La tensión entre el Gobierno y las autonomías del PP sigue al alza. Después de semanas marcadas por el enfrentamiento con Galicia, Extremadura y Castilla y León por los incendios y con las competencias y medios en el centro, el choque comunitario se azuza a cuenta de la próxima distribución de menores migrantes no acompañados aprobada este martes en Consejo de Ministros. El real decreto 743/2025 establece la capacidad ordinaria, es decir, la capacidad de las autonomías —unas 16.000 en total—. Se busca distribuir a 3.900 menores.

El conjunto de comunidades populares, así como el Gobierno de Emiliano García-Page en Castilla-La Mancha, se oponen a los repartos obligados tras la modificación en marzo vía decreto ley del artículo 35 de la Ley de Extranjería para destensionar territorios tensionados de forma automática con acogidas alternativas. Todos recurrieron ya al Tribunal Constitucional estos traslados forzados y ahora vuelven a marcar posiciones. Acatarán la legislación hasta que haya un pronunciamiento, pero de todas ellas, la Comunidad de Madrid y Baleares enseñan los dientes y se diferencian liderando la resistencia al Gobierno. Ello, mientras enclaves populares como Melilla o Canarias, donde comparten gobierno como socio minoritario de Fernando Clavijo, demandan esos repartos autonómicos.

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso anunció este miércoles un tercer recurso contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez que interpondrá en el Tribunal Supremo por esa obligatoriedad de los reparos. Se diferencia así del resto de presidentes populares y asienta su perfil de oposición al PSOE que viene trabajando desde 2020. El primero se dio al TC junto a otras diez comunidades tras los cambios en la Ley de Extranjería. Se consideró que se invadían las competencias regionales. Se actuó frente al Supremo particularmente contra el Decreto de desarrollo aprobado a finales de julio en Moncloa. Y ahora Ayuso vuelve a actuar en solitario, marcando el paso más ofensivo a sus compañeros de partido.

De los traslados que se acometerán desde Canarias en los próximos días, Madrid será la segunda comunidad que más reciba: 647. Le supera Andalucía con 677 y le sigue la Comunidad Valenciana en tercer lugar con 571. Todas suman aproximadamente la mitad del total. De ahí la reacción de los de Ayuso, que siguen reprochando invasión de competencias. Se denuncia, además, que el Gobierno actúa de forma arbitraria, dado que Euskadi o Cataluña no están obligados a recibir ningún menor —la Generalitat acogerá voluntariamente a 31—. Se atribuye a los pactos con los nacionalistas e independentistas. Sin embargo, desde el Ejecutivo se hace referencia a los esfuerzos previos de acogida de ambas comunidades.

Está por ver si Murcia sigue los pasos de Madrid y presenta otro recurso. De momento el Gobierno de Fernando López Miras lo estudia. Hay que destacar que el acuerdo presupuestario para este año con Vox le obliga a no recibir menores, por lo que, ante la imposibilidad de evitarlo, es más que probable que se acabe recurriendo. Además, las declaraciones recientes de la consejera de Política Social, Concha Ruiz, no dejan margen a dudas: "Se recurrirá cualquier decisión que adopte el Gobierno que sea impuesta y no consensuada".

Por Vox también se dio marcha atrás al compromiso de comprar viviendas para el alojamiento específico de menores migrantes, dado que en Murcia no hay este tipo de centros. Sí para menores españoles y extranjeros juntos. Pero el compromiso presupuestario con Vox, además, comprometió el cierre del centro de Santa Cruz. Lo que limita la capacidad. "Rectificar es de sabios", dijo la consejera ante la amenaza de Vox.

El Govern de Carlos Mazón se encuentra en la misma situación por los acuerdos con Vox, pero por ahora desde el Consell solo se ha señalado la falta de recursos económicos para cumplir con esas acogidas. Se pide más al Estado. También lo hacen Galicia y Cantabria, que hablan de "arbitrariedad" en la distribución, pero, a la espera de un pronunciamiento respecto al primer recurso, la Xunta, dijo su presidente Alfonso Rueda, "cumplirá la ley". Convergen los discursos entre los feudos populares, pero en el caso cántabro se pone en cuestión la fórmula para establecer los ratios. Se exige la parada inmediata de los traslados.

Precisamente sobre el ratio se apoya el Govern balear de Marga Prohens. El real decreto aprobado el martes contempla la contingencia migratoria extraordinaria que será activada si una comunidad triplica su capacidad alojamiento de menores. Es el caso de Canarias, lo que facilitará esos traslados forzosos fuera. Baleares quiere que se le conceda el mismo rango para no recibir a los 49 menores que se les ha asignado, aunque ni busca que salgan ninguno de los 680 menores que tutelan ahora en las islas, ni tampoco cumplen el requisito de triplicar su tope de plazas.

El Gobierno habla de la intervención de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en las comunidades que se nieguen a las acogidas

Prohens se ha opuesto desde el primer momento a más acogidas después de un verano con alta tasa de llegadas a sus costas, aseguran que la situación balear es de colapso. En lo que va de año han llegado 5.000 migrantes a sus costas, que se han distribuido en su mayoría por otros enclaves. En su caso, cuentan con un cupo de 406. No llegan ni al doble de presión y están lejos de los criterios del Gobierno. El objetivo es seguir presionando. Pero ya no se contemplan otras medidas que días atrás estaban sobre la mesa, como la suspensión cautelar de los repartos. Junto Ayuso, Prohens ha sido la más combativa. El Gobierno canario alerta de que si no se producen esos traslados una vez activada la contingencia, acudirá a la Fiscalía.

Tanto los delegados del Gobierno en Madrid como en Baleares, Francisco Martín y Alfonso Rodríguez, respectivamente, han alejado la posibilidad de que el recurso o esa petición de Prohens —por no cumplir los requisitos— prospere. Para el Govern, el Gobierno de Sánchez actúa con "matonismo". Las declaraciones de las diversas autonomías, pero especialmente desde Madrid y Palma de Mallorca, han hecho reaccionar al Gobierno central, que advierte del deber de cumplir la normativa.

De Bolaños a Torres: el Gobierno avisa de las consecuencias

El amago de rechazo de inmigrantes viene dándose desde que se aprobó el real decreto en Moncloa. Ante los posicionamientos de los distintos gobiernos, el ministro de la Presidencia, de Justicia y de Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, afirmó que los criterios de distribución de menores se han definido con "absoluta transparencia". Se establecen 32 migrantes por cada 100.000 habitantes. "Son criterios solidarios con las comunidades autónomas que tienen más presión migratoria", dijo de los enclaves populares de Ceuta, Melilla y también de Canarias especialmente.

"Las comunidades que tienen menor presión migratoria tienen que ser solidarias con las que tienen más", señaló. Más allá de las "directrices" ajenas, dijo Bolaños en referencia a Alberto Núñez Feijóo.

Quien se resista, deberá afrontar "consecuencias legales", expresó Bolaños sin detallar. Sí fue algo más claro el titular de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. Durante una entrevista en TVE, el ministro, como afirmó Bolaños, afirmó que "no me cabe en la cabeza que nadie vaya a negarse" a esas acogidas. Más allá que Bolaños, Torres advirtió de que de negarse, deberán intervenir "las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para dar cumplimiento a la legislación".

Desde el Govern de Prohens creen que se está dejando sola a Baleares. Se hace hincapié en la falta de colaboración del Gobierno y en que el peso del cuidado y la financiación para ello lo están asumiendo los consejos insulares. Prohens acusa a Torres de "matonismo" al hablar de la policía; a Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia se le afea no haber "levantado el teléfono para saber en qué situación se encuentran los centros de acogida y en qué condiciones podríamos recibir a los menores". Se apela a que debe contarse con una situación de dignidad y ello, dicen, no se cumple en Formentera. Se traslada que hay 160 menores a cargo de la administración en un entorno de 12.000 habitantes, lo que excede los criterios del Gobierno afirman.