La mujer del directivo de Quirón declara que la venta de su empresa al novio de Ayuso fue razonable

La mujer del presidente de Quirón Prevención ha defendido este jueves ante la jueza Inmaculada Iglesias que la venta de la sociedad Masterman S.L. al empresario Alberto González Amador —pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso— por medio millón de euros fue "razonable", que se realizó con transparencia y que no fue una comisión encubierta. Lo ha hecho durante su declaración como investigada ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, por presunta corrupción en los negocios, que ha durado algo más de una hora en el marco de una pieza separada del procedimiento por fraude fiscal contra la pareja de Ayuso.

Según confirman fuentes jurídicas presentes en la declaración a El Independiente, la imputada ha respondido a las preguntas de la magistrada, la Fiscalía y su defensa. Ha explicado que fue el propio González Amador quien le hizo una oferta por la sociedad, que consideró adecuada, y que por ello accedió a la venta.

No ha aportado documentación adicional durante su interrogatorio, aunque sí ha explicado con detalle y datos cómo se desarrolló la operación de venta. Otras fuentes señalan que ha reconocido ante la juez que "no se leía los contratos", indicando que "todo lo veía normal" y que no habla de esos temas con su marido.

La citación se produce a instancias del PSOE y Más Madrid, que ejercen la acusación popular en la causa, con el objetivo de esclarecer si en la operación pudo esconderse una comisión encubierta de casi 500.000 euros por la compra de una sociedad "sin actividad ni patrimonio", según consta en la diligencia de citación.

La pieza separada fue abierta en octubre a raíz de un recurso de la acusación popular, tras la negativa inicial de la jueza a practicar diligencias relacionadas con el uso presuntamente instrumental de la sociedad Masterman S.L. para ocultar ingresos que debían haber sido declarados por Maxwell Cremona, la empresa de González Amador. El Ministerio Público y la Abogacía del Estado apuntan a que en dicha estructura podría haber indicios de delitos de corrupción en los negocios y administración desleal.

El pasado 10 de abril, el empresario documentó ante la magistrada los ingresos obtenidos de Quirón, negando su ocultación para evitar la tributación ante Hacienda. Afirmó además que la compra de la citada sociedad se realizó por el valor de su red de distribución que tenía y que incluía a farmacias.