Se ha dado "un paso adelante" y "el Gobierno sale mejor de lo que ha entrado a este pleno". Lo reconoció este miércoles en los pasillos del Congreso el ministro de Cultura y portavoz estatal de Sumar, Ernest Urtasun, una vez finalizada la comparecencia del presidente por la presunta corrupción que afecta, de momento, a Santos Cerdán y José Luis Ábalos en el marco de la 'trama Koldo'. Se siguió así la línea esbozada por Yolanda Díaz, que agradeció a Pedro Sánchez haber adoptado la mitad de las medidas sugeridas en el seno de la coalición.

De la Oficina contra la corrupción, pasando por la expropiación de bienes de corruptos, la rendición de cuentas de cargos públicos y partidos, la subida de penas para los condenados y el veto a empresas implicadas para la contratación con la Administración pública. Todo contemplado en un plan nacional contra la corrupción.

Pese a todo, aunque en el partido muestran satisfacción por esa apertura en el PSOE, después de verlo "inmóvil" y en "shock", se sigue reprochando en privado que el presidente no terminó de concretar cómo se abordará todo lo prometido y qué plazos se seguirán. "Hay que ver qué tiempos se manejan en el PSOE", instan fuentes magentas a esperar para sentarse a negociar con mayor precisión. Se quiere configurar un calendario y también detallar qué es lo que se hará desde el Consejo de Ministros y qué se impulsará directamente desde el Congreso de los Diputados.

En el caso de la Agencia de Integridad Independiente —esa oficina anticorrupción—, Sumar ha precisado que debe partir de su grupo parlamentario a partir de septiembre, en cuanto tengan cupo. La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo expresó al PSOE, de hecho, que esperan su apoyo firme una vez se reinicie el ciclo de sesiones ordinarias. Ya han registrado la proposición de ley. Pero hay mucho más pendiente. En detalle, Sumar quiere fijar plazos con los socialistas para ver cómo se va dando cumplimiento a cada objetivo de regeneración y también en temas sociales. No quieren esperar a septiembre como apuntan en el PSOE en ese sentido. Sobre todo en lo que dependa directamente del propio Consejo.

El PSOE reconoce que los socios siempre querrán más de lo que se acaba pactando. No les parece mal, pero recalcan que son partidos diferentes

De momento, lo que conocen es lo verbalizado por Sánchez en el pleno: se acogen a la coordinación con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) para la implementación. A priori, se barajan de doce a 24 meses para ello. Lo que resta, en su máximo, la legislatura. Se incide en que habrá rendición de cuentas durante el proceso. Fuentes del Gobierno acortan ese plazo y hablan de un año para el grueso. Ven legítimas las críticas de los socios más allá de Sumar, que quedaron patentes en la comparecencia.

"Siempre querrán más, no nos parece mal", trasladan esas mismas fuentes, que pese a todo recalcan que se guían bajo sus objetivos. "Somos partidos diferentes", defienden, a la vez que creen que se ha hecho un discurso a la altura de lo que se exigía. Igualmente, a diferencia de ellos y de Sumar, se piensa que las explicaciones de las medidas fueron claras. Quedan satisfechos después de la comparecencia de Sánchez y la actitud de los socios —también del oxígeno indirecto recibido por el PP, por sus formas, dicen—. Aseguran que hay una constatación de que la legislatura tiene recorrido por las demandas generalizadas de ese giro social y alejan cualquier nuevo golpe por corrupción: "Estamos seguros de que no saldrá nada más".

Cumplimiento del pacto de Gobierno

Las medidas sociales que piden Sumar y otros socios de izquierdas están sobre la mesa, dicen en el PSOE. "Son otra variable" de lo expresado este miércoles por Sánchez y se garantiza que se actuará con "contundencia". Sumar, en cambio, insiste en esa necesidad de precisiones. "La agenda social es igual de importante" que la de regeneración, es crucial "para pasar de resistir a gobernar", afirman desde la primera fila del grupo parlamentario magenta.

En vistas del pleno extraordinario del 22 de julio, con orden del día ya establecido —aunque con capacidad de modificaciones—, los magentas dejan caer que podría utilizarse para empezar a llevar medidas este mes. Al menos desde el Consejo de Ministros. De momento, está fijado el debate de enmiendas a la totalidad de PP, Vox y Junts al proyecto de ley para la reducción de la jornada laboral. No hay visos de que puedan tumbarse para que la iniciativa siga su tramitación. Sin embargo, y con esperanzas en Sumar de que la presión pueda a los de Mìriam Nogueras, los magentas instan al PSOE remar con todo junto a ellos a conciencia de ciertas reticencias con el contenido de la ley. La propuesta de Economía, en un principio, era más rebajada y priorizaba el consenso con la patronal y los sindicatos.

Respecto a esa fecha y a la actuación desde Moncloa, se pone de relieve un decreto ley para llevar cuanto antes la ampliación de los permisos por paternidad retribuidos de 16 a 20 semanas, y por cuidados, para la retribución durante cuatro de las seis semanas. Es, junto a la vivienda, la prioridad de Sumar. Por compromiso, dicen, tras un año de bloqueo de la ley impulsada por Pablo Bustinduy en el Congreso, en plazo aún de enmiendas después de más de medio centenar de prórrogas parlamentarias.

Pero también ante el impacto económico al que se enfrenta España. El 2 de agosto de 2024 venció el plazo para trasponer este asunto, derivado de una directiva europea. El retraso acumulado ha hecho al Gobierno desembolsar diariamente 9.760 euros diarios desde entonces. Nos enfrentamos a una multa de nueve millones a partir de agosto por esa tardanza en suma, así como que la sanción pase a 40.000 euros a diario. No sentó bien que durante su intervención Sánchez no entrara a valorar esta medida junto al resto. Más cuando lo han exigido los magentas públicamente esta semana.

Díaz incidió en todo ello durante su intervención en el Congreso este miércoles. "Le pido, señor presidente, que dejen de bloquearse medidas. El Estatuto del Becario, que pongamos recursos para el Ministerio de Juventud e Infancia, que financiemos bien la ley de dependencia, que saquemos adelante el Estatuto del Artista, que saquemos adelante las medidas para mejorar las condiciones de los técnicos de Sanidad y que cumplamos con el acuerdo de Gobierno". "Tenemos que avanzar en vivienda. O estamos con las familias y los jóvenes, o con los fondos buitre. Y no tenemos elección, tenemos que gobernar para la mayoría social", dijo Díaz.

Recalcó que la vivienda debe estar "en el centro", pero también el real decreto de permisos. Con él en la mano, garantizó frente al pleno que se va a llevar a cabo. "La semana que viene presentaremos esto en Consejo de Ministros, esperamos el compromiso y los votos del PSOE para sacarlo", lanzó Díaz este órdago a los socialistas. De darle luz verde, para lo que se requiere el apoyo explícito del PSOE, con mayoría en la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, podría incluirse en ese pleno del 22 de julio previa modificación del orden del día.

Cualquier medida que llegue al Congreso por distinta vía depende de Puigdemont en última instancia. El Gobierno se puede ir de vacaciones con nuevas derrotas parlamentarias

En Sumar, que venían presionando externamente al PSOE estos últimos días, ahora reconocen que ha habido conversaciones las últimas horas. Como publicó El Independiente, veían margen para la aprobación de esa Oficina, pero también para que haya apoyo el martes que viene en Moncloa a ese decreto. Se matiza que las conversaciones de cara al pleno se limitaron a las cuestiones de regeneración, no sobre este punto. Pero la seguridad de Sumar al respecto denota que ha tenido que abordarse de una forma u otra. Aquí la duda, más allá del PSOE, es qué votarán los socios si llega pronto a pleno.

El proyecto de ley, bloqueado en plazo de enmiendas, es idéntico al elaborado por Unidas Podemos en el Ministerio de Derechos Sociales la legislatura pasada, cuando decayó por el adelanto electoral de generales. Sumar incluyó esas mejoras mediante enmiendas parciales, pero los distintos vetos de los socios impiden que siga su curso. De aprobarse por decreto la semana que viene, habría de plazo hasta mediados de agosto para su convalidación en el Congreso. Es clave, sobre todo, el apoyo de Junts, que difiere de la ley por una cuestión de competencias autonómicas.

El peso de la legislatura, "a la espalda" de Díaz

Sumar sigue reivindicándose como motor de la legislatura. En su intervención, Díaz lo hizo constantemente. Le dio un ultimátum a Sánchez: o medidas, o paso a la derecha y Vox. Cuenta de ello dio Urtasun a la salida del pleno. Consideró que la vicepresidenta el miércoles se echó el peso de la legislatura y del progresismo "a la espalda". Lo cierto es que el tono fue contundente, criticándose más la parálisis que la corrupción en sí.

Los magentas, conocidos los anuncios, quieren detallar las condiciones, pero no renuncian a ese despliegue de la agenda social: a la regulación de los alquileres de temporada —se trabaja en comisión para ello, ya que está en el Congreso—, la ampliación de contratos y protección de los inquilinos, o la actuación en las zonas tensionadas, así como esas cuentas pendientes mencionadas por Díaz. PSOE y Sumar entran en una batalla por el control de los tiempos y el ritmo, pero con garantías de continuidad. Más cuando el PP sigue aumentando las diferencias con sus potenciales socios para una moción.