El Ministerio de Hacienda, con Cristobal Montoro a la cabeza, aprobó beneficios económicos para empresas gasísticas en 2018 a pesar de existir una gran cantidad de sentencias judiciales en contra. El sumario del caso Montoro, al que ha tenido acceso este periódico, refleja que el argumento para el cambio normativo era falso.

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Las cuentas de 2018 reflejaron un cambio tributario en el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) para las empresas gasísticas. En el causa se investiga si las compañías del sector acudieron al despacho Estudios Económicos, fundado por Montoro a principios de siglo, para influir en modificaciones legislativas que les fueran más beneficiosas a cambio de cuantiosos pagos.

Según un informe de los Mossos d'Esquadra de julio de 2021, el Gobienor cambió los impuestos locales para que las empresas del gas tuvieran "una tarifa mucho más reducida". Estas compañías llevaban "varios lustros de litigios con la administración" y se coordinaron a través de AFGIM (una suerte de patronal) para conseguir un mejor trato. Sin embargo, subrayan los investigadores, "todos los esfuercos resultaron infructuosos hasta que entró en escena el despacho Equipo Económico".

El informe policial señala que Hacienda esgrimió una justificación que "no era real": dar mayor seguridad jurídica a las empresas que debían pagar esos impuestos. Los Mossos dicen que el argumento era falso pues "no existían criterios dispares entre la Administración y los Tribunales". Es decir, que en numerosas ocasiones (todas menos una), la Justicia había fallado a favor de los ayuntamientos, por lo que la doctrina de los jueces era similar en casi todos los casos.

Legislación clara

El cambio en los presupuestos modificó un real recreto de 1990 "que ya establecía claramente cuál tenía que ser la fiscalidad de los productos fabricados" por las empresas en torno a AFGIM. Además, apuntan los Mossos, existían distintos pronunciamientos en contra de las compañías que contrataron los servicios de Equipo Económico, la firma de Cristobal Montoro.

Por ejemplo, a finales de mayo de 2016, la Dirección General de Tributos dio la razón a los ayuntamientos. En diciembre de 2007, el Tribunal Contencioso Administrativo de Bilbao desestimó un recurso de AIR Liquide España contra el Consistorio de baracaldo por valor de casi 460.000 euros en impuestos.

Los tribunales superiores de Justicia del País Vasco, Asturias y Cataluña se pronunciaron, con anterioridad de los últimos presupuestos del PP, en contra de los argumentos de las empresas que conforman AFGIM. Sólo el de Madrid dictaminó sentencias afavor de estas empresas en 2012 y 2013.

Pero hay más. La policía autonómica ha encontrado sentencias de la Audiencia Nacional, del Tribunal Supremo y de distintos Tribunales Económicos Administrativos Regionales (TEAR) contrarios a los intereses de las gasísticas. Por todo ello, califican de "chocante la justificación esgrimida" sobre la inseguridad jurídica.

A los agentes les llama la atención que en ningún caso se optó por motivar el cambio por un tema económico. "A mayor abundamiento, cabe destacas que en aquellas fechas los ayuntamientos, y en general el sector público, estaban sufriendo una difícil situación financiera, motivada por la grave crisis económica existente".

"En este sentido, interesa resaltar que el importe litigado a través de los recursos judiciales a los que se ha tenido acceso ascenció a un total de 5.593.852,94€. Cifra que podría ser mucho más elevada, ya que hay sentencias en las que no se mencionaba el importe recurrido".

Equipo Económico ayudó

En los correos intervenidos, los Mossos relatan que las empresas de AFGIM encontraron la puerta cerrada de Hacienda hastaque, a finales de 2016, se pusieron en contacto con Equipo Económico.

El 21 de febrero de 2017, preparando las futuras cuentas del Estado, hubo una reunión en la sede de la firma de Montoro. Allí se les transmitió a las gasísticas que "la posibilidad de una Ley de Presupuestos, en donde incluir una modificación de las tarifas y notas aclaratorias del IAE, es una incógnita absoluta", pero que iban a trabajar por ello.

En octubre de ese año, el subdirector general de Tributos Locales, Óscar del Amo, se puso en contacto con Carlos Romero, secretario general de AFGIM. El objetivo era "aclarar unas dudas" sobre la redacción final del apartado en los Presupuestos. "La conclusión no puede ser otra que la de inferir que fue la propia AFGIM la que redactó los epígrafes" que se cambiaron para beneficiar a las empresas que contrataron a Equipo Económico.

Anular los correos

Equipo Económico, el bufete fundado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro, ha pedido a la justicia que anule los correos clave en que se basa la causa, al considerar que se obtuvieron irregularmente.

Así lo ha solicitado la defensa de Equipo Económico en un escrito en el que pide a la Audiencia de Tarragona que anule estos correos, que fueron intervenidos por los Mossos d'Esquadra en un "hallazgo casual" durante un registro a la gasista Messer, en Vila-seca (Tarragona), que estaba limitado a la construcción de una planta en El Morell (Tarragona) entre 2007 y 2009.

Entre estos correos que la defensa quiere anular figura uno de diciembre de 2013 en el que un técnico de Messer le decía a su director general: "La vía más directa, como siempre, es pagar a este equipo económico que tiene contacto directo con el ministro de Hacienda Cristóbal Montoro".

A raíz del contenido de este correo, los Mossos alertaron al juez de que era "fácil" concluir que Messer contrató a Equipo Económico por las relaciones de sus miembros con altos cargos de la administración del Estado, lo que les situaba en una "posición privilegiada" para interceder con el Gobierno en defensa de los intereses de las empresas de la Asociación de Fabricantes de Gases Industriales y Medicinales (AFGIM).

Según la defensa, a raíz de ese "hallazgo casual", el juzgado de instrucción número 2 de Tarragona y los Mossos iniciaron una investigación "prospectiva", que se mantuvo en secreto desde 2018 y que ha culminado con la imputación de Montoro y su equipo en Hacienda por supuestamente favorecer a empresas gasistas -se investiga también si de otros sectores- modificando leyes para beneficiarlas, a cambio de dinero.

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