La primera votación en el Congreso de los Diputados sobre el proyecto de ley de reducción de la jornada laboral tendrá que esperar, al menos, hasta el próximo periodo de sesiones a partir de septiembre. No se incluirá en el orden del día del próximo pleno extraordinario del 22 de julio que acoge el Congreso de los Diputados para debatir diversas cuestiones que quedaron pendientes las últimas semanas. Así lo acordaron, según indica Trabajo, este martes los equipos negociadores del Ministerio de Trabajo y Economía Social, encabezado por Yolanda Díaz, y de Junts, liderado por Miriam Nogueras después de una reunión. Hasta este martes, Sumar aseguraba que se incluiría la votación.

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En este último encuentro, enmarcado en la ronda de consultas que Díaz y los suyos están desarrollando con los diferentes grupos parlamentarios, Junts volvió a insistir en su interés de que se protejan a las Pymes. Los neoconvergentes consideran que el borrador propuesto por Trabajo les perjudica y puede provocar cierres de pequeñas y medianas empresas en Cataluña, así como sobre carga de trabajo para los autónomos. Que, en definitiva, la nueva norma perjudique el desarrollo de su actividad diaria.

En vista a que a día de hoy los de Carles Puigdemont no ven garantías de que esta legislación no penalice al sector, el ministerio que lidera la vicepresidenta segunda del Gobierno pactó extender los plazos para seguir negociando. "Dado que se trata de una medida importante para el Gobierno español, Trabajo ha decidido dar más tiempo a estas negociaciones para que se pueda superar la fase de totalidad en el próximo periodo de sesiones", aseguran fuentes del ministerio.

En la comparecencia posterior al Consejo de Ministros de este martes, Díaz insistió en que el objetivo seguía siendo "necesariamente" abordar ese primer trámite parlamentario antes de finales de agosto, en esa cita extraordinaria en la Cámara Baja. Pero también aludió a que debían darse "las condiciones más favorables posibles" para que continuase la tramitación y se aprobase la medida. Y ahora, no estaba garantizado para nada que se pudiese seguir avanzando a final de mes. "Seguimos trabajando para mejorar la vida de 12 millones y medio de trabajadores y trabajadoras de nuestro país. También les digo que creemos que este debate debe de darse en las condiciones más favorables posibles en nuestro país", expresó la vicepresidenta.

El pasado 6 de mayo el Consejo de Ministros aprobó esta medida y la remitió al Congreso para comenzar su tramitación con carácter de urgencia. Hasta la fecha, se amplió el plazo de enmiendas hasta en cuatro ocasiones para la falta de apoyos. Se vienen produciéndose distintos encuentros con Junts en los que se ha patentado el bloqueo y la incapacidad de seguir adelante. Algo que se constató más aún con la presentación de una enmienda a la totalidad de los neoconvergentes que se añade a la del PP y la de Vox.

El bloqueo de Junts

Ya a principios de año la intención de Trabajo de impulsar sí o sí la medida le llevó a un choque con Economía. Entonces, Carlos Cuerpo, el titular del ramo, alertó a Díaz de la necesidad de iniciar el trámite con un acuerdo conjunto entre patronal y agentes sociales. Sin embargo, la incapacidad de conseguir el apoyo de los primeros no impidió continuar adelante. Ahora, Junts reprocha que esta medida nace sin ese consenso general. De hecho, desde Foment del Treball se viene presionando a los neoconvergentes para que derriben la norma.

Junts en privado comenta que rechaza en sí el general del borrador, compuesto de tres patas: la reducción de jornada a las 37,5 horas semanales, que ya se aplica en muchas empresas, especialmente en las grandes; el derecho a la desconexión digital fuera del trabajo; y el control horario. Desde Junts consideran que las Pymes no pueden asumir esa reducción íntegra y piden flexibilidad. "Al final serán los propios propietarios quienes para compensar tengan que exceder esas horas de trabajo que no hagan sus empleados", afirman los neoconvergentes.

Tampoco están de acuerdo con ese reforzamiento horario. Sobre todo, con el incremento de sanciones por incumplimiento, que es la matriz, lo más esencial para Sumar. En sí, en Junts creen que debe hacerse tabla rasa y empezar de cero. Piden a Trabajo focalizarse más en cuestiones como el absentismo laboral o el desempleo juvenil. La cuota magenta del Gobierno, pese a todo, no se resigna. Proponen ayudas a las pymes para que Junts ceda.

Hasta la fecha Sumar venía insistiendo en el pleno extraordinario del día 22 de julio. Se aseguraba que, de insistir Junts en su posición, usarían el pleno para abrir el debate y que cada uno quedara expuesto ante el público. Finalmente, la posibilidad de que la ley estrella de Díaz quedara en papel mojado, ambas formaciones han tomado esta decisión de aplazamiento.

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