Los letrados del exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán han defendido este martes su excarcelación en el Tribunal Supremo. La defensa alega que en este tiempo de prisión provisional no se ha practicado ni una sola diligencia destinada a evitar la destrucción de pruebas, como un registro en la vivienda del político, y que no existen indicios suficientes, más allá del informe de junio de la Guardia Civil, para mantener una medida tan restrictiva de derechos. La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, ha defendido que Cerdán continúe en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).

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La Sala de Apelación integrada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena deberá decidir ahora si el riesgo de destrucción de pruebas permanece y si rechaza o apoya la libertad provisional.

La vista comenzaba a partir de las 10:30 de este martes, a puerta cerrada, y el objetivo era estudiar un recurso presentado por el equipo de letrados de Cerdán formado por Benet Salellas y Jacobo Teijelo, quienes señalan que no hay "indicios suficientes" en su contra. Las alegaciones han durado aproximadamente una hora y media.

Según fuentes presentes en la vista, los letrados han defendido que existe mucha información que la Unidad Central Operativa (UCO) del Instituto Armado no ha analizado aún y que el propio juez ha aprobado una pericial sobre los audios de Koldo García, que es el indicio que vertebra la acusación del diputado.

Salellas y Teijelo no entienden qué diligencias se están protegiendo con la prisión provisional cuando ni se ha acordado un registro en sus viviendas, ni se ha propiciado un volcado de su teléfono y han recordado que la decisión que tome ahora el Supremo será importante porque es muestra en la que se fijarán el resto de tribunales de España. La familia del político avisó, de hecho, de que iban a mudarse a Navarra este lunes y, efectivamente, ayer se completó la mundaza sin que ningún agente haya revisado sus pertenencias.

Asimismo, han asegurado que Cerdán está a disposición de la justicia y en su interrogatorio el pasado 30 de junio permitió que tanto el fiscal como el juez instructor de la causa, Leopoldo Puente, le pudieran preguntar. Tampoco entienden a qué se refiere el magistrado cuando habla del riesgo de manipular a los testigos cuando todos los que estaban citados ya han comparecido.

En su recurso, el exdiputado se dice víctima de una "causa general" y acusa a Puente, que es quien dirige la investigación por supuestos amaños de contratos públicos a cambio del cobro de mordidas, de tener una actitud "inquisitiva" y de conducir la investigación "contra reo".

Entre las tesis que los letrados plantearon en sus alegaciones está que el encarcelamiento ha sido promovido para buscar una confesión como ocurrió con el empresario Víctor de Aldama, que estuvo en esa misma prisión en noviembre del pasado año y pronto pidió salir para contar todo lo que conocía de la actividad supuestamente ilegal del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor en el Ministerio Koldo García y el propio Cerdán. Los tres son los vértices que perimetran, de momento, esta trama de corrupción.

Si se buscaba evitar la destrucción de pruebas, se han preguntado este martes, por qué no se le detuvo el día 17 de junio, al día siguiente de dejar de ser aforado.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción ya se había opuesto al recurso de apelación considerando que existe un "amplísimo caudal de indicios" contra Cerdán. El jefe de esta Fiscalía Especial, Alejandro Luzón, coloca al político en la cúspide de la corrupción y cree que tiene el poder no sólo de "ocultar" pruebas, sino también de manipular a testigos. Las acusaciones populares han pedido también la continuidad de Cerdán en prisión, a excepción de dos de ellas: Adade y Cataluña en Comú.

Visitas en Soto del Real

El exdirigente socialista lleva desde el pasado 30 de junio en prisión provisional. El juez Leopoldo Puente dictó esta medida cautelar pedida por la Fiscalía Anticorrupción tras el interrogatorio en el que Cerdán se sacudió de cualquier acusación de amaño de obras. Aseguró que nunca había cobrado dinero de constructoras, que las conversaciones que grabó Koldo y que transcribe la Guardia Civil pueden estar manipuladas y que todo el procedimiento es una cacería para desintegrar al Gobierno progresista que dirige Pedro Sánchez.

Una de las medidas más polémicas en estos días surgió la pasada semana cuando la Unidad Central Opertiva (UCO) del Instituto Armado pidió a Instituciones Penitenciarias que le informara sobre quién y cuándo visitaba a Cerdán a ser posible antes de que ocurriera. Incluso, dijo en un documento policial, los abogados que iban. Esto provocó un profundo malestar en sus letrados que alegaron que se trataba de una vulneración evidente del derecho a la defensa.

Prisiones remitió al juez esta petición para advertir de que la estaba documentando y dar la oportunidad a Leopoldo Puente de ordenar que no lo hiciera. Sin embargo, el magistrado se desentendió del asunto, dijo que el requerimiento no era judicial y que Instituciones Penitenciarias hiciera lo que creyera conveniente.

Este ha sido otro de los puntos a tratar en la vista de hoy. Los letrados requieren al Supremo que se pronuncien sobre si esto es o no es ilícito, pues contraviene la ley de defensa, en concreto, el artículo 16 que es el que protege la relación abogado cliente. "Hemos pasado de una presunción de inocencia a una presunción de indecencia", han llegado a decir literalmente los abogados.

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