El recurso de amparo que acaba de presentar el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán en el Tribunal Constitucional ha recaído por reparto en el magistrado conservador José María Macías, según confirman fuentes del órgano a El Independiente. El político pide como medida cautelar que se anule su entrada en prisión provisional por parte del Tribunal Supremo porque se están vulnerando varios de sus derechos como el de libertad y el de defensa. Sobre cuándo podrá resolverse este asunto, las voces preguntadas señalan que no será antes de septiembre.

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La defensa de Cerdán llevó ayer al Constitucional su pugna con el alto tribunal al que acusa de haber encarcelado al político como una especie de medida de coacción para que confiese delitos de corrupción que niega haber cometido y señala a los magistrados por no haber justificado cuál es exactamente el riesgo de destrucción de pruebas que le achacan.

De esta manera, los letrados Benet Salellas y Jacobo Teijelo intentan salvar el último cartucho para sacar a Cerdán del centro de Soto del Real (Madrid) donde se encuentra desde el pasado 30 de junio, después de que la Sala de Apelación que formaban tres magistrados distintos al instructor del caso no les diera la razón.

La ponencia de este recurso de amparo ha tocado por reparto a Macías, el último magistrado en entrar en el Constitucional, elegido por el PP tras su paso por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Las fuentes consultadas explican que, al tratarse de un recurso en el que no se piden medidas cautelarísimas ( que son más urgentes que las cautelares), el recorrido normal es esperar a septiembre para resolverlo. A partir del 1 de agosto entra en el turno la Sala de Vacaciones compuesta sólo por tres magistrados de guardia y dejan de celebrarse plenos y reuniones ordinarias.

Por lo pronto, el recurso entrará en el análisis de los letrados que trabajan codo con codo con los miembros del órgano, en este caso con los que trabajan con Macías y a la vuelta del mes de agosto, los magistrados de la Sección Segunda --formada también por el conservador Ricardo Enríquez y el progresista y exministro de Justicia Juan Carlos Campo-- decidirán si dan trámite o no a este amparo. Antes, habrá que escuchar al fiscal que, salvo sorpresa mayúscula, previsiblemente se alineará con la postura seguida por la Fiscalía Anticorrupción, que ha sido la de mantener la prisión provisional.

Dentro del tribunal no se manifiestan sobre el fondo de la cuestión, pues aún no han procedido ni a un somero estudio, pero voces con conocimiento del derecho constitucional detallan lo complicado que es que este recurso salga adelante con éxito. "El Constitucional no es una tercera instancia, en este caso una segunda [después del Tribunal Supremo]. No tiene que entrar a valorar si se cumplen o no los fines de la prisión provisional", refleja una fuente. "El Tribunal no es un juzgado de guardia", dice otra voz.

Los abogados de Cerdán insisten en que el juez instructor Leopoldo Puente no ha argumentado "debidamente la concurrencia de ningún riesgo de alteración o destrucción de pruebas". Que ese riesgo es "hipotético y ficticio" y que "la doctrina científica y también el texto legal han establecido de manera clara que es necesario que exista una concreción sólida sobre esta concreta finalidad y que por tanto el riesgo de destrucción u ocultación de pruebas debe siempre basarse en sospechas fundadas y concretas".

A su juicio, ni el instructor ni la Sala de Apleación, que también ha revisado la prisión provisional, ha explicado por qué cree que Cerdán puede igualmente manipular o influir testigos. El papel predonimante que se le presupone en la trama corrupta también lo niegan: "Un supuesto papel directivo inferido únicamente por un análisis subjetivo en relación a unos audios que a fecha de hoy no conocemos ni su veracidad, ni el soporte de los mismos, ni quién los grabó y por qué motivo y que han sido convenientemente editados y filtrados a los medios de comunicación".

Argumentan, además, la indudable relevancia del asunto y la trascendencia constitucional para que los magistrados entren a valorar el asunto. Algunas de las voces consultadas, en cambio, señalan que no se puede confundir "relevancia mediática" con "trascendencia constitucional" porque el Constitucional ha revisado ya cientos de casos de prisiones provisionales como este y es holgada la doctrina que existe al respecto.

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