El Consejo General del Poder Judicial debatirá este miércoles sobre el anteproyecto de ley para regular el derecho al secreto de los periodistas. La propuesta de informe que tendrá como ponentes a la vocal progresista Lucía Avilés y a la conservadora Isabel Revuelta muestra una posición critica ante el texto elaborado por el Gobierno, al dibujar un marco de "protección más débil" del que ofrece nuestro ordenamiento jurídico.

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La propuesta de informe aprecia "insuficiencias y fallas que deberían ser necesariamente reconsideradas" por los de Pedro Sánchez antes de avanzar en la tramitación de la norma en el Congreso. Entre los elementos señalados por el órgano de gobierno de los jueces destaca que la normativa actual "ofrece un nivel más elevado de protección" que la propuesta impulsada por el Ejecutivo.

En este sentido, la propuesta que deberá ser votada este miércoles en Pleno sostiene que la redacción contemplada en el anteproyecto de ley "genera alguna ambigüedad" en varios aspectos. Por ejemplo, al disponer que, en el caso de que el testigo tenga la condición de profesional de la información, 'únicamente se le podrá interrogar en relación con los hechos que afecten a la identidad de las mismas, con las limitaciones reguladas en la citada ley orgánica'. En consecuencia, se recomienda reformular dicha disposición para evitar "dudas interpretativas sobre los contornos del derecho al secreto".

El informe elaborado por el Gabinete Técnico, avanzado por El Español y al que ha tenido acceso El Independiente, subraya que "la protección del secreto de las fuentes periodísticas es una garantía indisolublemente unida al derecho a la libertad de información. Además, este derecho está contemplado tanto en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos como del Tribunal Constitucional.

Con esta nueva redacción, el CGPJ insiste en que el legislador deja en manos del juez la tarea de identificar los derechos y bienes que justifican la restricción del derecho al secreto, en vez de regularlo con anterioridad. Por contra, el anteproyecto de ley "contiene previsiones sobre límites que entran en tensión y generan perplejidad".

El articulado de la nueva norma establece un marco de limitación del derecho al secreto profesional que hace "imprevisible" para los periodistas "saber qué fines justifican la restricción del derecho y cuáles son las reglas de prevalencia condicionada de otros derechos y bienes de relevancia constitucional". De forma que si el Gobierno saca adelante su propuesta sin incluir algunas de las recomendaciones del CGPJ, habría serios problemas a la hora de dirimir cuándo prevalece el derecho al secreto profesional o a la información por encima de otros.

Por último, el documento sostiene que el carácter abierto de varias de las cláusulas de la norma agrega "incertidumbre sobre los contornos precisos de su aplicación". "Con una redacción tan genérica, el anteproyecto parece renunciar a que la ley utilice unos términos suficientemente claros y precisos para indicar en qué condiciones y bajo qué parámetros se habilita al poder público para adoptar medidas que limiten el secreto profesional de los periodistas", concluye.

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