Es una operación a gran escala que afectará a prácticamente todos los hogares españoles y a multitud de empresas. Sustituir los contadores analógicos de gas actuales por otros contadores ‘inteligentes’ requerirá años, además de una inversión millonaria por parte de las compañías distribuidoras. La operación está pendiente de que el Gobierno fije el marco normativo una vez que ha concluido el plazo de alegaciones a la orden ministerial que regula todo el proceso y tras el cual se deberán aprobar los detalles definitivos de todo el plan.

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Las compañías han pedido al Ejecutivo que flexibilice los plazos que propone –culminar el proceso en siete años- y que establezca mecanismos para que se puedan recuperar las importantes inversiones que el sector estima que requerirá el proceso de sustitución de contadores. En una primera estimación se habla de un coste de alrededor de 200 millones de euros.

El calendario que el Ministerio para la Transición Ecológica plantea es que los contadores inteligentes de gas estén plenamente instalados en 2032. Propone fases intermedias como que el menos una quinta parte de los 8 millones de unidades estén instaladas antes de 2028 y se alcance al menos el 50% del total en 2030.

La Asociación Española de Gas (Sedigas) recuerda que los costes de sustitución deberían contemplarse en la orden ministerial definitiva. Demandan que en ella se contemple un mecanismo específico “para su recuperación”, de modo que el proceso sea “sostenible para el sector”.  La inclusión de esta medida la consideran “imprescindible” para que el plan pueda ser asumible y esta “transición tecnológica” que consideran necesaria pueda completarse de modo adecuado.

Plazos más flexibles

También solicitan al Ejecutivo que la nueva orden establezca precios de alquiler de estos equipos, pero para todo el conjunto del parque de contadores, “más allá de los equipos de menor caudal instalados en puntos conectados a redes de baja presión y con un consumo inferior a 50.000 kWh/año”, que se corresponden en su mayoría a los hogares y que ya están regulados.

Sin embargo, contar con 8 millones de contadores inteligentes no será sencillo. Tal volumen de mecanismos es lo que aconseja, según Sedigas, establecer calendarios “flexibles” y realistas en el cumplimiento del plan de acuerdo a la “disponibilidad de equipos” e incluso de la “evolución tecnológica” que se pueda producir, así como las particularidades en cada territorio. Por el momento el suministro de todos los dispositivos requeriría de un margen temporal mayor.

La sustitución de los contadores analógicos por otros digitales supondrá un cambio profundo en el modo de contabilizar los consumos y gestionar el gas en los hogares españoles. Las nuevas terminales inteligentes permitirán realizar lecturas remotas de los consumos, de modo que no se requerirá de lecturas presenciales por parte de un operario, como hasta ahora. También se pondrá fin a los consumos estimados que en ocasiones se realizan ante la imposibilidad de llevarlos a cabo in situ.

Detectar mejor el fraude

A todo ello se suma que los contadores que se instalarán permitirán detectar mejor posibles fraudes y manipulaciones en los consumos. Además, permitirán una mayor seguridad en la gestión del gas en situaciones de riesgo, ya que los cortes de suministro se podrán llevar a cabo de manera remota. Todo ello supondrá un avance importante y permitirá optimizar la gestión de la red de gas en nuestro país.

El sector también reclama que la nueva ordenación incorpore medidas claras contra la manipulación de equipos e incluya mecanismos que disuadan las prácticas fraudulentas que en muchos casos se cometen en torno al consumo de gas.

El presidente de Sedigas, Joan Batalla, considera que este cambio será un “paso decisivo” hacia la digitalización del sector y que supondrá fundamentalmente un beneficio para los consumidores al mejorar “el control del consumo, la seguridad, la eficiencia energética y la calidad del servicio”.  

El sector considera que este proceso es una oportunidad para impulsar una cadena de valor industrial en torno al proceso de fabricación de los nuevos equipos que se instalarán en los hogares y empresas españolas.

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