El juez Ismael Moreno, que instruye el 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional, ha citado a declarar como investigados el próximo 21 de julio a la expresidenta de Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) Isabel Pardo de Vera y al exdirector general de Carreteras Javier Herrero. Ambos están señalados por el Tribunal Supremo por su supuesta implicación en adjudicaciones irregulares vinculadas al Ministerio de Transportes durante la etapa de José Luis Ábalos.

Así consta en una providencia, a la que ha tenido acceso El Independiente. La citación se enmarca dentro de la pieza separada que el magistrado abrió recientemente, y en la que se enmarcan los registros practicados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el pasado 26 de junio en los domicilios de Paro de Vera y Herrero. Ese día, los agentes se desplazaron también a las sedes de Adif y del Ministerio para requerir documentación sobre los contratos que están siendo examinados.

Moreno, que comenzó instruyendo el caso por contratos públicos de mascarillas durante la pandemia, abrió esta nueva línea tras recibir del Supremo indicios "consistentes" sobre la participación de ambos en la adjudicación de obras a determinadas constructoras. El Supremo sólo puede investigar a personas aforadas, como el exministro Ábalos y a las personas que están estrechamente relacionadas con él en la presunta trama delictiva, como su exasesor Koldo García, el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán o el empresario Víctor de Aldama, por lo que derivó esta parte a la Audiencia Nacional.

Los indicios recabados por la UCO señalan que Pardo de Vera y Herrero colaboraron con el exministro a través de Koldo, facilitando información clave para que determinadas adjudicaciones "pudieran llegar a buen término", según recogieron los agentes en el último informe que entregaron al Supremo.

La exdirigente de Adif ya estaba siendo investigada en la Audiencia Nacional por otro asunto relacionado con la supuesta contratación irregular de Jéssica Rodríguez, expareja de Ábalos, en dos empresas públicas dependientes de Transportes. Su declaración estaba inicialmente prevista para el 1 de julio, pero fue suspendida tras autorizarse el registro de su domicilio. Finalmente, comparecerá ante el juez instructor el próximo día 21.