El sumario del caso Montoro muestra cómo el bufete creado por el ex ministro de Hacienda del PP, Equipo Económico, colocó en el departamento que controlaba las cuentas del Estado a gente de su confianza. Pero también intentos de colocar fuera de España, en puestos relacionados con asuntos tributarios, a familaires.

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Así se desprende de un informe de los Mossos d'Esquadra aportado a la causa y al que ha tenido acceso El Independiente. El 25 de enero de 2017, el entonces director general de la Agencia Tributaria (AEAT), Santiago Menéndez, recibió un correó de Julia Martínez Rico. Esta mujer es la hermana de Ricardo Martínez, socio de la firma que fundó Cristobal Montoro, ex secretario de Estado de Presupuestos con José María Aznar, y mano derecha del ministro popular.

En el mensaje, Julia Martínez le pidió al maximo responsable de la AEAT que enviase una carta de recomendación al director general de TAXUD, la Dirección General de Fiscalidad y Unión Aduanera de la Comisión Europea. Estaba interesada en un puesto e intentó movilizar sus lazos políticos para ello.

La "carta de recomendación", según los Mossos, la habría redactado la propia Martínez. Menéndez sólo tenía que firmarla y enviarla. Pero por si eso no fuese suficiente para que le diesen el puesto, le pidió "hacer una llamada al Embajador, Pablo García-Berdoy, para que haga sus contactos". Tenía prisa, ya que la presentación de instancias acababa ese mismo día. García-Berdoy fue representante permanente ante la Unión Europea desde finales de 2016 hasta mediados de 2021.

Dos días después de pedirle que llamase al embajador, Menéndez respondió a la hermana del socio de Equipo Económico. Era 27 de enero y le comunicó que" han realizado todas las gestiones y que espera que sean fructífera para que le adjudiquen el destino", explican los Mossos. Sin embargo, el 20 de octubre, en una nueva comunicación, le informó que no le habían dado la plaza pero que "seguiremos intentándolo".

Segundo intento

En mayo de 2018, volvieron a intentarlo. Una trabajadora de la AEAT envió un correo a Menéndez de parte de Martínez Rico. Le volvió a pedir que hiciese gestiones para un puesto en TAXUD de experto nacional. El mensaje tenía adjunto cartas de recomendación en español e inglés listas para firmar y enviar, así como su currículo vitae para que las mandase al Director General de TAXUD, Stephen Quest.

Además de las cartas, le pidió que hiciese dos llamadas, a ver si esta vez conseguía el puesto que tanto deseaba. Una, de nuevo, al embajador García-Berdoy, y la segunda a la directora de Fiscalidad Indirecta, Maite Fábregas, por ser la responsable de la Unidad.

El jefe de la AEAT accedió a las peticiones de la hermana de Ricardo Martínez. Los Mossos han localizado que el máximo jefe de TAXUD recibió la carta y que Fábregas respondió al mensaje. La directora de Fiscalidad Indirecta dijo que el proceso de selección estaba reglado en la Comisión, por lo que tenían que seguir el procedimiento establecido. Los Mossos no saben si finalmente Julia Martínez consiguió la plaza.

Equipo Económico recurre

Un juez de Tarragona investiga al exministro de Hacienda Cristóbal Montoro y a su equipo por supuestamente crear una "red de influencias" que impulsó modificaciones legislativas para favorecer a empresas gasistas a cambio de "importantes pagos" a la sociedad Equipo Económico, de la que fue socio fundador y presidente.

Equipo Económico ha presentado un recurso en la Audiencia Provincial de Tarragona contra el juzgado que investiga su participación en una trama de favores a empresas, y niega haber pagado jamás a ningún funcionario. En un comunicado, el despacho señala que ayer presentó un recurso de apelación dirigido a la Audiencia Provincial de Tarragona, denunciando las "graves irregularidades advertidas en la causa desde su inicio".

El comunicado explica que los cambios normativos que se analizan en la causa, y que "supuestamente pudieran ser ilegales" según el juez, "fueron aprobados por las Cortes Generales, siguiendo los exigentes trámites previstos en nuestro ordenamiento, lo que implica la participación de distintos órganos consultivos".

Dichos cambios normativos, que fueron "objeto de debate, enmienda y aprobación por las cámaras legislativas", estaban amparados por la legislación comunitaria. Además, defienden que no han sido modificados en los muchos años transcurridos desde su aprobación.

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