Septiembre comienza salpicado de citaciones judiciales que, por otro lado, es como se espera que sea lo que queda de curso político. El Gobierno está acorralado por los tribunales y, aunque el presidente, Pedro Sánchez, pueda llegar a creer que la imputación de su esposa, Begoña Gómez, el procesamiento de su hermano o el juicio del fiscal general del Estado le van a dar dolores de cabeza, algunas fuentes señalan que nada podrá compararse con lo que todavía queda por revelarse en la investigación que afecta al exdirigente del PSOE Santos Cerdán.

Empezando por lo más nuevo, al panorama judicial se ha sumado en los últimos meses estivales la figura de Leire Díez. Una exmilitante socialista con muchas raíces en el partido político por el que ha sido concejal o alto cargo de Correos. El titular del Juzgado de instrucción número 9 de Madrid, Arturo Zamarriego, la ha citado el próximo mes de noviembre, acusada de un delito de tráfico de influencias para esclarecer si durante meses estuvo ofreciendo encuentros con la Fiscalía y la Abogacía del Estado a imputados de distintas causas a cambio de información sobre investigadores (guardias civiles, fiscales...) que pudiera utilizar el Gobierno a su favor.

El juez Zamarriego ha citado también como testigos al empresario Javier Pérez Dolset --que está imputado igualmente en la Audiencia Nacional en un caso de fraude de subvenciones-- y al abogado Jacobo Teijelo. Éste ejerce parte de la defensa del exsecretario de Organización Santos Cerdán, que está en prisión provisional, y esa conexión será, precisamente, una de las claves del caso: conocer si tras la actuación de Leire Díez estuvo la coordinación de Cerdán y el apoyo del PSOE.

Algunos de los que se reunieron con ella han aseverado que así se "vendía", como una enviada del exsecretario de Organización, mientras que Díez sostiene que todo fue una investigación periodística que compondrá un libro. El último afectado en conocerse públicamente ha sido el fiscal Ignacio Stampa que puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía de Madrid. Según distintas fuentes existe una grabación sobre un encuentro que Stampa tuvo con Leire Díez en el mes de mayo que aportará nuevos indicios a la investigación. Pero el magistrado no ha querido unir a sus diligencias lo relativo a Stampa y al fiscal Anticorrupción José Grinda --quien también denunció que había sido víctima de un chantaje por parte de un supuesto enviado de la exsocialista--, así que será la Audiencia Provincial de Madrid la que resuelva este embrollo en las próximas semanas.

Este verano se ha conocido también la nueva citación de Begoña Gómez, a quien se le complica por momentos el futuro judicial. Cargaba ya desde hace más de un año los delitos de intrusismo laboral, apropiación indebida, tráfico de influencias y corrupción en los negocios, pero el titular del Juzgado de Instrucción 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha querido añadir el de malversación de caudales por la contratación de su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez.

Las ha citado a las dos con nuevos delitos los próximos 10 y 11 de septiembre, pero está por ver si el calendario llega a encajarse porque Gómez ha pedido el aplazamiento de esta declaración que sería la cuarta frente al juez Peinado. La actuación del magistrado, por su parte, está en entredicho después de que el Tribunal Supremo haya desestimado de plano su intento de imputar al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, sin una base sólida para hacerlo. El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), de hecho, ha iniciado unas diligencias para aclarar su comportamiento en el interrogatorio después de una denuncia del propio ministro.

Procesados ya están tanto el hermano de Pedro Sánchez como el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Es decir, ambos, a un paso del juicio.

Sobre el primero de los asuntos, el de David Sánchez Pérez-Castejón, la Audiencia Provincial de Badajoz debe resolver los recursos que se han interpuesto contra dicho procesamiento. Después de que el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura dejara prácticamente sin validez jurídica el aforamiento exprés que realizó Miguel Ángel Gallardo (presidente de la Diputación también imputado), ahora la magistrada está pendiente de lo que digan sus superiores sobre la instrucción para dar el siguiente paso y abrir juicio oral.

El caso de García Ortiz está un peldaño más arriba, es decir, ya la Sala de Apelación del Tribunal Supremo corroboró el procesamiento su procesamiento dejando al margen, eso sí, a la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que llevaba más de un año imputada. Ahora, el instructor del alto tribunal Ángel Luis Hurtado debe ordenar el inicio del juicio que no se agendará muy tarde debido a que ese órgano no suele celebrar juicios y, por tanto, no hay problemas de agenda.

La batalla del en el Supremo se espera difícil. García Ortiz se enfrenta a un delito de revelación de secretos por haber filtrado supuestamente información de la causa contra el novio de Ayuso, Alberto González Amador, quien está acusado de defraudar a la Hacienda pública. En la Sala de lo Penal hay tantas dudas de la contundencia de los indicios contra él que uno de los tres magistrados que revisó el caso redactó un inusual voto particular el pasado mes de julio, una acción que tiene pocos (o ningún) precedente.

Pero si en algo coinciden todas las fuentes jurídicas es que el asunto que está más caliente es el conocido como 'caso Koldo' y que afecta al exministro de Transportes José Luis Ábalos, al que fuera su asesor Koldo García y a la anterior mano derecha de Sánchez Cerdán. De momento. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil trabaja de forma paralela en varios informes que entregarán en las próximas semanas al instructor del alto tribunal Leopoldo Puente, pudiendo virar el curso político.

Según algunas voces, dicha documentación puede afectar a la actual presidenta del Congreso, Francina Armengol, y al ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres. La instrucción debe cimentar los indicios contra Ábalos y Cerdán que, por su parte, ha recurrido la prisión provisional al Tribunal Constitucional. Sobre la mesa hay distintos delitos de corrupción derivados del cobro de mordidas de obra pública mientras todos ocupaban cargos de poder.

Un respiro de la mano del Constitucional

Entre tanta cal, el Ejecutivo también puede recibir una de arena. La revisión de la Ley de Amnistía por parte del Tribunal Constitucional puede llegar antes de final de año y pondrá las bases sobre lo que va a ocurrir con el expresident catalán Carles Puigdemont, uno de sus más necesarios apoyos dentro del Congreso.

En el primer pleno tras las vacaciones está previsto que los magistrados admitan a trámite las demandas de amparo tanto de Puigdemont como de varios de los condenados por malversación durante el procés. El órgano que dirige Cándido Conde-Pumpido ya se pronunció sobre la constitucionalidad de la medida de perdón, pero no entró a valorar el delito de malversación que es mollar para decidir cómo debe aplicarlo el Tribunal Supremo.

Antes de la contestación de los recursos de amparo, eso sí, el Constitucional debe responder a la cuestión de inconstitucionalidad que presentó el alto tribunal en relación a los límites de la amnistía. Consideraba el ponente Leopoldo Puente que los independentistas habían transgredido las normas y ofrecer un tratamiento diferenciado a sus penas no concuerda con las bases de la Carta Magna. Lo cierto es que como el Tribunal ya ha avalado la constitucionalidad de la ley no es probable que ahora exista un cambio de criterio. Lo importante, entonces, estará en la interpretación de la malversación.