La Universidad Complutense de Madrid se ha personado en el 'caso Begoña Gómez' como perjudicado únicamente con la intención de ejercer acciones civiles si la investigación llega a juicio. El centro educativo pretende pedir una cuantía económica, pero no acusará de ningún delito a la esposa del presidente del Gobierno.

Así consta en un nuevo escrito que ha presentado el letrado de la Universidad y al que ha tenido acceso El Independiente: "Que considerando que los hechos objeto de investigación pudieran haber causado un perjudicio económico y ser lesivos para los intereses de la Universidad Complutense de Madrid, vengo a personarme en concepto de perjudicado para el ejercicio de la acción civil de reparación del daño".

Fue el propio titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, Juan Carlos Peinado, el que ofreció al centro educativo en el que Begoña Gómez co-dirigía una cátedra y dos másters que se personara si concebía algún perjuicio. El motivo lo amarraba en el hecho de que Gómez registró a su nombre el software que integraba parte de la actividad que ofrecía a las empresas y no a nombre de la propia Complutense.

Además, ella firmó los pliegos de los contratos que licitaron para este extremo. Por eso, el juez le atribuye un delito de usurpación de funciones públicas y otro de apropiación indebida y es en este marco en el que Peinado considera que la Universidad puede querer formar parte de la investigación para reclamar algún tipo de daño.

El rector de la Universidad, Joaquín Goyache, quien por cierto figuró también como investigado en esta investigación, ha considerado que el centro puede ejercer "acciones civiles de reparación del daño presuntamente causado a esta Administración universitaria" y por ello ha ordenado a la asesoría jurídica que toma las riendas de esta petición de ahora en adelante hasta que finalice la instrucción.

Goyache fue imputado, precisamente, por dirigir la Universidad en la que Gómez creó la cátedra de Transformación Social Competitiva y un máster con el mismo nombre sin que ella fuera siquiera licenciada universitaria. A él se le atribuyó un supuesto delito de tráfico de influencias, pero finalmente la Audiencia Provincial de Madrid archivó esta imputación.