La peor catástrofe natural que ha sufrido España en las últimas décadas cumplirá un año el próximo miércoles. La DANA del 29-O provocó la muerte de 230 personas —222 en la Comunidad Valenciana, siete en Castilla-La Mancha y una en Andalucía— y evidenció las consecuencias de la falta de coordinación entre gobiernos de distinto signo político y los problemas derivados de las duplicidades administrativas. También mostró, por otro lado, la solidaridad de la ciudadanía española, que ante la inoperancia de sus dirigentes tuvo que echarse a la calle para ayudar a sus compatriotas, que en muchos casos lo perdieron todo.

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La indignación social de una población en shock, que se sintió abandonada por quienes tienen la obligación de velar por su seguridad, era latente y acabó por estallar con la visita de los reyes, acompañados por Pedro Sánchez y Carlos Mazón, a Paiporta. El presidente del Gobierno tuvo que salir escoltado, mientras que Felipe VI y Letizia se quedaron para tratar de consolar y escuchar a los vecinos, en unas imágenes que dieron la vuelta al mundo. La apariencia de cordialidad que mantenía el Ejecutivo central con la Generalitat se quebró a partir de ese momento y comenzaron los reproches, que duran hasta hoy.

La investigación judicial comenzó el 10 de marzo, cuando la juez Nuria Ruiz imputó a la exconsejera de Interior Salomé Pradas y al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, al considerar que ambos incurrieron en omisiones graves de sus funciones aquel día, especialmente durante la reunión del Cecopi (Centro de Coordinación Operativa Integrada o Centro de Coordinación de Emergencias), que contribuyeron a incrementar la magnitud de la tragedia. La alerta de protección civil a los móviles de los ciudadanos se envió a las 20:11, cuando ya se habían producido la mayor parte de las víctimas mortales.

El president Carlos Mazón quedó excluido al estar aforado ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, aunque la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Catarroja le invitó a declarar voluntariamente si así lo deseaba. No obstante, su futuro procesal no está despejado: esta semana, la Audiencia Provincial de Valencia ha abierto la puerta a que sea investigado, tras corregir una decisión de Ruiz y obligar a que la periodista que comió con Mazón aquella tarde, Maribel Vilaplana, declare como testigo, ya que considera que puede aportar información de interés en lo relativo a las conversaciones telefónicas que el popular mantuvo con Pradas.

Los jueces de la Audiencia explicaron que analizar la actuación del popular en un procedimiento penal requiere indicios de que participó de manera efectiva en la toma de decisiones o en la omisión de las mismas en el Cecopi, en particular aquellas vinculadas a las muertes. "Procede avanzar en la investigación practicando diligencias útiles y necesarias. Solo si se detectaran indicios fundados de criminalidad contra el president y el TSJ los respaldara, se podría extender el ámbito de la investigación".

El Supremo rechazó investigar a Sánchez

Por su parte, el Tribunal Supremo archivó las denuncias presentadas contra el presidente del Gobierno y seis ministros por supuesta inacción ante la DANA. En un auto cuyo ponente fue Andrés Palomo del Arco, los magistrados de la Sala de lo Penal recordaron que en el derecho penal español no existe la responsabilidad criminal por el ejercicio de un cargo público, y que las decisiones de gobierno, aun cuando puedan ser discutibles o ineficaces, no pueden constituir delito por sí mismas.

"El ejercicio del poder político —señalaron los jueces— implica la adopción de decisiones discrecionales que, en efecto, pueden generar descontento o rechazo. Pero la opción escogida por un presidente del Gobierno no puede convertirse en fuente de responsabilidad penal simplemente porque se considere que no fue la más adecuada o eficaz."

El Supremo subrayó además que una posible responsabilidad administrativa o política no implica necesariamente una responsabilidad penal. "La calificación jurídico-penal de un hecho —añadieron— no puede hacerse depender de la magnitud de la tragedia ni del desacuerdo con las decisiones adoptadas. Nuestro papel se limita a determinar si existen elementos indiciarios de un delito, y en este caso no los hay."

La reunión de emergencia

Por tanto, desde los primeros compases de la investigación, las pesquisas se centraron en la actuación del Gobierno regional, dejando a un lado la del Ejecutivo central, así como la de la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, y la del presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Ambos estuvieron presentes en la reunión del Cecopi.

La juez ha negado sistemáticamente la imputación de ambos, solicitada por varias acusaciones populares y también por Argüeso. Considera que él y Pradas contaban con información suficiente para haber alertado a la población antes de la riada, lo que, según su tesis, pudo evitar muchas de las muertes que se produjeron aquella tarde. Ruiz no avala la existencia de un "apagón informativo" ni comparte que la responsabilidad traspase las fronteras de la Generalitat, ni hacia la Administración del Estado ni hacia la local.

Su argumento jurídico se basa en que el Estatuto de Autonomía otorga a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de protección civil, y rechaza que la declaración de emergencia nacional —que puede solicitar la delegación del Gobierno— fuera necesaria para advertir a la población de la situación que se estaba produciendo. Como ejemplo, cita a la Universidad de Valencia, que canceló las clases un día antes de la DANA tras los avisos de la Aemet (Agencia Estatal de Meteorología).

Sobre la convocatoria de la reunión de emergencia a las 17:00, la togada lo calificó de inexplicable: "Que a las 15:30 horas se fijara que la reunión debía comenzar a las 17:00 horas es algo inexplicable, no solo por las previsiones meteorológicas de los días anteriores, sino por lo sucedido ya desde primera hora de la mañana del 29 de octubre."

La decisión de no imputar a Bernabé y Polo no ha estado exenta de polémica, sobre todo después de la declaración de la delegada, que, en línea con lo manifestado por Pradas —quien calificó la actuación de la CHJ de "negligente"—, explicó que al principio la Confederación sólo informó en el Cecopi sobre la situación en la presa de Forata, sin advertir de riesgos en otros puntos, como el barranco del Poyo, cuyo desbordamiento provocó la mayor parte de las muertes.

Bernabé aseguró que con quien más habló aquel día fue con Polo, y que por su parte no recibió "datos concretos" sobre la pluviometría ni sobre el caudal de los ríos. Lo cierto es que, de la situación en el barranco del Poyo, tal y como ha quedado acreditado durante la investigación, la CHJ avisó mediante dos correos electrónicos: uno a las 16:13, en el que indicaba que el caudal del barranco se encontraba en descenso, y otro a las 18:43, en el que alertaba del desbordamiento del mismo.

Sin embargo, la magistrada esgrimió en un escrito que "más allá" de los correos electrónicos había que atender a la información que proporcionaba el SAIH (Sistema Automático de Información Hidrológica), cuyas notificaciones eran accesibles para el Cecopi a través de la aplicación. En este sentido, Ruiz rechazó que Pradas y Argüeso pudieran limitarse "a esperar que se les informara", cuando "datos, circunstancias, llamadas e informes estaban plenamente a su alcance".

La juez, contra el informe de la Guardia Civil

Por su parte, la Guardia Civil destacó en un informe ordenado por la magistrada la "inexistencia de avisos" por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar sobre el ascenso "exponencial" que sufrió la rambla del Poyo desde las 16:15 horas del día de la DANA, ya que no realizó "comunicación alguna" hasta las 18:43, cuando el caudal alcanzó los 1.683 metros cúbicos por segundo.

La juez criticó duramente ese informe, asegurando que era "erróneo", y lamentó que la Benemérita respaldara la tesis del mencionado "apagón informativo". También reprochó que el documento no se correspondiera con lo que ella había encargado, ya que los agentes debían limitarse a elaborar una cronología de los desbordamientos y su relación con los fallecimientos, sin incluir "ninguna valoración" de las actuaciones de los intervinientes.

Hasta tal punto ha incrementado la tensión que Ruiz llegó a denunciar una "campaña difamatoria" y un "machismo atroz" después de que el abogado de Argüeso insinuara en un escrito que el procedimiento estaba dirigido en la sombra por su marido, también juez, al que atribuía la participación en interrogatorios y resoluciones. La magistrada abrió una pieza separada para estudiar si procede sancionar al letrado, José María Bueno.

Mientras tanto, la batalla política sigue abierta. La Generalitat asegura que el Gobierno ha "inflado" las cifras de las ayudas concedidas a los colectivos afectados por la DANA. Sostienen que el Ejecutivo central dice haber movilizado más de 8.000 millones de euros, aunque de esa cantidad sólo se habrían abonado 1.054 millones, en su mayoría destinados a familias y empresas. También aseguran que parte de las cifras incluyen indemnizaciones del Consorcio de Seguros y fondos de Agroseguro, así como partidas dirigidas a ayuntamientos para obras de reparación, no directamente vinculadas a los damnificados.

Ahora, la causa se centrará en la declaración de la periodista Maribel Vilaplana, que comparecerá ante la magistrada el próximo 3 de noviembre. Como testigo, está obligada a decir la verdad. Sus palabras serán clave para el futuro procesal de un Mazón que ha rechazado dimitir y que ha depositado la responsabilidad de lo ocurrido en las agencias estatales.

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