Salvador Illa será el primer alto cargo —también socialista— en activo que visite este martes a Carles Puigdemont desde su fuga a Bruselas el 30 de octubre de 2017, tres días después de la declaración fallida de independencia, su destitución y la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Y como anticipación a la querella de la Fiscalía General del Estado por los delitos de rebelión, sedición y malversación de caudales públicos bajo el pretexto soberanista. De alto rango también fue el encuentro de Puigdemont con la vicepresidenta, entonces tercera, Yolanda Díaz, aunque en su caso se encontraba en funciones, buscaba el apoyo de Junts a la investidura a través de la conexión del entonces exdiputado de Unidas Podemos Jaume Asens, y no lo hacía bajo la tutela de Pedro Sánchez.

Han pasado ocho años de ostracismo político para Puigdemont. En los cuatro últimos se ha empezado a reconducir esa situación, especialmente con encuentros socialistas con el presidente de los neoconvergentes. Han ido contribuyendo a lo que hoy, con el paso de Illa, supone una rehabilitación política completa de Puigdemont. Aunque han sido Desde la investidura de Sánchez se requirió reuniones periódicas con Junts en Ginebra (Suiza) para ir revisando el pacto de legislatura. Santos Cerdán ejercía de interlocutor hasta que saltó el escándalo a través del último informe de la UCO vinculándole a la trama Koldo. Fue él el protagonista de la primera reunión el 31 de octubre de 2023 para cerrar el acuerdo, en este caso, en las dependencias de Junts en el Parlamento Europeo.

Se replicó esa cita en otras ocasiones, como el 20 de septiembre de 2024. Después de encuentros con representantes de menor rango de Junts, Cerdán volvía a Ginebra para sanar el vínculo con los de Puigdemont, tras unos primeros meses duros de convivencia con varias leyes tumbadas en el Congreso, como la regulación del precio de los alquileres turísticos. Todo se saldó con una reclamación posterior e inédita, en diciembre, para que Sánchez se sometiese a una cuestión de confianza, una decisión que solo corresponde al presidente y que marcaba un precedente en el Congreso al sugerirse como proposición no de ley.

Hasta la fecha, Illa es el cargo en activo de mayor rango que se cita con Puigdemont. El president no aclara si tiene directrices de Sánchez

Con la caída política de Cerdán por sus presuntos nexos con las corruptelas que investigan tanto la Audiencia Nacional como el Tribunal Supremo, otra figura de relevancia acudió al encuentro de Puigdemont. Fue el expresidente del Gobierno, el socialista José Luis Rodríguez Zapatero, uno de los muñidores más acérrimos de Sánchez desde el plano discreto. El hombre de confianza de Sánchez, que vino a taponar tras la hemorragia de Cerdán a finales de junio, no ejerce oficialmente de nuevo interlocutor, está pendiente una designación, con todo. Aunque Junts no ve en el expresidente alguien de quien fiarse.

El papel clave de Illa con los Presupuestos en juego

El momento elegido por Illa no es baladí. En plena apertura —al menos oficial— de las negociaciones del Gobierno con los grupos parlamentarios de "la mayoría progresista" de la legislatura, y bajo la presión y las dudas que dejan los neoconvergentes sobre el trámite parlamentario. Igualmente, ante la amenaza de Puigdemont, apenas hace dos semanas, de fomentar un otoño caliente para el Gobierno, que está "en prórroga" —así le advirtió a Sánchez Junts en el Congreso el 9 de julio—.

Para los Presupuestos exigen condiciones muy complicadas de cumplir para el Gobierno, como que la amnistía sea total —el Supremo no incluyó el delito de malversación, por lo que no es aplicable a Puigdemont—, que se transfieran las competencias de inmigración a la Generalitat negociadas, y, especialmente, que se materialicen las partidas presupuestarias pendientes, valoradas en 50.000 millones de euros. Está por ver qué más se reclama para seguir brindando 'partido a partido' apoyo al Gobierno.

Según ha podido saber El Independiente, entre los planes del nuevo president de la Generalitat, desde su toma de posesión el verano pasado —coincidió con la presencia esporádica de Puigdemont en Barcelona, con mitin y huida exprés inclusive—, estaba el celebrar un encuentro con el líder de Junts. Quedaba pendiente después de los encuentros producidos hasta la fecha con los expresidentes de la Generalitat Jordi Pujol, José Montilla, Artur Mas, Quim Torra y Pere Aragonès. Más tras dos viajes a Bruselas para otros cometidos en los que no se agendó esa reunión con Puigdemont.

Con esta visita, desde el Ejecutivo central trasladan que puede haber un engrase de las relaciones para facilitar el trámite legislativo —dejando a Podemos como principal escollo por sus duras condiciones, desde la bajada del 40% de los alquileres o el cese de relaciones con Israel o la renuncia al rearme—. Pero hay prudencia. Lejos de enfocarlo con el objetivo presupuestario, desde Cataluña se apuesta por una simple normalización de relaciones.

Desde el PSC creen que toca afrontar este asunto pendiente, más después del aval de la amnistía por parte del Tribunal Constitucional. El propio Illa, además, lo enmarca dentro de la normalidad institucional. Este mismo lunes, declaró en una entrevista en Catalunya Ràdio que ese viaje responde a la intención de "enviar un mensaje de que, en democracia, el diálogo es el motor que pone en marcha el coche". "Ahora toca" esa reunión. ¿Está supervisado por Sánchez? ¿Le ha enviado para ablandar a Puigdemont en este inicio de curso? Illa, en esa entrevista, fue tajante: "He hablado con quien tenía que hablar sobre esta cuestión".

La fecha, además, coincide con la jornada en la que el Gobierno aprobará en su segunda reunión de Consejo de Ministros del curso el proyecto de ley para la condonación de parte de la deuda autonómica. Tras Andalucía, que será la más beneficiada, le sigue precisamente Cataluña. Era un compromiso pactado con ERC para el apoyo al Gobierno, que terminó apoyando en febrero verbalmente Puigdemont, aunque para los neoconvergentes es clave que sea del 100% del total para Cataluña. 73.000 millones de los 17.104 que se contemplan en esta legislación. Queda pendiente ver las posibilidades con la financiación singular de Cataluña, cuya propuesta pactada entre el Estado y la Generalitat no convence del todo a Junts.

En ese clima de presión de Junts, es importante leer entre líneas. Los neoconvergentes vienen manejando los tiempos en cada negociación con el Gobierno, precipitando anuncios para llevar el mando. El anuncio de la cita entre Illa y Puigdemont fue adelantada por fuentes del Govern a primera hora de la mañana, una forma de impedir a Junts aprovecharlo y dar la imagen de encuentro bajo coacción. En todo caso, la conversación entre ambos se guiará por la discreción. A priori, no hay programada ninguna comparecencia posterior como ocurrió con el resto de exmandatarios.

Una rehabilitación gradual

Desde la izquierda se coincide en que este paso de Illa va orientado a la "normalización democrática" con Puigdemont. Lo consideró el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, y también su compañera de espacio, la actual vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. A juicio de Maíllo la cita debería poder ser en Barcelona, con una amnistía plena. Díaz deja en el aire una posible segunda visita sumada a la de 2023, también con la reducción de la jornada laboral de fondo, al requerirse los votos de Junts. En esa "normalidad" se suscribe el PSOE desde el Gobierno.

El paso de Illa, así como las reivindicaciones desde el Gobierno para una amnistía total, supone una normalización plena de la figura política de Puigdemont. Ello a la espera de si todo terminará culminando con una reunión futura entre Sánchez y el neoconvergente. Ha habido amagos, contemplaciones de esa posibilidad durante el transcurso de lo que llevamos de legislatura, aunque desde el Ejecutivo, en esta ocasión enfrían el asunto. Para llegar a este punto, se han pasado diferentes fases.

La primera fueron los indultos a los encarcelados por el procés que venían de cumplir condena. Algo que, por la huida de Puigdemont a Waterloo, no le afectó. Le siguió la propia negociación de 'tú a tú' con Junts, normalizándolo como un actor más para la gobernabilidad de España pese a las tensiones vividas hasta el momento. Se continuó con el allanamiento de la amnistía, con la previa supresión del delito de secesión y malversación entre finales de 2022 y principios de 2023. Para terminar calificando el procés de un asunto estrictamente político: "Una crisis política que nunca tuvo que acabar en una acción judicial".

De fondo, ha influido el cambio de paradigma social en Cataluña: con un PSC en máximos, con un apoyo en urnas a los partidos independentistas menor y el sentimiento nacionalista en mínimos, por debajo del 50%. El propio Sánchez normalizó que en las últimas elecciones autonómicas Puigdemont fuese el candidato de Junts.

La derecha desdeña la cita

Con los Presupuestos como principal asunto a tratar entre Illa y Puigdemont, desde la oposición no se ha dejado escapar el momento para meter presión. En un encuentro de trabajo en Aranjuez junto a su comité de dirección, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, lanzó una propuesta, que está siendo estudiada, para que de producirse dos prórrogas de Presupuestos, sea de obligatoriedad la convocatoria de elecciones generales. Para ello se estudia la reforma de la Constitución y la ley general presupuestaria. Tiene difíciles visos de salir, en todo caso, de llegar al Congreso. Requeriría la reforma constitucional de 210 o más diputados, tres quintos de la Cámara.

Feijóo concluyó que la visita de Illa deja en evidencia que "tampoco es de fiar, que al final también miente". "Supongo que los españoles se habrán dado cuenta", añadió. "Nada de esto se hace en nombre de los españoles, ni si quiera de los que han votado al PSOE". Concluyó Feijóo que la 'conversión' "del presidente de la Generalitat en el señor Cerdán es una falta de respeto al conjunto de los catalanes y al Estado de las autonomías". Este lunes también se refirió Santiago Abascal al asunto. No sabe si esto facilita o no los Presupuestos, pero "sí es la evidencia" del "chantaje permanente al que el separatismo ha sometido a España".