La entrevista en La Vanguardia del imputado Santos Cerdán, ahora en prisión preventiva por el riesgo de destrucción de pruebas en el mal llamado 'caso Koldo', ha agitado las aguas de este agosto político. Gobierno y PSOE han intentado soslayar el contenido de dicha entrevista -la primera que concede en prisión- pero los populares se quedan, no tanto con lo que dice, sino con lo que calla. Tanto la vicesecretaria de Coordinación Sectorial como el de Hacienda, Alma Ezcurra y Juan Bravo, respectivamente, apuntan a la posible financiación ilegal del PSOE.

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Sin querer hacer una valoración pública de quien fue mano derecha de Pedro Sánchez en Ferraz y ahora ni siquiera militante, desde Moncloa niegan esa lectura acusando a los populares de "agarrarse a un clavo ardiendo". Aducen que tanto Cerdán como el PSOE "han negado la financiación ilegal de forma tajante". Y ante la puerta abierta que deja el navarro ante la pregunta del periodista sobre esta cuestión, se escudan en que la entrevista se hizo a través de "cuestionario", dando a entender que no hubo opción de repreguntar para aclarar los términos de esa respuesta.

Para Ezcurra "lo más relevante no es lo que dice sino lo que no dice, porque hay que tener en cuenta que ha sido incapaz de confirmar rotundamente que en el Partido Socialista no exista financiación irregular y a mí eso me parece, como mínimo, sospechoso". Esta tesis ya la había esbozado Bravo, quien en declaraciones a Antena3 señala que el ex secretario de Organización socialista Bravo, "deja entrever", la posibilidad de esa financiación ilegal. Se basa en la respuesta que el encarcelado da a esa pregunta directa respondiendo que "que yo sepa no", sin negarlo de plano.

El PP sigue apuntando a los intereses de Zapatero como responsable del contrato con Huawei

Por otro lado, el PP sigue su campaña contra los contratos de Interior con la empresa china Huawei. Ya han pedido la comparecencia de hasta cuatro ministros: Félix Bolaños (Presidencia y Justicia); José Manuel Albares (Asuntos Exteriores); Fernando Grande Marlaska (Interior) y Margarita Robles (Defensa) para que den cuenta de ese contrato de 12,3 millones de euros destinados la seguridad de las escuchas telefónicas. Y tras recordar Ezcurra que tanto la Comisión Europea como Estados Unidos han incluido a esta empresa en una lista negra por sus vínculos con el gobierno chino, ha apuntado a la mano del ex presidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero.

"El Gobierno debe dar explicaciones de dónde termina el zapaterismo y dónde comienza el Gobierno de Pedro Sánchez. No es una cuestión de amiguismo, sino de seguridad nacional. Y nos van a tener que explicar si aquello de la Alianza de las Civilizaciones no era un proyecto internacional de paz, de integración y de cultura sino una alianza del mal", en definitiva, "una enorme excusa para encubrir contratos con narcodictaduras y regímenes autoritarios para financiar el retiro dorado de zapatero a costa de la dignidad democrática", ha dicho la nueva 'número tres' popular.

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