El Partido Popular ha vuelto a la ofensiva contra la presunta trama de corrupción que afecta a los ex secretarios de Organización de Pedro Sánchez, Santos Cerdán y José Luis Ábalos, además de a Koldo García. Y lo hace presentando en el Congreso una batería de 64 preguntas por escrito dirigidas nada menos que a 13 Ministerios. El objetivo de esta nueva estrategia persigue la obtención de "información exhaustiva" sobre los contratos públicos firmados por el "triángulo tóxico", según definición del propio PSOE. También si se utilizaron fondos europeos Next Generation en esas operaciones.

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Sin más sesiones de control al Gobierno hasta después de las vacaciones de verano, los populares preguntan al actual ministro de Transportes, Óscar Puente, si puede detallar si alguna de las empresas presuntamente implicadas en la denominada "trama Koldo-Ábalos-Cerdán" ha resultado adjudicataria, directa o indirectamente, con contratos u otras ayudas financiadas total o parcialmente con fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, en el ámbito de su Ministerio y sus entes dependientes. Aluden, en concreto, a Adif, Renfe o Puertos del Estado y si ha habido posteriores modificaciones.

Pregunta a la vicepresidente Yolanda Díaz

De Yolanda Díaz quieren saber si puede confirmar "si alguna de las ayudas o contratos ligados al empleo, economía social o modernización del SEPE" fue concedida a empresas mencionadas en la presunta trama corrupta. En caso afirmativo, piden detallar el nombre de la empresa o razón social, la fecha de adjudicación, el importe concedido, el tipo de procedimiento utilizado (concurrencia competitiva, adjudicación directa u otro), así como la administración o entidad encargada de su tramitación y el estado actual del expediente.

A continuación hay una serie de interrogantes que se repiten en todos y cada uno de los requerimientos de información. "¿Se ha iniciado algún procedimiento de revisión, suspensión o control especifico sobre dichos expedientes tras conocerse los hechos investigados por la Guardia Civil? ¿Se ha dado traslado directamente a la Comisión europea o a la Fiscalía europea?" Y, también si a cada uno de los ministerios aludidos se les ha informado de la gestión de esos fondos.

El PP sostiene su ofensiva sobre el informe de la UCO de junio

La petición de nueva información no alcanza sólo al controvertido ministro de infraestructuras y a la vicepresidenta segunda sino también a Presidencia y Justicia, Economía, Interior, Educación y Transformación Digital y Función Pública. Asimismo a Industria, Juventud e Infancia, Vivienda y Agenda Urbana, Transición Ecológica y Reto Demográfico, Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 e Igualdad. No hay distinciones entre departamentos dirigidos por el PSOE o por Movimiento Sumar.

Los populares sostienen esta nueva ofensiva en que según los informes de la UCO, hechos públicos el pasado mes de junio, "esta trama habría implicado a empresas beneficiarias de contratos millonarios en diversos ministerios y entes públicos, incluyendo algunos financiados por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la Unión Europea (Next Generation EU)".

La nueva ofensiva coincide con el estallido del 'caso Cristóbal Montoro' y su imputación, esto es, la supuesta implicación del ex ministro de Hacienda con José María Aznar y Mariano Rajoy, en una red de trafico de influencias por las que su departamento acometía reformas legales para beneficiar a empresas que pasaban por la consultoría por él fundada, Equipo Económico. Todo un balón de oxígeno para el PSOE frente a un PP que quiere centrar el tiro en los casos de corrupción que afectan al que ha sido el equipo de Pedro Sánchez y no "en una persona que lleva siete años fuera de la actividad política", aducen con reiteración en Génova. Los populares han intentado marcar de este modo distancias con el ex ministro al que nadie ha apoyado públicamente.

Este martes comparece Antxon Alonso en el Senado

De ahí su intención de mantener vivos los casos de corrupción vinculados a los socialistas incluso en mitad del mes de julio. Mañana martes comparecerán ante la 'comisión Koldo' del Senado el socio de Santos Cerdán en la empresa navarra Servinabar 2000, Joseba Antxon Alonso, y el expresidente de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), Vicente Cecilio Fernández.

Este martes hay un pleno extraordinario en la Cámara Baja bastante descafeinado. El Gobierno ha aparcado el debate de las enmiendas de totalidad de la ley de reducción de la jornada laboral ante la falta de acuerdo con Junts, una de las enmendantes. La misma suerte han corrido las llamadas 'leyes Bolaños', tanto la que afecta al acceso a la carrera judicial como a la instrucción de las causas por parte de los fiscales, también por falta de quorum para sacarlas adelante.

Así, lo más llamativo de este pleno es la votación de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso. El nuevo texto incorporará el lenguaje inclusivo y, además, sancionará a aquellos activistas que, disfrazados de periodistas, obstruyan las ruedas de prensa e ignoren "las instrucciones del coordinador de estos eventos".

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