi ha calificado de injusto el intento de responsabilizar a las empresas de los casos de corrupción: "Ahora nos llaman corruptores. Yo no lo puedo admitir". A su juicio, si hay un concurso público fraudulento, es el poder político quien tiene la capacidad de corromper. "Si me sacas tres, cuatro empresas, y hay dos millones de empresas, no sé de qué estamos hablando".
El líder de la patronal ha defendido que las compañías deben responder ante la justicia si se demuestra su implicación, pero ha reclamado "un control real" de los procesos de contratación pública y ha lamentado que "se trate de debilitar el Estado inventándose medios para hacerlo", en referencia a propuestas como el fin de los aforamientos o el veto institucional a ciertas empresas.
En paralelo, Garamendi ha criticado el rumbo del diálogo social, denunciando que desde el Gobierno se plantean "temas cerrados" como la reducción de la jornada laboral, lo que, según él, equivale a sentarse a negociar "sabiendo que vais a perder 5-0".
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