Santos Cerdán, investigado por una juez por mentir en el Senado en la comisión del 'caso Koldo'

El exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán está siendo investigado por un juzgado de Madrid por un delito de falso testimonio, al haber mentido supuestamente en la Comisión de Investigación del Senado sobre el 'caso Koldo', ante la que compareció el 30 de abril de 2024.

Tal y como ha adelantado El Confidencial y ha confirmado El Independiente, la titular del Juzgado de Instrucción número 24 de Madrid, Lidia Paloma Montaño, ha acordado admitir a trámite la querella presentada en septiembre por la asociación Hazte Oír. En el auto, fechado el pasado 15 de octubre, la magistrada razona que Cerdán "habría faltado a la verdad en dicha comparecencia cuando mantuvo que no habría contactado con Koldo de 2021 a 2023 más que en dos o tres ocasiones".

Este movimiento procesal se produce diez días antes de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acuda a declarar ante esta misma comisión. Desde el estallido del 'caso Koldo', el Partido Popular, que ostenta mayoría en la Cámara Alta, ha ido llamando a comparecer a todos aquellos que directa o indirectamente hayan tenido relación con la presunta trama criminal investigada en el Tribunal Supremo.

Cerdán se encuentra en prisión provisional desde el pasado 30 de junio por su presunto "papel principal" en la trama de cobro de sobornos a cambio de obra pública que investiga el magistrado Leopoldo Puente en el alto tribunal, por la que también están imputados el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera su asesor Koldo García.

Estas comisiones están reguladas en la Constitución Española, que establece que tanto el Congreso como el Senado podrán abrir investigaciones sobre cualquier asunto de interés público. Aunque sus conclusiones no son vinculantes para los tribunales, los resultados pueden ser puestos en conocimiento de la Fiscalía. La asistencia a las mismas es obligatoria.

La juez se ha dirigido al Congreso para confirmar que Santos Cerdán no es diputado —en cuyo caso la investigación, al ser aforado, recaería en el Supremo— y que es su juzgado el competente para continuar con las pesquisas. Además, cita el informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil para sostener su tesis del falso testimonio: "Hay desviación clara entre la narración del compareciente, y la realidad material por la que fue interrogado. Esa desviación resultaría patente y manifiesta a la vista del contenido del informe elaborado por la Guardia Civil".