La acusación que ejercen PSOE y Más Madrid solicita cinco años de cárcel para Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, en la causa sobre un supuesto fraude fiscal cometido en 2020 y 2021, añadiendo dos nuevos delitos a los ya investigados por la jueza Inmaculada Iglesias.

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Así consta en las conclusiones provisionales, a las que ha tenido acceso Europa Press, en las que se pide juzgar al novio de Ayuso por dos delitos contra la Hacienda Pública, un delito contable, otro de falsificación y un cuarto de pertenencia a grupo criminal.

La petición se presenta en la fase intermedia del procedimiento después de que la jueza acordara la continuación de la tramitación de las diligencias por los trámites del procedimiento abreviado. Esta solicitud se suma a las peticiones de tres años y medio de prisión pedidas por la Abogacía del Estado y la Fiscalía de Madrid.

El escrito recoge que González Amador sacó provecho económico de la pandemia del Covid-19: "Gracias a las facturas giradas por Maxwell a FCS, el importe neto de la cifra de negocios de Maxwell se vio incrementada en un 551,28% en un solo año, pasando de 357.773,87 euros en 2019 a 2.330.111,85 euros en 2023".

Detalla que el acusado, después de haberse lucrado en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, "urdió un sistema de defraudación para no pagar a Hacienda los impuestos derivados de los generosos beneficios que había obtenido". "Tras dicho incremento exorbitado de los ingresos de la mercantil, Alberto Gonzalez Amador, en contra de la buena lógica contable y fiscal, ingresó en el Tesoro por el Impuesto sobre Sociedades de dicho ejercicio de 2020 una cantidad sustancialmente menor que en el ejercicio previo".

Expone que "las cifras son reveladoras: si en 2019 el acusado pagó a Hacienda el 1,92% del importe neto de su cifra de negocio, en 2020, quintuplicada esta cifra, apenas ingresó el 0,12% de dicho importe a la Hacienda Pública". En el año 2021, según el PSOE, pasado ya lo peor de la pandemia, "Maxwell no tuvo ningún ingreso ni facturó a terceros por intermediación en el suministro de material sanitario".

"Sin embargo, su facturación ordinaria también se vio incrementada, desde la que había mostrado en 2018 y 2019, gracias sobre todo a que facturó a su principal cliente, Quirón Prevención, aumentando muy significativamente las cantidades entregadas a González Amador en ejercicios previos. No se conocen con exactitud las circunstancias, personales o profesionales, a que tal incremento fue debido", agrega.

Entiende esta acusación que se han cometido dos delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a la defraudación del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2020 y 2021 de la sociedad Maxwell.

Considera además que se ha incurrido en un delito continuado contable por "haber practicado en los libros obligatorios de Maxwell anotaciones contables ficticias". También aprecia un delito continuado de falsedad en documento mercantil, "por la confección y utilización de facturas totalmente falsas".

Y añade un delito de pertenencia a grupo criminal al acreditarse "la existencia de un entramado de sociedades, dirigido por Alberto González Amador que contó con la colaboración necesaria del resto de los acusados".

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