El compromiso sigue intacto pese a las amenazas de los socios independentistas de Cataluña y las dudas con Podemos. El Gobierno volvió a insistir en el primer encuentro del Consejo de Ministros del curso, el martes, en su deseo y propósito de presentar un nuevo proyecto de Presupuestos Generales del Estado. Lo trasladó Pilar Alegría, la ministra Portavoz y titular de Educación y Deportes en una rueda de prensa posterior. El Ejecutivo sigue "con la misma voluntad y las mismas ganas", expresó. Se ahonda en las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en el balance del curso a finales de julio y de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, hace algo menos de dos semanas.

A esa reafirmación, le siguió este viernes el apoyo explícito y público de Arnaldo Otegi, líder de EH Bildu, desde San Sebastián. Ya fuentes de la formación en el Congreso de los Diputados se mostraban en disposición a facilitar el camino a Sánchez, y ahora que queda patente, el Gobierno —la suma de PSOE y Sumar— llega al momento clave para las negociaciones con 152 votos de los 176 exigidos para la mayoría absoluta. No se parte de cero con los grupos, afirmó Alegría, dado que se viene conversando con los socios sobre múltiples cuestiones desde el inicio de legislatura. Pese a todo, hay condiciones imposibles de asumir para el Ejecutivo.

En el Gobierno no hay dudas sobre la capacidad de atraer junto al apoyo de EH Bildu a partidos como el BNG, Coalición Canaria o el PNV. Pero sí hay complejidad con Junts, ERC y Podemos. Hay exigencias de estas tres formaciones, se reconoce, muy complicadas de cumplir. A ello hay que añadir la incompatibilidad de algunas exigencias desde la izquierda, especialmente en vivienda, que se topan con las reticencias de las fuerzas más conservadoras como los de Carles Puigdemont o los de Aitor Esteban que añade un plus de dificultad.

Igualmente, se va tarde en cuestiones como la presentación de la senda de estabilidad. Alegría no dio detalles, simplemente animó a ir "partido a partido".

Durante esta semana Otegi se ha dejado ver con otros aliados nacionalistas, caso de Més per Mallorca pero también con Oriol Junqueras, de ERC. También en julio lo hizo con Podemos. Sin que haya trascendido el contenido, salvo trabajar por "más construcción nacional", es más que probable que ambos mandatarios abordasen la situación presupuestaria y que el abertzale le haya dado motivos para, como él, apostar por unas nuevas cuentas estatales. Sin embargo, los republicanos siguen con sus condiciones sobre la mesa.

La factura de Junqueras y Puigdemont

La condonación de parte de la deuda —17.000 millones de euros y la aprobación de la financiación singular de Cataluña se antojan claves para ERC para . La voluntad del Gobierno es abordar el primer trámite en la reunión del Consejo de Ministros de este próximo martes. La segunda condición queda en el aire. Ni si quiera entre el propio Ejecutivo se ve capacidad parlamentaria por las dudas de Junts o de otros socios como Més Compromís. De hecho, a mediados de julio, el ministro de Política Territorial supeditó el compromiso del Gobierno a contar con "los apoyos pertinentes".

Por delante queda tratarlo en Consejo de Ministros, abordarlo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y llevar las tres reformas necesarias al Congreso para consolidarlo: la modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, la Ley de cesión de tributos y la que regula el sistema de financiación del régimen común. Àgueda Micó, de Més Compromís, no apoyará el cupo —tampoco su excompañero de filas en Sumar, de Iniciativa, Alberto Ibáñez— si con la reforma de la LOFCA no se incluye un incremento de la financiación para la Comunidad Valenciana, que es la más infrafinanciada. También hay dudas de Micó respecto a la condonación, aunque su voto no influiría si se ata al resto de socios.

El paso dado por Otegi reafirma que es uno de los socios más fieles de Sánchez esta legislatura

En el caso de Junts, sobre la financiación singular, creen que el acuerdo entre el Gobierno y la Generalitat no resuelve el déficit fiscal. La posición en estos momentos es rechazarlo. El compromiso del Gobierno es el de avanzar en esta legislación, pero no garantiza avances a Junqueras que no dependan de ellos. Al calor de la confirmación de Moncloa de presentar esas cuentas, ERC no ha matizado si le basta con que el Gobierno de esos paso o requiere las reformas para un sí. De ser la segunda condición, sería muy difícil llegar a todo antes del 31 de diciembre. Junqueras lanzó un órdago la semana pasada a Puigdemont por su posición: "No acaba de acertar".

Con todo, la postura de ERC es más pragmática que la de Junts. Los neoconvergentes alertan a Sánchez de que puede haber un otoño caliente y no garantizan ya su apoyo. Se les escapa la "prórroga", creen. En el mejor de los casos, si el Gobierno consigue el respaldo de todos los socios de toda la izquierda nacionalista, del PNV y CC, aún le serán esenciales los siete votos de Junts y los cuatro de Podemos.

¿Qué pide Puigdemont solo para sentarse a negociar? Primero que se aseguren todos los beneficios de la ley de Amnistía, tras dejar fuera el Supremo el delito de malversación que imposibilita su vuelta a España sin ser detenido. Se reclama al Gobiernos seguir presionando dentro del Consejo Europeo para la oficialidad del catalán en la UE. Pero, esencialmente, que Hacienda transfiera a la Generalitat las partidas presupuestarias pendientes que se cifran en 50.000 millones de euros. Se recuerda, asimismo, la necesidad de detallar la transferencia de las competencias de inmigración para la Generalitat pactada en marzo de este año.

"Este otoño quizá pasarán cosas que no habían pasado hasta ahora. Ya hemos dado suficiente tiempo", afirmó Puigdemont a mediados de agosto, en su reaparición tras las vacaciones durante una intervención en el Liceu Renouvier, en Prada del Conflent (Francia). Pese a la presión, el Gobierno se reafirma en las apreciaciones de principios de año, cuando se intentó sacar las cuentas de 2025. Ven esas condiciones, especialmente las partidas pendientes, como inasumibles. Esperan que la presión por un posible adelanto electoral que abra la puerta a PP y Vox amedrente a Junts para suavizar su tira y afloja.

Los Presupuestos, estrategia electoral para Podemos

Igual de inasumibles se aprecian algunas de las exigencias de Podemos puestas sobre la mesa ya a finales de 2024 para respaldar las nuevas cuentas. A sabiendas de que Sánchez sigue sin contar con apoyos, en el partido se lee la disposición del Gobierno como una estrategia para, una vez fracasado el proyecto, haya una excusa con la que llamar a un adelanto electoral. Así lo afirmó la número dos y eurodiputada de Podemos durante una entrevista el jueves en Catalunya Ràdio: "Sánchez quiere repetir la jugada de 2018".

Se refirió Irene Montero al adelanto electoral meses después de la moción de censura a Mariano Rajoy, cuando ERC no le apoyó las cuentas —obvió aspectos como la foto de Colón de la derecha, que precipitó la convocatoria por estrategia—.

"Las peores jugadas se repiten y puede tener que ver más con planificar un adelanto electoral para decir que los demás no le han votado el presupuesto", consideró Montero. Podemos no quiere negociar nada con el Gobierno. Reitera que no se sentará con nadie, simplemente pondrá por delante sus condiciones y determinará su voto en función de lo que se incorpore o no. Se aplica a las cuentas por igual. Las demandas de Podemos pivotan esencialmente en el contexto internacional y en materia de vivienda.

El compromiso de Sánchez, independientemente de si cuenta con Presupuestos, es seguir en Moncloa hasta 2027 para cumplir el mandato

Troncal para Podemos es romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel por el genocidio en Gaza. En añadido, se condena el rearme. Esta misma semana, Ione Belarra, durante la sesión de la Diputación Permanente, reprochó al Gobierno contribuir a la carrera armamentística mientras habla de medio ambiente: "Emitirá cantidades ingentes de CO2". Dos meses después de la última cumbre de la OTAN, y tras fijar a contracorriente del resto de países miembro y conseguir el sí de Sumar, Sánchez anunció que España no llegaría al 3% de PIB en gasto militar. A Podemos, en todo caso, no le vale el 2,1% fijado por el Gobierno.

Sobre vivienda, quieren que ese dinero para el rearme, 11.000 millones, vayan a mejorar las condiciones de acceso. Hay otra reclamación imposible para el Gobierno: la bajada de un 40% en el precio de los alquileres en todos los contratos nuevos o los renovados sobre el precio actual. En el caso de nuevas viviendas que salgan al mercado, los morados establecen la condición de que el precio no supere el 60% del precio fijado en el sistema estatal de referencia. Se aplicaría para municipios de más de 200.000 habitantes y para las pequeñas que hayan experimentado subidas del 35% del alquiler.

Además, Podemos busca limitar la compraventa de viviendas para poner coto a los fondos buitre: apuesta por un plazo de cuatro años desde que se compra una vivienda hasta que puede ponerse en alquiler. Estas condiciones son inamovibles dado que se sometieron a votación entre las bases en octubre de 2024 con el respaldo de casi el 90%. El Gobierno presionará a Podemos con contenido social, bajo el mantra de quedar como partido que aboga por la llegada de la derecha para intentar implementar su base desde la oposición si no acepta.

En el otro lado del tablero, el PP presiona al Gobierno para que cumpla con "el mandato constitucional" de presentar Presupuestos anuales. De hecho, en plena confrontación por los incendios o la inmigración, los populares han registrado una proposición no de ley en la que se insta —no es vinculante— a presentar el texto. Podría encontrar apoyos de Junts. El Gobierno, que se encamina a la elaboración, podría presentar la senda de estabilidad al mismo tiempo que el borrador para ahorrar tiempo y reducir la tensión por las negociaciones. El compromiso de Sánchez es, independientemente del resultado, seguir en Moncloa hasta 2027.