Se dice que un "error no forzado" en el tenis es aquel que se produce cuando, aún teniendo el control de la pelota y sin la presión del adversario, se comete un error innecesario, gratuito y prescindible. Y eso le ha pasado esta semana al PP con el aborto. El ayuntamiento de Madrid aprobó una moción promovida por Vox para obligar que los servicios sociales y sanitarios de la ciudad informen obligatoriamente a las mujeres que desean interrumpir su embarazo de un supuesto síndrome post-aborto. Aquello le debió sonar bien al alcalde, José Luis Martínez Almeida, hasta que la polémica estalló. Tal es así, que intentó matizar, dar marcha atrás e, incluso, asumir que ese supuesto síndrome no tenía aval médico ni científico.

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Génova torció el gesto, intentó limitarlo al "folleto de un ayuntamiento" aunque éste fuera el de la capital de España, donde disponen de una cómoda mayoría absoluta que les exonera de hacer seguidismo de Vox. Demasiado tarde. Moncloa ya había tomado nota. Se les ha servido en bandeja un debate muy ideológico, propio de eso que se llama la "guerra cultural" y de gran sensibilización social y que, además, no solo divide al PP sino que les permite identificarles con Vox.

La propuesta de consagrar en la Constitución el "derecho" al aborto -el término no es baladí pues obligaría a una reforma reforzada de la Carta Magna- permite al Gobierno intentar cambiar el foco del debate político para que no se pose solo en la crónica judicial, aunque el informe de la UCO conocido el viernes sobre los pagos en metálico a José Luis Ábalos y Koldo García ha sido todo un misil en la línea de flotación de Moncloa y de Ferraz.

El PP recuerda que la ley del aborto está avalada por el Constitucional

Los populares se apresuraron el viernes a rechazar una reforma constitucional para la que son indispensables. "No le vamos a ayudar en esa estrategia y por tanto el debate termina aquí. La opción de abortar ya está permitida y regulada en España, además de avalada por una sentencia firme del TC". "No dejaremos que la izquierda reabra debates ideológicos para tapar su falta de gestión y la corrupción de sus gobernantes", avisaron.

No son pocos los dirigentes populares críticos con la actuación de Almeida, al "darle una baza gratuita a Sánchez", aunque la primera reacción fuera avalar al alcalde. Así lo hizo la portavoz del PP en el Congreso, Esther Muñoz. "La información nunca es un problema", arguyó. Luego el propio Almeida reculó, negando su entorno haber recibido ningún tipo de presión desde Génova 13, y recordando los frentes que el Gobierno y el PSOE tienen abiertos con respecto a la mujer: pulseras anti-maltrato, corrupción en torno los puntos violetas, puteros, prostíbulos y novias colocadas. Y sin olvidar el escándalo de la ley del 'sí es sí' que el PSOE sólo pudo modificar con el apoyo del PP.

Dificultades entre el voto femenino

Todo ello estaba haciendo mella en el voto femenino, el principal bastión electoral para los socialistas. El debate en torno al aborto les va a volver a reconciliar con ese sector una vez las mujeres crean amenazada la posibilidad de interrumpir su embarazo. A fin de cuentas, Francia también lo ha blindado, así como algunos estados de EE.UU. después de que en 2022 el Tribunal Supremo de ese país dictaminara que el aborto no era un derecho constitucional, lo que llevó a algunos territorios a prohibirlo.

En marzo del año pasado, recuerdan en el PP, el PSOE desestimó incluir el aborto en la Carta Magna a pesar de las presiones de Sumar. En pleno debate en Francia y a pocos días de la celebración del 8-M, los magentas amagaron con llevar este asunto al Congreso de los Diputados. Pero la ministra de Igualdad, la hoy recusada Ana Redondo, puso pie en pared. "No se dan las condiciones", dijo, puesto que un cambio constitucional necesita de "consensos amplísimos", que entonces no se daban, pero ahora tampoco.

La reforma constitucional, simple o agravada, exige el voto de PSOE y PP

Nada ha cambiado. Una reforma constitucional 'simple' exige de mayoría de tres quintos de cada una de las Cámaras (210 votos en el caso del Congreso). Pero si se trata como derecho fundamental, estamos ante una reforma agravada. Exige el voto de dos tercios de cada Cámara (233 diputados) y disolución inmediata de las Cortes. Estudio del nuevo texto constitucional, que deberá ser aprobado por mayoría de dos tercios de ambas Cámaras; aprobación de la reforma por las Cortes Generales y referéndum para su ratificación. Por eso en el PP hacen un juego de palabras: "Al PP le parece lo que dice el PSOE lo que al PSOE le parecía lo que decía Sumar".

Fue en 2023 cuando Feijóo consideró cerrado este debate en el seno de su partido. No había cumplido un año de líder del PP que el asunto le volvió a estallar tras conocerse la existencia de un pacto en Castilla y León -donde gobernaban en coalición con Vox- por el cual se iba a obligar a las mujeres a escuchar el latido fetal antes de abortar o, al menos, así lo vendió el hoy defenestrado Juan García-Gallardo. Aquello nunca llegó a nada y Feijóo aprovechó para cerrar la posición del partido.

Feijoo dio por buena la ley de plazos

"En ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a una mujer durante su embarazo y ningún médico, y mucho menos un político, puede interferir" en la decisión de una mujer, dijo entonces Feijóo. Sentadas estas bases, si bien dijo que no estábamos ante un "derecho fundamental", dio por válida la actual ley de plazos, avalada además, por el Constitucional. Un debate que parecía cerrado, tanto que, ni siquiera, hubo alusión alguna a este asunto en la ponencia política del último congreso nacional del partido, celebrado a principios de julio pasado.

Pedro Sánchez aspiraba a llevarse bola de partido y set si conseguía hacer de este debate uno de los ejes de la discusión política, pero la Justicia y la UCO siguen su camino.

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