El CGPJ nombra por mayoría a Martínez Arrieta y Lucas para las salas más sensibles del Tribunal Supremo

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha nombrado por unanimidad a Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas para las presidencias de la Sala de lo Penal y la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Supremo, respectivamente. Desbloquea así las designaciones de las Salas más sensibles que llevaban meses en funciones, después de la renuncia de las dos candidatas progresistas.

El Pleno del Poder Judicial acaba de votar estos dos nombramientos, según confirman fuentes jurídicas a El Independiente. La negociación venía ya cerrada después de que un intentona anterior fracasara y las relaciones entre conservadores y progresistas estuvieran cerca de descarrilar.

El camino se allanó la pasada semana cuando la magistrada de la Sala de lo Penal Ana Ferrer, que era la favorita de los progresistas, dio un paso a un lado para permitir que el presidente en funciones, Martínez Arrieta, y más antiguo en el escalafón consolidara su plaza. Según la carta que ella misma remitió a la presidenta del CGPJ y del Supremo, Isabel Perelló, entendía que la silla presidencial de una Sala tan importante no podía quedar vacía más tiempo porque esto abundaba en la desafección de los ciudadanos en la Justicia.

En un acto que muchos vocales calificaron de “generoso”, Ferrer dejó de competir por la presidencia y su homóloga en la Sala Tercera, Pilar Teso, también hizo lo mismo. En una nota, el sector progresista ha explicado en una nota que han facilitado los nombramientos por "lealtad institucional" y que "en ningún momento" han dudado de "su valía".

Los progresistas señalan el "desequilibrio"

No obstante, han remarcado que se ha perdido una oportunidad "de marcar un antes y un después" en la historia del Tribunal Supremo, en alusión a que buscaban que "al menos una de sus candidatas hubiera sido elegida para hacer efectiva la ley de paridad.

Han incidido en "el desequilibrio" existente en "los puestos decisorios" y han defendido que, en aplicación de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en los nombramientos discrecionales debe garantizarse el principio de presencia equilibrada de mujeres y hombres, que ningún sexo supere el 60% ni sea inferior al 40%.

El bloque progresista defendía que Ferrer y Teso eran las candidatas con el mejor programa de gobierno para sus salas, así como que estaban en disposición de ejecutarlo porque podían completar los cinco años de mandato asociados al cargo, a diferencia de Lucas y Martínez Arrieta, cuya jubilación está prevista para julio de 2026 y abril de 2027, respectivamente.

Por contra, el conservador destaca la veteranía de sus candidatos, su excelencia jurídica y el hecho de que ya ocupan el cargo: desde el pasado diciembre en el caso de Martínez Arrieta, tras expirar el mandato de Manuel Marchena, y Lucas desde diciembre de 2022, por la salida de César Tolosa al Tribunal Constitucional.