El exasesor ministerial Koldo García ha solicitado al juez que instruye en el Tribunal Supremo el 'caso Koldo', Leopoldo Puente, que cite como testigos a los funcionarios que elaboraron la auditoría interna del Ministerio de Transportes sobre la compra de mascarillas por el procedimiento de emergencia durante la pandemia, cuando el departamento estaba dirigido por José Luis Ábalos. También pide que declare como testigo la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera.

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Así lo recoge un escrito presentado este viernes ante el alto tribunal por su abogada, al que ha tenido acceso El Independiente. En él, sostiene que el informe ministerial "oculta" datos esenciales, "tergiversa" declaraciones y construye "una narrativa documental" carente de veracidad y rigor técnico. Koldo acusa directamente a las responsables de elaborar y firmar el informe — la exdirectora general de Organización e Inspección Belén Villar y la subdirectora general de Inspección de los Servicios Belén Roel de Lara— de realizar un documento "sesgado" y "valorativo".

La defensa del exasesor hace referencia a la declaración que Pardo de Vera prestó en la Audiencia Nacional en septiembre de 2024, cuando manifestó que, aunque podía entender la motivación del actual ministro, Óscar Puente, para ordenar la auditoría, el resultado no reflejaba lo que "es en sí misma" y calificó el documento de "bastante incompleto".

Según la letrada de Koldo, la expresidenta de Adif, ya expresó entonces su disconformidad con el contenido, el enfoque y el rigor técnico del informe, por lo que ahora solicita que ratifique esos extremos ante el Tribunal Supremo.

El pasado mes de julio, Ábalos se querelló contra el Ministerio de Transportes precisamente por la elaboración de dicha auditoría. A su juicio, ese informe "tuvo una trascendencia efectiva" en su imputación, ya que el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno lo citó en la exposición razonada que remitió al Supremo para pedir que se le investigara. En opinión del exministro, la auditoría tuvo "un propósito manifiesto: dirigir de forma deliberada la responsabilidad" hacia su persona.

Ahora, Koldo también afirma que introdujeron expresiones impropias de un análisis técnico, como "preocupante falta de control" o "improvisación en la elección del proveedor", con el objetivo de proyectar una apariencia de irregularidad. A juicio de su abogada, tales formulaciones revelan una intencionalidad incriminatoria incompatible con la neutralidad que exige una auditoría pública.

Asimismo, subraya que el informe del Ministerio contradice de forma expresa las conclusiones del Tribunal de Cuentas, que en 2022 validó la tramitación de emergencia de los contratos de mascarillas. Frente a ello, la auditoría del Ministerio sostiene que no se cumplieron todos los requisitos exigibles y cuestiona la justificación del volumen de compra, un extremo que, según la defensa, demuestra "una finalidad mediática y política más que técnica".

Además, la defensa señala que la auditoría omitió deliberadamente un cuadro técnico elaborado el 19 de marzo de 2020 con la previsión de necesidades de mascarillas, que justificaba la decisión de adquirir ocho millones de unidades. La ausencia de ese informe, junto con la supuesta tergiversación de declaraciones de altos cargos del Ministerio —como las de Javier Sánchez Fuenfría o Michaux Miranda, cuya declaración también ha sido solicitada—, configura, según Koldo, una "falsedad documental por omisión".

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