Hasta la vivienda de la expresidenta de ADIF Isabel Pardo de Vera en Galicia se acercaron seis agentes de la Guardia Civil el pasado 26 de junio. Tenían un mandato para registrar el inmueble, después de que el juez ampliara la imputación a la ingeniera por presunta pertenencia a organización criminal, cohecho, delito de tráfico de influencias, prevaricación y malversación de caudales públicos en el marco del 'caso Koldo' en la Audiencia Nacional. En el registro clonaron dos correos electrónicos y encontraron documentos sobre mascarillas.

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El juzgado central de instrucción número 2 de la Audiencia Nacional remitió a un juzgado de Santiago de Compostela (La Coruña) el mandato para realizar la entrada y registro de la vivienda de Pardo de Vera a partir de las siete de la mañana ese día. La información estaba almacenada en una ramificación secreta bajo la batuta del magistrado Ismael Moreno que decidió que la Unidad Central Operativa (UCO) acudiera al registro antes de escuchar a Pardo de Vera. Finalmente, agendó su declaración para el próximo 21 de julio.

En el salón de la vivienda, encima de la mesa encontraron un Mac, y en una estantería una libreta que procedieron a precintar. Según el acta de la UCO, al que ha tenido acceso El Independiente, también hallaron un acuerdo del Consejo de Administración en el que se ratificaba la resolución de la presidenta de Adif en 2020 (en ese momento era ella) por la que se declaraba de emergencia el suministro de cinco millones de mascarillas FFP2. El documento, que incautaron los agentes, estaba fechado el 26 de marzo del año en el que se decretó la pandemia.

En el despacho, en cambio, no encontraron nada de interés, si bien sí hallaron material en el teléfono de la persona que acompañaba a Pardo de Vera. En un iPhone localizaron la cuenta de google personal de la investigada. "Siendo las 08:34 horas se procede a acceder a dicha cuenta", indica el documento policial. También se clonó una conversación del chat de Whatsapp entre el hombre y Pardo de Vera. "Asimismo, se localiza una cuenta del aplicativo DropBok asociada al correo electrónico '[email protected]' procediéndose a realizar una exportación completa de los archivos almacenados en la misma".

El magistrado Moreno decidió ayer ampliar la imputación a la ingeniera, que ya estaba investigada por la contratación de Jésica Rodríguez --expareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos-- en una empresa pública. Ahora, el juez cree que también pudo participar en el amaño de obras a cambio de mordidas que se investiga igualmente en el Tribunal Supremo por la implicación tanto de Ábalos como del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán.

El informe de la UCO del pasado 12 de junio dio un salto cualitativo en las pesquisas e incluyó posibles irregularidades en el trato de Transportes con algunas constructoras como Acciona. Así, se ha visto implicado el ex director general de Carreteras Javier Herrero, a quien también se le registró la vivienda. La Guardia Civil recoge grabaciones de los exdirectivos con el exasesor Koldo García y, para los investigadores, éstas demuestran que se produjeron manipulaciones del proceso de contratación pública para lograr dinero de forma ilegal.

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