El juez del Tribunal Supremo e instructor del 'caso Koldo', Leopoldo Puente, ha acordado este lunes enviar a prisión provisional comunicada y sin fianza al exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán por ser el cabecilla de una red dedicada a amañar contratos en la administración pública. El fiscal Anticorrupción había solicitado esta medida cautelar por riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Cerdán se convierte en el primer imputado de esta investigación, que cristalizó en febrero de 2024, en ingresar en la cárcel. El juez le acusa de tres delitos: integración en organización criminal, cohecho y tráfico de influencias. "Obran en esta causa indicios bastantes para considerar que los tres investigados [Cerdán, el exministro José Luis Ábalos y el exasesor Koldo García], en compañía y con auxilio de terceros, podrían haber conformado una organización criminal orientada, en síntesis, a obtener indebidamente premios económicos por la licitación de adjudicación de obra pública", dice el auto.

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Esta era la primera vez que Cerdán daba explicaciones después de que el pasado 5 de junio la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil presentara un informe demoledor en el que se transcribían unas grabaciones que Koldo García realizó durante años en las que se evidenciaba que tanto Cerdán como el exministro de Transportes José Luis Ábalos habían amañado presuntamente contratos públicos para derivarlo a empresas amigas que luego les pagaban mordidas. El exsecretario de Organización del PSOE se ha desvinculado de todo, pero sus argumentos no han sido convincentes ni para Anticorrupción ni para el juez Puente.

En el escrito de prisión del magistrado, Puente señala la "relación vertical" que Cerdán mantenía con los otros dos investigados y dice que es "descartable que actuara exclusivamente en beneficio" de Koldo y de Ábalos. Además, el "botín indiciariamente obtenido", en torno a un millón de euros, "representa un porcentaje insólitamente mínimo en el marco de esta clase de operaciones delictivas". Si el importe del premio económico por la indebida adjudicación de las obras hubiera constituido, por hipótesis, un uno por ciento del valor de las adjudicaciones dicho premio equivaldría a una cantidad "superior a los cinco millones de euros", indica el juez.

La UCO sitúa el inicio de la corrupción, al menos, en 2015 cuando Koldo y él trabajaban aún en Navarra. Los agentes señalan que en el momento en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, designó a Ábalos en la cartera de Transportes, Cerdán utilizó su influencia para colocar a ciertas personas de su confianza y así poder controlar el Ministerio. Los investigadores han encontrado indicios de que las empresas Acciona, Obras Públicas y Regadíos (OPR), Levantina e Ingeniería y Construcción (LIC) pudieron hacer pagos a los integrantes de esta trama para conseguir adjudicaciones favorables.

El juez abraza las tesis de la UCO e indica que Cerdán mantendría "una relación verticual, de cierta preeminencia" sobre Ábalos y Koldo, "siendo el encargado en la organización de distribuir entre sus miembros los ilícitos frutos obtenidos con la posible comisión de los hechos delictivos". Para el instructor del Supremo es claro que El exsecretario de Organización del PSOE era la pieza superior de la trama y que nadie cobraba sin que él lo supiera. "Posición funcional" que lo hacía determinante para distribuir las mordidas e interlocutar con las empresas favorecidas por la adjudicación.

"Cerdán habría de ser inequívocamente conocedor del importe total de los indebidos pagos en relación a cada una de las obras adjudicadas", reza el auto, "y es, precisamente, este particular y decisivo conocimiento el que podría permitir desvelar en toda su dimensión las concretas responsabilidades penales".

El juez defiende los audios

El magistrado ha defendido en su escrito los audios, alegando que no son fruto de una "intervención judicial de las comunicaciones", sino que fueron halladas en poder de Koldo en el registro de su casa y, por tanto, son conversaciones totalmente creíbles. Indica que la grabación que hizo Koldo no fue "con el propósito inmediato de denunciar los hechos" y que las realizó de froma totalmente libre.

"Parece difícilmente concecible, atendiendo además a la relativamente mala calidad del sonido de las mismas no se hubieran producido en realidad y que resultaran consecuencia de una aritificiosa manipulación de don Koldo García, a medio de procedimientos vinculados al uso de la inteligencia artificial u otros equivalentes, haciendo aparecer como intervinientes en la conversación a personas que, en realidad, no hubieran participado en ella", indica el auto del togado. Este periódico ya explicó que el Tribunal Supremo iba a cerrar filas en torno a la validez de las grabaciones.

No hay ninguna evidencia de que las grabaciones "pudieran haber sido editadas (omitiendo, alterando o manipulando el curso natural de la conversación), extremo éste que además resultará fácilmente acreditable por los correspondientes expertos", indica. Por eso, Puente da por válida la prueba de las grabaciones, ni hace ni el mínimo caso a que Koldo García pudiera tener la condición de "agente encubierto o provocador" y, mucho menos, de que se tratara de una cacería contra Cerdán por haber formado un "gobierno progresista".

Las conversaciones, para Puente, son "contundentes indicios de criminalidad" y destaca que, como el exasesor se acogió a su derecho a no declarar, no negó ni sugirió si quiera que los audios no se correspondieran con los hallados en su domicilio.

Inequívoca vinculación a Servinabar

Sobre su responsabilidad con la empresa bajo el foco de la corrupción, Servinabar 2000 S.L., el juez habla de "inequívoca vinculación". Cerdán ha tratado de desmarcarse del documento privado que le otorga el 45% de las participaciones de la compañía que fue adjudicataria de varias obras públicas, pero el magistrado indica que aunque el papel no llegara a elevarse a público (con la firma de un notario), esto "no le privaría de valor y eficacia entre las partes", tal y como publicó este medio.

El exsecretario de Organización del PSOE no ha negado que su firma estuviera en ese papel, si bien ha asegurado que pidió al empresario Joseba Antxón que lo rompiera cuando habló con su mujer y ésta le dijo que no era buena idea que saliera de la política para entrar en ese negocio.

Riesgo de destrucción de pruebas

El juez argumenta el riesgo de destrucción de pruebas si Santos Cerdán permaneciera en libertad, aunque avisa ya de que su estancia en prisión no será larga. "Riesgo que, no hace falta precisarlo, tenderá a disminuir conforme la investigación avance en el conocimiento de esas hasta ahora ignoradas circunstancias, a partir del análisis de los muy numerosos efectos ya intervenidos en los registros practicados".

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