El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán seguirá en prisión provisional por orden del Tribunal Supremo. La Sala de Apelación integrada por los magistrados Juan Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Pablo Llarena ha decidido por unanimidad que el riesgo de destrucción de pruebas permanece debido a su "papel directivo" en la trama de corrupción y ha rechazado el recurso del exdiputado. Esto supone que el navarro pasará, al menos, todo el verano en una celda del centro penitenciario de Soto del Real (Madrid).

PUBLICIDAD

La vista celebrada este martes desde las 10:30, a puerta cerrada, tenía el objetivo de estudiar un recurso presentado por el equipo de letrados de Cerdán formado por Benet Salellas y Jacobo Teijelo, quienes señalan que no hay "indicios suficientes" en su contra.

El exdiputado se dice víctima de una "causa general" y acusa al instructor del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, que es quien dirige la investigación por supuestos amaños de contratos públicos a cambio del cobro de mordidas, de tener una actitud "inquisitiva" y de conducir la investigación "contra reo".

Sin embargo, la Sala coincide con Puente en que "está racional, objetiva y detalladamente fundada la consideración de magistrado instructor de existir  un peligro de que pueda perjudicarse irremediable y gravemente la investigación por una actuación obstruccionista del recurrente".

Los magistrados señalan que los indicios son "nutridos y poderosos" contra Cerdán y destacan los audios de Koldo. "Conversaciones extraordinariamente elocuentes de la realidad de los hechos, de la participación en ellos de los investigados y de que el recurrente ostentaba en la trama unas funciones preeminentes y de dirección".

Entre las tesis de los letrados está que el encarcelamiento ha sido promovido para buscar una confesión como ocurrió con el empresario Víctor de Aldama, que estuvo en esa misma prisión en noviembre del pasado año y pronto pidió salir para contar todo lo que conocía de la actividad supuestamente ilegal del exministro de Transportes José Luis Ábalos, su exasesor en el Ministerio Koldo García y el propio Cerdán. Los tres son los vértices que perimetran, de momento, esta trama de corrupción.

Ambos defendieron que el Supremo está intentando proteger un riesgo, el de destrucción de pruebas, sin argumentos sólidos porque en todo este tiempo no han ordenado la entrada y registro de su vivienda, ni han ordenado un volcado del teléfono móvil, ni acudieron a detener a Cerdán cuando dejó de ser aforado el pasado 16 de junio. Además, indican que tampoco existe ya peligro alguno de manipulación de testigos, toda vez que todos han sido ya citados a declarar.

La Sala de Apelaciones explica que existen numerosos apuntes en la causa que evidencian que se amañaron contratos. "El marco indiciario que se ha descrito desvela por sí solo la naturaleza de la actividad que se desplegó, así como el modo en que se desarrolló y cómo los investigados se repartían, de manera furtiva, unas cantidades portentosas e injustificadas de dinero, en un comportamiento que solo se muestra coherente con la actividad delictiva que se investiga".

Los letrados aseguraron que se les estaba "vigilando", incluso, en prisión, después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pidiera a Instituciones Penitenciarias que informara detalladamente sobre todas las visitas que recibía el interno. Los abogados señalaban que esta solicitud lesionaba gravemente el derecho de defensa, si bien, finalmente, Interior ha decidido no enviar estos datos al Instituto Armado pues no existe orden judicial en vigor. "Hemos pasado de la presunción de inocencia a la presunción de indecencia", reclamaron sus letrados.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción se opuso al recurso de apelación considerando que existe un "amplísimo caudal de indicios" contra Cerdán. El jefe de esta Fiscalía Especial, Alejandro Luzón, coloca al político en la cúspide de la corrupción y cree que tiene en ningún momento ha colaborado con la justicia, pues su interrogatorio el pasado 30 de junio fue un "masaje" a modo de entrevista y no una declaración formal.

Los magistrados entienden que todavía quedan muchos detalles por aflorar y esto podría estar en riesgo si se efectuara la destrucción de pruebas. "Una parte nuclear de la indagación se orienta a definir todas las entidades involucradas y cuál fue el curso económico de los sobornos entre el pago y su percepción por quienes se enriquecieron con el cobro", reflejan.

"Con todo, la posibilidad del recurrente de concertarse con otros investigados para construir descargos, así como su capacidad de destruir documentos, crear otros que puedan ahora justificar movimientos pasados, concertarse con testigos o, incluso, modificar el actual emplazamiento de sumas de dinero defraudadas que pudieran estar bajo su control u de ocultarlas bajo sociedades u hombres de paja, justifican sobradamente la precaución del instructor ante un riesgo que, por todas las razones que se han expuesto, no es en modo alguno apreciable con la misma intensidad respecto del resto de investigados", argumentan.

PUBLICIDAD