La Fiscalía Europea mantiene imputado al director de Economía Digital de Red.es, Luis Prieto Cuerdo, junto a Juan Carlos Barrabés, empresario afín a la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Según ha podido confirmar El Independiente, Prieto está siendo investigado desde hace meses por la supuesta adjudicación irregular de un contrato a la consultora de Barrabés. Esta entidad pública que depende del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública, dirigido por Óscar López, no ha relevado a Prieto de sus funciones en la dirección.

PUBLICIDAD

Tal y como se puede observar en la web del organismo, Prieto continúa en este puesto, al que accedió en septiembre de 2018, tres meses después de que Pedro Sánchez llegara a La Moncloa. Anteriormente, desde 2012 había ocupado el puesto de asesor en la Dirección General de Fondos Europeos del Ministerio de Hacienda.

Aunque ha permanecido fuera del foco mediático, su nombre ya había aparecido relacionado con esta causa en noviembre de 2024, cuando el que fuera director general de Red.es entre 2018 y 2021, David Cierco, fue llamado a una Comisión de Investigación en el Senado. Allí, señaló a su antiguo compañero como el responsable de redactar los pliegos de contratación que fueron adjudicados a Barrabés. Cierco aseguró que él sólo se limitó a firmarlos cumpliendo con lo que establece la normativa. En total, la consultora de Barrabés junto a otra empresa (The Valley) que acudieron en una Unión Temporal de Empresas (UTE) a varios concursos públicos de Red.es ganaron 10,2 millones de euros en contratos.

La Fiscalía Europea lleva meses investigando la contratación del empresario aragonés, desde que solicitó al juzgado de instrucción número 41 de Madrid, dirigido por Juan Carlos Peinado, una parte de los contratos bajo la lupa por verse comprometidos fondos europeos. Fuentes de la investigación explican que esta institución, cuya sede central está en Luxemburgo, ha tomado ya declaración a varios altos cargos de Red.es.

En esos concursos públicos se incluyeron dos cartas de recomendación firmadas por la mujer de Pedro Sánchez, un elemento que acabó teniendo peso en la valoración final gracias a los criterios subjetivos de los pliegos, según indica un informe de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) --que depende del Ministerio de Hacienda-- aportado a las diligencias. Los delitos que se investigan son apropiación indebida, tráfico de influencias y prevaricación.

Según consta en dicho informe, fue Prieto el responsable de eliminar sin aparente justificación una oferta que competía con las de Barrabés por una adjudicación. En concreto, la Mesa de Contratación de Red.es decidió descalificar a la Unión Temporal de Empresas (UTE) Awakelab al considerar que el precio que ofrecía era excesivamente bajo. La mesa concedió 10 días para presentar alegaciones y, antes de que se agotara el plazo, la UTE justificó su oferta.

Sin embargo, la IGAE explica que la Mesa actuó como si dichas alegaciones nunca se hubieran presentado y siguió adelante con el concurso. Para el perito de Hacienda que realizó el extenso informe, de 303 páginas, la propuesta de exclusión "no está razonablemente fundamentada" y añade que, de no haberse efectuado, hubiera sido la UTE Awakelab en lugar de la Innova Next (Barrabés) y The Valley Digital la adjudicataria del contrato público, cuya oferta, de 2.272.463 euros más IVA, era 1.363.899 menor que la de Barrabés.

De hecho, el perito indica que el acto de exclusión de la UTE, incluso, pudo incurrir en causa de nulidad de pleno derecho porque se dictó "prescindiendo total y absolutamente" de las normas esenciales para la formación de la voluntad de los órganos colegiados.

El juez Juan Carlos Peinado también había llamado como testigos a Cierco, Prieto y otros cargos de Red.es, pero suspendió las citaciones después de que la Fiscalía Europea asumiera esta parte de la investigación. Antes de aterrizar en este organismo público, Prieto ejerció como subdirector general en tres ministerios: Hacienda, Educación e Industria.

El informe de la IGAE también apunta a que se valoraron factores que no figuraban en los pliegos, como las cartas de apoyo o acuerdos con terceros, lo que supuso una actuación "discriminatoria" frente a otros licitadores. También critican que se otorgara un 40% de la puntuación a criterios dependientes de un juicio de valor sin criterios objetivos de calidad, y que fuera la mesa de contratación —y no un comité de expertos— quien evaluara estos aspectos. El informe llega a hablar de un posible fraude de ley.

PUBLICIDAD